El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que tomará acciones legales hacia funcionarios y exfuncionarios del organismo vinculados en un esquema de corrupción realizado en administraciones pasadas donde despojaron a decenas de miles de derechohabientes de sus viviendas mediante juicios masivos.
Durante la 133 Asamblea General Ordinaria, Romero Oropeza señaló que debido a las ’alianzas corruptas’ entre autoridades y funcionarios de administraciones anteriores, en complicidad con despachos, constructoras y otros actores, permitieron que se otorgaran múltiples créditos para una misma vivienda, ’dieron lugar a las ventas sucesivas’ de inmuebles.
También, producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y notarías, se demandó a más de 373 mil derechohabientes, quienes sin ser notificados fueron despojados de su patrimonio por medio de juicios masivos ilegales.
Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit, informó que en lo que va de su administración se han presentado 28 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y alista 3 mil 380 carpetas de investigación por ’corrupción y conflictos de interés’ en contra de desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes.
Despojaron de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes. Así lo reveló Octavio Romero Oropeza, quien se convirtió en el primer director del Infonavit en presidir una Asamblea General con derecho de voz y voto sobre las operaciones
Entre los casos de corrupción descubiertos al interior del Infonavit destaca la deuda que mantienen empresas constructoras por más de 2,000 millones de pesos.
En ese sentido, el titular de Infonavit aseguró que presentará una denuncia formal ante la FGR, en contra de al menos 160 despachos de abogados, ya que les ’quitaron’ sus casas a decenas de personas, pero además el organismo les pago para hacer esa labor que calificó como ’sucia’.
Se trata de una estrategia de juicios masivos que dio como resultado varios problemas. Por ejemplo, que los despachos legales no notificaron a los acreditados; se incluyeron a personas que no tenían problemas de pago; y se demandó a las y los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia, —principalmente en Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos.
GABSSA, BEAMBER, ECD, AGUILAR, ILS, están entre los cinco despachos que más recursos recibieron. La mayoría de ellos tienen contratos vigentes y están en proceso de ser cancelados.
El despacho que recibió el mayor monto en juicios masivos fue el Grupo de Administración de Bienes y Servicios SA. de C.V (GABSSA), representado por Bruno Payan Ortiz, y su accionista Jesús Humberto Payán Ortiz, quienes recibieron poco más de 2 mil millones, en el periodo en el que estuvo al frente de Infonavit David Penchyna (2016 - 2018), siendo el 2018 donde les otorgaron más recursos.
Fue con Penchyna que la institución pagó 17 mil 112 millones de pesos a despachos de cobranza por concepto de recuperación de vivienda.
Otros de los despachos que se vieron beneficiados en dicho periodo fue ACSER, despacho que, a través de la gestión de un dirigente sindical del Infonavit, recibió un pago de 103 mdp para desalojar de manera irregular a los trabajadores de sus viviendas.
Grupo Beamber Especialistas, S.A. DE C.V fue el segundo que recibió más contratos, siendo de 1mil 140 millones de pesos; de acuerdo con un informe de Infonavit formaron parte de la cobranza jurídica entre 2012 - 2018.
En el periodo 2014 - 2021 el Infonavit desembolsó 27 mil 723 millones de pesos en pagos a despachos de cobranza, la cantidad supera el presupuesto total ejercido en 2020 por estados como Zacatecas, Campeche o Quintana Roo.
El 89% fue destinado a través de 52 despachos judiciales o consorcios, quienes recibieron pagos que van desde los 100 millones hasta los 2,104 millones de pesos solo en este periodo.
Entre 2014 a 2021, 175 despachos y consorcios judiciales, fueron beneficiados con contratos para realizar cobranza por parte del Infonavit. 9 de cada 10 pesos pagados por el instituto por este concepto, beneficiaron a 52 despachos.
El director del Infonavit indicó además que existen que le adeudan al instituto más de 2 mil millones de pesos que entregaron vivienda de mala calidad o que no entregaron. Dijo que las constructoras hicieron “mal uso” de la Línea III de crédito para financiar dichos proyectos.
Romero Oropeza recordó el caso de la empresa Telra Realty, contratada para diseñar una plataforma de soluciones de vivienda, pero que incumplió con el contrato de 100 millones de pesos, y en lugar de ser penalizada, recibió por autorización del Consejo de Administración, una indemnización por 5 mil millones de pesos.
“Lo anterior desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo y dio paso a la utilización del Infonavit para satisfacer intereses económicos particulares al amparo del supuesto consenso entre los tres sectores que lo integran”, subrayó.
En su momento la Fiscalía General de la República indicó que fue David Penchyna quien autorizó una compensación de cinco mil millones de pesos a la empresa Telra Realty por la cancelación de un contrato de prestación de servicios.
El motivo fue la rescisión de un contrato que no gozaba de penalización alguna en sus cláusulas, pero de la que Penchyna ordenó depositarle en compensación dicha cantidad sin dilación alguna e incluso afectando a los trabajadores al tomarla de sus saldos de la Subcuenta de Vivienda.
Y es que para la FGR esta indemnización fue ilícita porque debido a que Telra Realty no contaba con capital, experiencia ni infraestructura para llevar a cabo las operaciones.Con información de PROCESO ! SIN EMBARGO ! INFOBAE! EL ECONOMISTA