Fue en diciembre de 2019 que este medio narró un caso desgarrador cuyo expediente apuntó al delito en contra de un menor y donde fue la misma progenitora quien se valió de sus influencias y de todo tipo de argucias para que quedara impune, pues el señalado como presunto responsable también se encuentra vinculado consanguíneamente a ella.
Por dicha situación y otras cuestiones acumuladas, le fue levantada una carpeta interna por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, mismo que quedó inconcluso tras renunciar antes de que culminaran las investigaciones.
Pero Rosenda Sánchez Sánchez, quien fungió 19 años como secretaria de Acuerdos en diversos juzgados, fue ingresada nuevamente al sistema gubernamental como directora de Normatividad en la Secretaría de Movilidad y Transporte con la llegada de la 4T a Hidalgo, pues es cercana a Lyzbeth Robles Gutiérrez, con quien mantuvo una relación de amistad como consecuencia de los 14 años que se desempeñó como jueza de Primera Instancia, mismo tiempo en el que ambas coincidieron en dicha institución.
El antecedente
Rosenda mantuvo una relación sentimental con Sabino Gómez Badillo, cuyo concubinato derivó en un hijo. Al cambiarse de domicilio y negarse el padre a hacerlo por las actividades que realizaba en la capital hidalguense ingresa en 2014 una demanda por la guarda y custodia así como por pensión alimenticia para su menor.
La misma fue iniciada en los juzgados familiares de Tulancingo, donde ella misma laboraba. Por existir conflicto para el juzgador es cambiada a Mixquiahuala, donde ella también laboró, si bien el expediente también giró por los juzgados primero, segundo y tercero tanto de Tula como de Pachuca. Incluso Rosenda solicitó en 4 ocasiones que el expediente fuera a la sala dos de magistrados en donde se encontraban 3 incondicionales suyos, a saber, Hortensia Ramírez Ramírez, quien la ingresó al juzgado hace 28 años por ser su conocida del municipio de Zempoala; por Eduardo Castillo del Ángel, quien fuera su jefe en el juzgado segundo familiar en Tulancingo; y por José F. Manning Bustamante, quien fuera uno de sus catedráticos en el CENHIES.
Su influencia provocó prácticas dilatorias que se antepusieron al derecho supremo del menor pese a cubrir el padre las obligaciones que la Ley le marcaba. Aún faltaría la peor parte.
El delito encubierto
Fue en febrero de 2019 que durante una de las convivencias del padre con su menor, se percató de conductas extrañas, preguntándole de la razón de las mismas. Tras una valoración se abrió la carpeta 12 ADO 029/2019, en la cual vincularon a proceso a otro menor, mayor en 6 años que la víctima, quien también comparte lazos consanguíneos con Rosenda.
Tramposamente, Rosenda puso al mayor de los menores bajo la guarda y custodia de la abuela materna del menor, y como ella tenía la guarda y custodia de la víctima, entre madre e hija arreglaron otorgar el perdón al victimario sin que la juez tomara en cuenta la inconformidad del padre que ingresó la denuncia, mismo que la llevó por más de dos años ante los juzgados. Hubo una suspensión provisional del procedimiento y le negaran la justicia a la víctima por intermediación de Sánchez Sánchez.
Durante el proceso, el menor confesó que las agresiones persistían, yendo a realizar el padre una nueva carpeta de investigación, (16 de junio del 2019, 12-ADO-116-2019) misma que no prosperó luego de que, como respuesta, Rosenda negara convivencias y aprovechara ese tiempo para realizar supuestas valoraciones -sin la presencia del padre- para que bajo amenazas, el menor negara lo ocurrido.
La venganza
En junio del 2019, Rosenda acusa a Sabino de supuesta violencia intrafamiliar (12-2019-9397), enterándose Sabino de ello tres días antes de que fuera su juicio en el año 2021. Al no contar con elementos para presentar su defensa en ese momento, se le vinculó a proceso (causa penal 40/2021).
El Tráfico de influencias, la corrupción, el cohecho y la omisión de las autoridades del CJPDEH, de la PGJEH y del mismo TSJEH fueron del dominio público por este caso y trajeron consecuencias.
Y es que en enero de 2020, Rosenda Sánchez renunció a su puesto para evitar ser investigada por abuso de autoridad y tráfico de influencias (pesquisa que se llevaba a cabo en la Contraloría del Poder Judicial).
Al proceso se le dio carpetazo primero porque Rosenda ya no era funcionaria de dicha institución, y después porque se dijo cobijada por el gobierno de Julio Menchaca, o al menos por Lyzbeth Robles, quien se convirtiera en titular de la Semot.
Es bajo ese nuevo “empoderamiento” que condenaron a Sabino a 4 años de cárcel y a pagar 21 mil pesos como reparación del supuesto daño. Cabe señalar que la suma pretendida -a la que ya no quiso el juez acceder por vergüenza- por Rosenda era de más de 567 mil pesos.
Las irregularidades en la condena
El proceso condenatorio por violencia familiar hacia Sabino tuvo también sus irregularidades y se convirtió en un nuevo acto de injusticia contra el padre de un menor que sólo buscaba defender el derecho de su hijo, o incluso, simplemente que los abusos pararan (lleva prácticamente una década remando contra corriente y contra las instituciones impartidoras de justicia en la entidad para que el menor no continúe en dicho ambiente).
Cabe señalar que en la denuncia por violencia familiar, jamás se habló de alguna agresión física, haciendo esto Rosenda no por tocarse el corazón para no cometer otra calumnia, sino simplemente porque no tenía cómo comprobarla.
La autoridad concedió a Rosenda que Sabino le insultó, pero lo hizo sin pruebas de por medio. Sánchez Sánchez ofreció como testigos las declaraciones de Gloria Sánchez Aguirre y de Abigail Merenciana Sánchez Sánchez, madre y hermana de Rosenda, respectivamente, quienes dijeron que nunca estuvieron presentes ni tampoco escucharon agresión alguna en el tiempo en que supuestamente aconteció el hecho, pero que en cambio sí manifestaron “hacer lo que fuera” para cuidar a Rosenda; pero no fueron desestimados sus testimonios. Otro de los testigos ofrecidos, amigo de Rosenda, no pudo ampliar su declaración por haber fallecido producto de problemas de salud.
Pese a las notables discrepancias por un aleccionamiento descuidado, Sabino fue condenado simple y llanamente porque la declaración de Rosenda “es preponderante y tiene derecho a vivir una vida libre de violencia”, es decir, que debía dar su testimonio por cierto para proteger así a Rosenda de una contrademanda o bien, por una denuncia por falsedad de declaraciones.
Pero no fue el único elemento considerado para llegar a tal veredicto.
La juez consideró que por su naturaleza de hombre y por la cultura mexicana, Sabino efectivamente pudo tener la costumbre de expresarse con groserías.
Uno de los testigos de Sabino además, fue desestimado porque la juez argumentó que necesitó haber dormido en la misma cama que él -y mantenerse despierto- para ser considerado válido, pues en un minuto de descuido pudo haber ido al domicilio de Rosenda a decir groserías y regresar a la fiesta en su casa (el momento del supuesto hecho fue en la celebración del cumpleaños de Sabino, donde ninguno de los asistentes se percató de que Sabino saliera en algún momento de su domicilio).
El mismo expediente se encuentra viciado a tal grado que los abogados de Sabino hallaron “transcripciones” de conversaciones y supuestos calificativos que ninguna de las partes presentó ante la autoridad pero que terminaron por beneficiar a Rosenda.
Tras una década de enfrentarse a la corrupción y al tráfico de influencias arraigado en el sistema judicial de Hidalgo, este reportero se atrevió a preguntarle a Sabino sobre su desgaste físico, emocional, psicológico y económico, especialmente durante los últimos tres años, a lo que éste respondió que “soy objeto de estas injusticias simplemente porque atendí los ruegos de mi hijo, quien me decía ‘papito, ayúdame, mi hermano me hace cosas y me lastima …’ y de allí es que saco fuerzas”.
Ya acudió a Derechos Humanos estatal y nacional, a Sipinna e incluso tuvo audiencias con Omar Fayad y demás autoridades estatales que velan por los derechos de los niños. Desafortunadamente, bajo el nuevo mandato de Menchaca, no ha encontrado eco en la búsqueda de imparcialidad para la aplicación de justicia; es más, la misma Rosenda “asegura” que el mismo Menchaca, con base a la amistad que dice tener con el mismo cuando laboró como presidente del TSJEH, llamó a dicha institución para que se le diera carpetazo al expediente interno en su contra.
