Superan asesinatos de activistas a los de periodistas: señalan a grandes consorcios


Latinoamérica representó más de dos tercios de los asesinatos a activistas de los 200 registrados a nivel mundial en 2021

Superan asesinatos de activistas a los de periodistas: señalan a grandes consorcios


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Septiembre 29, 2022 07:28 hrs.
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AP › Emmanuel Ameth Noticias

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El número de homicidios a activistas ambientales y defensores de la tierra se vio incrementado en 2021 que presentó 54 asesinatos, superando así las cifras de homicidios a periodistas que en el mismo año registraron 7, de acuerdo con el grupo no gubernamental Global Witness.

México se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para los activistas ambientales y defensores de la tierra, según un sondeo global dado a conocer el miércoles. En el norte del país, el pueblo indígena yaqui aún sigue de luto por el asesinato de Tomás Rojo, un líder defensor del agua encontrado muerto en junio de 2021.

El asesinato de defensores de la tierra indígenas a menudo evoca imágenes de activistas de la Amazonia asesinados en lo profundo de la selva, y Colombia y Brasil aún representan muchas de las muertes. Pero según un informe del grupo no gubernamental Global Witness, en México hubo 54 activistas asesinados en 2021, en comparación con 33 en Colombia y 26 en Brasil. El grupo registró la muerte de 200 activistas a nivel mundial en 2021.

Latinoamérica representó más de dos tercios de esos asesinatos, con frecuencia de las personas más valientes y respetadas en sus comunidades.

En México, entre 2012 y 2019 se cometieron cerca de 500 ataques contra ambientalistas. El informe señala que 141 de los ataques estuvieron relacionados con protestas contra proyectos de generación eléctrica, seguidos de la minería, con 71 casos, de acuerdo con un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Oaxaca fue el estado más afectado por estos ataques, con 85 episodios violentos contra defensores del medio ambiente.

El reporte, citado por Insight Crime, aseguró que en 2019 se encontró a funcionarios locales, policías y elementos de la Guardia Nacional (GN) como responsables de los ataques. Sin embargo, al menos un 40% de los casos no se denunciaron.

El número de ataques denunciados ha ido en descenso: desde un pico de 107 en 2015 hasta 53 en 2017, 49 en 2018 y 39 en 2019. Los homicidios, sin embargo, han aumentado. En 2019 fueron asesinados 15 activistas, muy por encima del promedio de 10 en los siete años anteriores.

Un caso muy sonado ocurrió en febrero de 2019, cuando fue asesinado con 20 tiros Samir Flores, activista que se oponía al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto para los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala que incluye un acueducto, un gasoducto y una planta termoeléctrica. Desde entonces, el crimen ha quedado inconcluso.

Su muerte ocurrió poco antes de una consulta pública en la zona para decidir sobre la construcción de una planta termoeléctrica, que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca en una zona del estado de Michoacán amenazada por la tala clandestina que pone en peligro estos diminutos insectos, emblema de la región.

Por otra parte en el caso de Tomás Rojo, quien, según las autoridades, fue asesinado por una banda local de narcotraficantes que quería el dinero que los yaquis a veces ganan al cobrar peajes en retenes informales en las carreteras.

Entre 2010 —cuando las autoridades estatales construyeron un acueducto para desviar el agua de los yaquis para ser usada en Hermosillo, la capital estatal— y 2020, Rojo encabezó una serie de manifestaciones y actos de desobediencia civil, incluido un bloqueo intermitente de la principal carretera del estado, que se extendió por meses y ocasionó pérdidas millonarias para el comercio y la industria.

Las personas que conocían a Rojo no creen en la teoría del dinero de los peajes; dicen que fue asesinado por los poderosos intereses que se beneficiarían de los derechos de la tierra y el agua de los yaquis en el estado norteño de Sonora, que colinda con Arizona.

’Tomás demostró con capacidad que es un líder nato natural… como descendiente de guerreros’, dijo Fernando Jiménez, quien luchó junto a Rojo en un movimiento para defender el agua de la tribu después de que el gobierno construyera una represa en 2010 para desviar el agua de los yaquis hacia Hermosillo.

El cuerpo de Rojo fue encontrado parcialmente enterrado cerca de Vicam, casi tres semanas después de que desapareció. Inicialmente fue identificado por un pañuelo rojo que llevaba puesto cuando salió de su casa.

Rojo era descendiente de Tetabiate, un líder yaqui asesinado en 1901 en una batalla con el gobierno, el cual deportó a los yaquis sobrevivientes para trabajar en condiciones de esclavitud en las plantaciones de henequén en el lejano estado de Yucatán. La última batalla contra los yaquis se libró en 1927, e incluyó el uso de aviones por parte del gobierno contra combatientes armados básicamente con arcos y flechas.

En 2014, las autoridades del estado de Sonora intentaron arrestar a Rojo y a Jiménez por lo que líderes yaquis consideran cargos falsos de secuestro —que después fueron desestimados—. Rojo evitó la captura y huyó a la Ciudad de México, pero Jiménez fue encarcelado en Hermosillo. Los dos mantuvieron el movimiento vivo al hablar en idioma yaqui en llamadas telefónicas de la prisión.

’Yo allí dentro del penal era obligado hablar el español’, recuerda Jiménez. ’No querían que hablara mi lengua porque ellos querían saber… qué comentaba y querían saber con quién me comunicaba’.

Los yaquis son los propietarios legales de al menos la mitad del agua de la cuenca del río que lleva su nombre, y que han defendido durante casi cinco siglos de masacres y exterminio. Pero gran parte de su agua ha sido desviada para alimentar industrias y proyectos para plantar viñedos y aguacates en el desierto.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó el mes pasado con los yaquis por los abusos del pasado y prometió una serie de programas de infraestructura para mejorar sus vidas. Pero López Obrador se ha negado a detener el desvío de su agua, aunque el director general del distrito de riego local, Humberto Borbón, dice que es ’100% ilegal’, y los fallos judiciales han respaldado la posición de los yaquis.

Los yaquis se encuentran en el centro de una tormenta perfecta: todos codician sus tierras, desde cárteles de narcotraficantes hasta las minas de litio. Pero ellos viven en la pobreza y con frecuencia ni siquiera tienen agua corriente en sus hogares.

César Cota, un albañil y granjero que trabajó junto a Tomás Rojo, se sentó en las orillas del río Yaqui —ahora sólo un barranco seco— y relató 500 años de lucha yaqui.

Cerca de su casa, en el pueblo de Cócorit, los guerreros yaquis se enfrentaron al conquistador español Diego de Guzmán en 1533.

’Nuestros antepasados les pintaron una raya: si cruzaban esa línea iba a empezar la guerra contra ellos’, dijo Cota. ’No hemos dejado de luchar. Ahora nos tocó luchar en este tiempo de 2022, que no deberíamos estar luchando’.

Cota dijo que el río era crucial para los yaquis. Cuando fluía con regularidad, en sus orillas crecían juncos fuertes que los yaquis usaban para construir todo, desde casas hasta ataúdes.

’Es una injusticia. Es una tristeza’, dijo Cota. ’Nuestro río sin agua de donde viene nuestro nombre. Allí donde habitaban nuestros animales, nuestros astros, plantas medicinales, nuestro carrizo. Ahorita no hay; ahorita no tenemos. Es una tristeza para nosotros los yaquis que nuestro río esté muerto’. Ahora, cuando alguien fallece, los familiares deben comprar juncos para hacer su féretro.

’Que este río fluya, que llegara a desembocar en el mar (el Golfo de California), este sería el mayor triunfo que tendríamos’, manifestó Cota.

El padre de Tomás Rojo, Guillermo Rojo, de 84 años, vive en el pueblo tradicional yaqui de Pótam. En la humilde casa de la familia, casi todo —las cercas, las paredes, los techos, los petates y hasta los fogones— están hechos de juncos entretejidos. Debido al clima semidesértico, los árboles que crecen aquí son pequeños y retorcidos, así que se usan tapetes de junco reforzados con barro como paredes y superficies para cocinar.
Rojo recordó a Tomás, su hijo, como alguien ’de voluntad de hierro desde que era un niño’.

’Que no se olvidaba de dónde descendía, quién era, quiénes fueron sus abuelos. Tal vez todo eso le sembró lo de luchador social’.

La tradición de la familia es impresionante: después de que Tetabiate —abuelo de Guillermo Rojo— muriera en batalla en 1901, el gobierno mexicano vendió a los miembros sobrevivientes de su familia como esclavos.

’Cuando me han preguntando a mí de quién desciendo, yo les digo: ‘Soy descendiente de esclavos’’, manifestó.

Incluso en la actualidad, la mayoría de los yaquis de Pótam viven en casas de juncos. Sólo quienes tienen suficiente dinero para comprar y operar pequeñas bombas eléctricas tienen agua corriente.

Aunque algunos todavía cultivan los campos circundantes, la mayoría de los yaquis trabajan como jardineros, albañiles u obreros en las ciudades cercanas. Cultivan maíz y trigo sólo en unas 17 mil hectáreas (42 mil acres) porque no tienen suficiente agua para riego, a pesar de un decreto presidencial de la década de 1930 que les garantiza suficiente agua para irrigar más de tres veces esa cantidad de tierra.

Esa falta de agua amenaza la supervivencia de la cultura yaqui, cuyas danzas tradicionales de Cuaresma son representadas en estatuas por todo el estado, aun cuando el pueblo mismo y su cultura mueren.

Con poca agua, una pobreza generalizada y sin trabajo agrícola disponible, los yaquis más jóvenes han comenzado a migrar a las ciudades cercanas y a la ciudad de Nogales, en la frontera con Estados Unidos, y rara vez regresan para cumplir con sus roles en las danzas tradicionales. Los cárteles se asentaron allí porque ven el territorio yaqui como un camino lucrativo para contrabandear drogas a Estados Unidos. Y los yacimientos de litio se encuentran al norte de los yaquis y, presumiblemente, también en su territorio.

’Ya están ahí como siete concesiones de minería dentro del territorio, sin que nos hubieran consultado’, dijo Jiménez. ’Esto empezó la violencia interna aquí dentro, entre las bandas rivales. Aquí levantones y todo eso, pues conlleva uno a uno a desmejorar en la sociedad de la tribu yaqui. Los vicios se elevaron. El uso de las metanfetaminas, todo eso, pues va minando nuestra juventud’.

El padre de Rojo sacudió la cabeza y añadió: ’Si antes quisieron exterminarnos a base de fusil, ahora nos están exterminando a base del vicio’.

La violencia del narcotráfico desatada en Sonora ha costado muchas vidas yaquis. En septiembre de 2021, apenas unos meses después del asesinato de Rojo, uno de los cárteles se llevó a cinco jóvenes yaquis del pueblo de Loma de Bácum y los asesinó.

El cártel había instalado pistas de aterrizaje clandestinas en tierra yaqui para vuelos con drogas. Cuando el ejército mexicano encontró y destruyó las pistas de aterrizaje, el cártel culpó a los yaquis de haber informado a las autoridades sobre las pistas. Los yaquis dicen que eso no es cierto y que los jóvenes eran sólo víctimas inocentes.

Pero las principales quejas de los yaquis siguen sin ser atendidas por el gobierno, que ha defendido el uso del agua para la industrialización de Hermosillo, que tiene una enorme planta automotriz Ford y una industria y suburbios en rápida expansión.

Los propios yaquis no dirán quién creen que ordenó el asesinato de Tomás Rojo; viven en un estado casi sin ley donde un cártel, un político corrupto o un hombre de negocios poderoso puede ordenar un asesinato con impunidad.

’Pero es como en todos los casos, en el país o en otras partes del mundo. Siempre son los gobiernos los que someten a los líderes, a las voces más, más fuertes’.AP e INFOBAE

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