Tal parece que sí influyeron las protestas por parte de los campesinos en el resultado de la Ley de Aguas que pretendía combatir la corrupción y resolver los problemas de acaparamiento, es decir, solamente salieron del paso sin mojarse.
Luego de un intento de aprobar la Ley en ’fast track’, la cámara baja aprobó los cambios a la ley con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, con lo que le busca generar reglas claras en la distribución del agua, pero le da facultades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de dar y quitar concesiones.
El dictamen en materia de agua que aprobó la Cámara de Diputados y envió al Senado ’no contiene ningún artículo’ que establezca una obligación o mecanismo para enfrentar el acaparamiento y la sobreexplotación, ni para garantizar el líquido para las poblaciones que sufren de marginación hídrica, alertaron las organizaciones ciudadanas Agua Para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
Académicos, investigadores y las más de 90 colectivos que las integran, señalaron que a pesar del paquete de 18 reservas presentado anoche en la Cámara de Diputados, no se le movió ’ni una coma’ y se insiste en la ’perpetuación’ de la Ley de Aguas Nacionales salinista a través de la elaboración de una ’‘Ley General de Aguas’ sin efectos exigibles’, que incumple con el mandato Constitucional de garantizar la equidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana.
Apuntaron que en el proyecto legislativo enviado este jueves al Senado, no se encuentra ’ningún artículo que obligue a la Conagua’ a desmontar el acaparamiento y la sobreexplotación.
El Fondo de Reservas del Agua, el cual reemplazará los anteriores ’Bancos del Agua’ permite la ’reasignación’ de volúmenes sin tener que reducir el sobreconcesionamiento, explicaron.
Las organizaciones acusaron que tampoco se garantiza el derecho humano al agua, ya que no se menciona ninguna obligación en cuanto al manejo de aguas nacionales y el presupuesto federal, ni a los sistemas de agua potable, en cuanto a la distribución prioritaria.
Respecto al objetivo de poner fin a la corrupción, en el dictamen no se logró ninguna reforma que pudiera ’cerrar la puerta a las prácticas de corrupción de la Conagua en el manejo de concesiones’, debido a que no se estipuló el transparentar las listas de solicitudes por cuenca y acuífero, obligando su ordenamiento por prelación y por orden de presentación, y garantizando priorizar los derechos al agua de sistemas comunitarios, pueblos indígenas y núcleos agrarios.
De igual forma, apuntaron que tampoco se incluye la obligación de la Conagua de transparentar las solicitudes aprobadas, indicando la fecha de notificación. ’Esto pondría fin a la práctica de los bufetes que obtienen concesiones y no las notifican durante años, para no tener que pagar derechos hasta encontrar quien los quiere adquirir. La reasignación, igual que la transmisión, sigue siendo considerado un ’derecho’ del concesionario, expusieron.
La Coordinadora Agua Para Todos aseguró que tampoco se transparenta el pago de derechos ni la obligación de la Conagua a caducar los volúmenes para los cuales no se han cubierto los pagos.
’La Conagua sólo está cobrando el 20 por ciento de los derechos que deben los usuarios industriales y de servicios; lo cual convierte la recaudación en una enorme oportunidad de corrupción’, recalcó.
Entre los cambios aprobados está que la entrega de concesiones estará fija a la cantidad de agua que haya y será sujeta a revisión cada dos años.
En cuanto a la herencia de concesiones, quedaría intacto y no se restringe ni tienen que recurrir a otro trámite en relación a las concesiones de agua.
Además, establece que la Conagua, o la ’Autoridad del Agua’ establecerá un fondo de reserva de aguas nacionales y que las reasignaciones de volúmenes serán resueltas en un plazo de 20 días hábiles.
Otros cambios son el aumento de sanciones por la extracción y comercio ilegal de agua, donde si la cantidad son menos de 50 mil litros, serán acreedores a tres meses de prisión y multa de 100 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que cuando la cantidad sea mayor o equivalente a 50 mil litros, se impondrá prisión de seis meses y multa de 150 a 250 UMA.
