Al medio día de este viernes, el exprocurador y exgobernador de Hidalgo Jesús Murillo Karam fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación y elucubración del montaje conocido como ’Verdad histórica’, mediante la cual se buscó exculpar a elementos del estado mexicano que participaron en la desaparición -y asesinato- de 43 estudiantes de Ayotzinapa junto con grupos del crimen organizado.
Tomás Zerón de Lucio, ahijado político de Osorio Chong y quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República, es buscado por el gobierno de México por casos de tortura en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, razón por la que se encuentra oculto en Israel.
Pero no serían los únicos ’hidalguenses’ que alcanzaría la justicia por el caso Ayotzinapa.
También podrían ser vinculados el exgobernador y exsecretario de gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, quien además era responsable de la Policía Federal en el momento de los trágicos sucesos; Eugenio Ímaz, quien fuera titular del CISEN en el mismo periodo, Jorge Márquez como Oficial Mayor y Damián Canales, quien fuera jefe de la División de Investigación de la Policía Federal.
Los delitos por los que se persigue a Murillo Karam
A Murillo Karam se le atribuye el ocultamiento deliberado de la verdad del caso Ayotzinapa, el uso de la institución en actos delictivos, su responsabilidad en violaciones graves a derechos humanos –incluida tortura– y el entorpecimiento de las investigaciones en beneficio de quienes desaparecieron forzosamente a los 43 estudiantes normalistas rurales.
Entre las pruebas que pesan en su contra destaca la videograbación hecha por un dron de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, donde se observa a este exfuncionario arribando al lugar en la mañana del 27 de octubre de 2014, minutos después de que 12 marinos manipularan la escena donde supuestamente fueron incinerados los cuerpos de los 43 normalistas rurales, y días antes de dar a conocer la mal llamada “verdad histórica”.
Además, la FGR investiga las cadenas de mando que actuaron antes, durante y después del gran operativo Ayotzinapa que derivó en el crimen de Estado; en especial, revisa las responsabilidades de los exsecretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y de Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Además se determinará la responsabilidad del exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco.
Este día, durante la presentación de las conclusiones preliminares de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas Rodríguez señaló que “la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad advirtió, en clara referencia al papel de la PGR, que “autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”.
Encinas señaló: “de acuerdo a la información que hemos recabado, que hemos analizado, la verdad histórica la definimos como el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder que se funda, primero, en la llamada de una persona propietaria de una tienda de abarrotes en las cercanías de Cocula e Iguala, en los interrogatorios obtenidos mediante tortura a 77 personajes que fueron liberados por ellos por un juez en Tamaulipas, en dos diligencias firmadas por una ministerio público federal que se encontraba en el mismo lugar y en la misma hora en Guerrero y en la Ciudad de México, y en la versión de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula”.
Lamentablemente, dijo el subsecretario, “esta versión no sólo derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda, sino que generó vicios y deficiencias, y se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada donde concurren: privación de la libertad, homicidio, participación e involucramiento de agentes estatales o grupo de personas que actuaron con el apoyo y consentimiento del Estado, y la negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades que llevaron a cabo la construcción de esta falsa verdad, que lo pretendía era legitimar socialmente hechos, alterándolos, y que privilegió una lógica jurídica ajena al enfoque de derechos humanos, manipulando el sistema de procuración de justicia”.
Al respecto, detalló que hay dos evidencias muy claras de ello: “son los actos de tortura cometidos, por lo menos hasta ahora acreditados a 77 personas por funcionarios públicos de distintas áreas de gobierno, y que privaron a su libertad. Esto ha quedado plenamente acreditado con las 50 horas de videos que entregó el Centro Nacional de Inteligencia de la Fiscalía. Dos de esos videos son públicos, se dieron a conocer a través de los medios de comunicación. Pero también los sobrevuelos de drones, los videos de los sobrevuelos de drones que la Secretaría de Marina entregó y pasó la intervención de autoridades en el basurero de Cocula y que ha sido ampliamente analizado por el GIEI y que fue presentado en su último informe”.
Fue el 27 de enero de 2015 cuando Murillo Karam –junto con el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal y hoy prófugo de la justicia, Tomás Zerón de Lucio– dieron a conocer la llamada verdad histórica que al paso de los años, se ha comprobado, es una mentira orquestada al más alto nivel del gobierno para garantizar impunidad a los perpetradores de este crimen de lesa humanidad.
Otros delitos de Murillo
Una vez en la cárcel, otras investigaciones le serían imputadas al exgobernador de Hidalgo.
Está el caso de malversación por 852 millones de pesos por parte de Judith Aracely Gómez Molano, representante del Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo que funge como tesorera de su Consejo Directivo, vinculada a proceso por un juez federal al acreditar la FGR su participación en los presuntos delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado, así como asociación delictuosa, todo ello como Oficial Mayor de Murillo en dicha dependencia.
Las facturas de NSO Group por el software Pegasus embarran a Eugenio Ímaz, extitular del CISEN, a Osorio Chong, extitular de Segob, a Jorge Márquez, Damián Canales, Frida Martínez, etc., así como al mismo Murillo Karam.
La nueva detención del narcotraficante Caro Quintero también podría alcanzar a Murillo Karam, quien lo dejó libre en 2013 y después la DEA ofreció 20 millones de dólares por datos para lograr su captura.Con información de Nancy Flores | CONTRALÍNEA
