El día 14 de febrero del 2020 se cumplió un año de que Sabino Gómez Badillo denunció los hechos delictivos en perjuicio de su hijo de 7 años de edad, mismo que no ha encontrado justicia derivado de la complicidad de jueces, ministerio público, abogados e incluso funcionarios de Derechos Humanos que pretenden, en contubernio, arropar a Rosenda Sánchez Sánchez, quien aprovecha sus influencias por haber sido Secretaria de Acuerdos en diversos juzgados y poner a la justicia de su lado.
El padre del menor reveló que las autoridades en Hidalgo no han podido hacer gran cosa, toda vez que además de Rosenda, Gloria Sánchez Aguirre (abuela del menor) y Humberto Calva Pérez (padre del hijo mayor de Rosenda), habrían utilizado medios ilegales como palancas dentro de la administración pública, además de haber contado con el apoyo de los agentes del Ministerio Público Oscar Castañeda Rodríguez y Yanin Viridiana Manríquez Martínez, quienes además de no haber hecho acto de investigación alguno para esclarecer el delito, realizar valoraciones o entrevistas, realizaron prácticas dilatorias en perjuicio del menor además de desestimar pruebas sin ser ellos los jueces, pues su labor era la de, en todo caso, complementarlas.
Gómez Badillo también denunció que Rosenda Sánchez Sánchez, para evadir la justicia y no esclarecer los hechos delictivos, ha hecho uso del recurso de amparo ante la decisión del juez para tener una conversación con el menor de edad, avalada por la primera sala de magistrados del poder judicial.
Ante tales anomalías y viendo que la Procuraduría de Defensa del Menor en Hidalgo se niega a dar al menor de edad las protecciones que le confieren los artículos 122 y 123 de la lGGGA, Sabino Gómez Badillo se vio en la necesidad de denunciar los hechos ante la CNDH con María del Rosario Piedra Ibarra, además de pedir el apoyo e intervención de la cancillería de Derechos Humanos de la ONU, instituciones que están en espera de que las autoridades del Estado de Hidalgo resuelva, para que en caso de ser necesario, los asuntos sean atraídos por las autoridades federales e internacionales.
Con el apoyo de Asociaciones Civiles como Invictus, Yo te creo Pachuca, Ddser Hidalgo, Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, Red de Derechos de la Infancia en México y la Fundación de Derechos de la Infancia, además de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Senadores, el padre del menor busca el apoyo e intervención del presidente de la República así como de las embajadas de Alemania y Francia, fieles defensores de los Derechos Humanos en el mundo.
“Es que mi mamita protege al grande y desprotege al chiquito”, palabras textuales que el menor dijo a su progenitor ante la impotencia de ver que su madre y abuela prefieren engañar, amenazar e insultar al pequeño, generándoles sentimientos de culpa e indefensión ante el maltrato físico y emocional del que es víctima.
Explicó Sabino Gómez que Rosenda, por temor de que su hijo revele a su progenitor los maltratos de los que es víctima, no le permite la convivencia con el menor desde el mes de junio del 2019, situación cuyo pleito obra en los juzgados; sin embargo, valiéndose de sus influencias, el asunto familiar ha sido llevado por varios juzgados incluyendo salas de magistrados, todo esto en perjuicio de su menor hijo.
Cabe mencionar que el agresor del menor ha sido tratado psicológicamente por más de 8 años, con el uso de medicamentos antidepresivos incluso y es por sus actos violentos que ha llegado a ser expulsado de escuelas, congregaciones religiosas, siendo rechazado por parte de familiares y amigos de la misma Rosenda que le conocen.
“Los antecedentes no han sido suficientes para que Rosenda haga conciencia y vele por la integridad física y moral de su propio hijo (menor), poniéndolo en riesgo al obligarlo a convivir con su agresor, situación que ha permitido que el menor sea revictimizado y maltratado, ya que su agresor se siente protegido por sus enfermos progenitores y las autoridades que se han prestado al juego”, agregó el denunciante, de quien ya se publicó un artículo con documentos que avalan todos los señalamientos realizados que se retoman en este.
En el área familiar, Rosenda Sánchez se vio favorecida por su ex jefa, la juez Laura Grijalva Escamilla, quien según Rosenda, es su “familiar y amiga”; también está embarrada su compañera y amiga, con quien viviera en su casa de Villa de Tezontepec de Aldama, Lilian Rocío Lugo Martínez, ex secretaria de acuerdos, quienes en perjuicio del menor realizaron prácticas dilatorias para favorecer a Rosenda, ya que serían las encargadas de llevar el caso en el juzgado de Mixquiahuala de Juárez, lugar donde las tres laboraban.
Contraloría, detrás de los funcionarios que tejieron la red de corrupción
Derivado de que la misma autoridad tuvo conocimiento de toda una serie de irregularidades que derivaron en el perjuicio del menor, son investigados Rosenda Sánchez Sánchez, Yanin Viridiana Manríquez Martínez y Oscar Castañeda Rodríguez por Contraloría, la CNDHEH y la Fiscalía Anticorrupción, por los supuestos actos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia; además, Rosenda es investigada por actuación bajo conflicto de interés, desacato de la orden del juez en el área familiar y penal, así como de difamación de un juez en el área familiar.
Lo anterior, motivó al Poder Judicial del Estado Hidalgo a dar de baja a Rosenda Sánchez Sánchez como Secretaria de Acuerdos a partir del 8 de enero del 2020 aunque ella ha afirmado a sus cercanos que regresará a la administración pública en otra área porque dice ser “muy influyente”.
Afirmó que preocupados por los actos de corrupción en los que han incurrido algunos funcionarios públicos, la Procuraduría del Estado decidió, ante la negativa por parte de Oscar Castañeda Rodríguez de realizar su trabajo y tomando en cuenta que la juez de control Lilia Alamilla González considera que hay elementos suficientes para la judicialización de la carpeta de investigación, cambiar a Castañeda por Alma Delia Becerril González, agente del Ministerio Público con más de 15 años dentro de la Procuraduría y en la que recaerá el peso de la investigación para conseguir justicia obedeciendo la máxima de proteger al menor en contra de su agresor.
“Su red de complicidades y corrupción se acaba. Cabe mencionar que los magistrados de la primera y segunda sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, el juez del Juzgado Tercero Civil y Familiar de Tul,a y los jueces de control de los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes han sido imparciales, buscando que sea respetados los derechos de los niños, anteponiendo el interés superior del menor consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de los Tratados Internacionales”, expresó.
También dijo que ha sido gracias a la CNDN, a la delegada de la Sipinna Claudia Vieyra Alamilla, a algunos diputados locales y a la intervención de la Secretaría de Gobernación de Hidalgo, que después de un año el asunto es llevado de manera transparente, imparcial y justa en beneficio del menor agredido.
Por otro lado medios de comunicación locales y nacionales, esperan que Gómez Badillo de una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del caso, y posiblemente los nombre de los funcionarios que han negado la justicia a su menor hijo así como también los nombres de amigos de Rosenda Sánchez Sánchez y Humberto Calva Pérez que se han visto beneficiados por años del cargo desempeñado por la ex funcionara del poder judicial.
