Tres meses en el poder le bastaron al presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, para pretender "sangrar" al municipio con 693 millones 120 mil pesos en una concesión para recolectar basura durante 20 años con la empresa Tersa del Golfo S. de R.L. de C.V., misma que se ha visto envuelta en diversas irregularidades.
Incluso, la basurera ha sido señalada por presuntos actos de corrupción aparentemente para poderse beneficiar de jugosos contratos, condición que explicaría la "urgencia" de llevar a cabo el contrato por parte del alcalde de Pachuca, y por un periodo que excede en al menos 5 veces el tiempo que estaría al cargo.
Ante el rechazo de cabildo de Pachuca del proyecto de prestación de servicios para tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, Baños Rubio insiste en concluir su compromiso y por ello indicó que el tema se atenderá en otro momento y se le informará a la ciudadanía ya cuando se tenga resuelto.
Anteriormente Baños indicó que en el proyecto también se encontraba el alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, con quien pretendía construir de manera conjunta un relleno sanitario metropolitano que supuestamente cumpliera con las características de protección al medio ambiente.
Asimismo el ayuntamiento de Mineral de la Reforma anunció a finales de febrero la futura adquisición de siete camiones compactadores de basura así como la instalación de una nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
Pero los regidores de Pachuca tuvieron a bien detener su proyecto, pues además ya se habían detectado irregularidades por parte de Baños Rubio.
Porque el contrato que querían entregar a la empresa Tersa del Golfo tenía diversas irregularidades, como el hecho de querer entregar la concesión por una adjudicación directa, lo que contradice las disposiciones oficiales cuando claramente existirían empresas interesadas en prestar el servicio y con mejor capacidad para hacerlo en esta zona del país.
El contrato millonario que dañaba patrimonialmente al municipio
Y es que el documento entregado a los regidores para su aprobación, foliada bajo el número SG/PR/052/2021, establecía que ’El ‘Prestador de Servicios’ (Tersa del Golfo) se obliga a proporcionar el servicio público de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos generados por el municipio por un periodo de 20 años, con un volumen mensual de aproximadamente 11 mil 552 toneladas por mes al ‘Municipio’’.
En cuanto al costo que debía cubrir la administración municipal, detallaba que se llevaría a cabo de forma mensual con un precio de 250 pesos por tonelada más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), esto siempre y cuando se cubran las 11 mil 552 toneladas al mes, pues en caso de ser menor la cantidad a pagar será de 290 pesos más IVA, lo que significa que al menos se destinaría un monto de 2 millones 888 mil pesos al mes, es decir 34 millones 656 mil pesos anuales y 693 millones 120 pesos por dos décadas de servicio.
Asimismo el prestador de servicios’ tenía abierta la posibilidad de solicitar un ajuste de tarifa, misma que sería evaluada por el ayuntamiento siempre que contara con 30 días de antelación para poder dar su aprobación.
La empresa Técnicas Especiales de Reducción S. A. de C.V. (Tersa) pertenece al exalcalde de Ciudad Victoria Eduardo Cárdenas del Avellano, quien también es hijo del exgobernador de Tamaulipas Enrique Cárdenas González.
Pero Cárdenas del Avellano también ha saltado a la fama en Tamaulipas por incumplimientos contractuales a través de sus empresas, mismas que han afectado en diversas ocasiones el medio ambiente.
En septiembre del año pasado el gobierno de Naucalpan clausuró las obras de construcción de un tiradero municipal en la Barranca de Murciélago que estaban llevando a cabo el grupo Tersa y su filial Jebla, esto después de que se percataran que la empresa no contara con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Y es que la empresa, que ya había retirado una capa de suelo fértil, pretendía construir un relleno sanitario y una planta de tratamiento y reciclaje de cascajo y asfalto, con una inversión de 80 millones de pesos, sin haber cumplimentado la reglamentación correspondiente.
El incendio que afectó casi 3 hectáreas
En 2018 a la planta de la empresa Técnicas Especiales de Reducción de Altamira, S.A. de C.V. (TERSA) que se ubica en el kilómetro 25 de la carretera Tampico-Mante, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó la clausura temporal tras haber incumplido con la legislación ambiental vigente por un manejo inadecuado de los residuos peligrosos en sus instalaciones.
Registró un incendio en el área de almacenamiento de residuos peligrosos de tipo industrial y el patio de maniobras de la planta, lo cual generó el derrame de residuos peligrosos de tipo industrial, en una superficie estimada de 28 mil 821 metros cuadrados (casi 3 hectáreas), que afectaron el suelo natural.
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la empresa presentó, ante esta autoridad federal ambiental, el Aviso Inmediato a la que se encuentra obligada, informando que aproximadamente se involucraron 42.2 m3 de sólidos contaminados con solvente, 20.8 m3 de catalizador y 35 m3 de lotes de pintura caduca.
El 16 de marzo fue clausurada la planta, sin embargo cinco meses después la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una multa de 112 mil 840 pesos por infracciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). La planta de Tersa fue abierta y opera con regularidad.
Los primeros en ser indiciados por delitos contra la ecología
A través de su empresa International Enviroservice S.A de C.V. fueron los primeros en ser indiciados por delitos contra la ecología en los noventas - de acuerdo con la entonces PGR - por lo que el representante legal de tal empresa y de Tersa, Gerardo González González, estuvo dos años prófugo hasta el 2000 cuando el Juzgado Segundo de Distrito en Nuevo León logró dictar formal prisión a González con el beneficio de libertad bajo caución mediante el pago de 7 millones 779 mil 420 pesos.
Y es que de Cadereyta, Nuevo León transportaban sustancias tóxicas de la refinería de Pemex hacia la cementera Cruz Azul ubicada en Tula, Hidalgo para desecharlas de manera clandestina en una zona desértica de Villa de García. De acuerdo con la PGR encontraron 5 fosas excavadas con los residuos tóxicos.
