Repunta deuda por COVID en entidades; la mayoría, de la Alianza Federalista


Durante la crisis sanitaria hicieron caso omiso para evitar endeudamientos innecesarios, ahora los gobiernos que conforman la Alianza Federalista enfrentan una deuda por encima de los demás estados

Repunta deuda por COVID en entidades; la mayoría, de la Alianza Federalista
Política
Septiembre 17, 2020 16:33 hrs.
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SIN EMBARGO › Emmanuel Ameth Noticias

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Los estados que en su momento decidieron no seguir formando parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), ahora son de los gobiernos estatales enfrentan una deuda por la contingencia sanitaria superior a las demás entidades.

Entre el primero y segundo trimestre del año, la deuda de los gobiernos estatales y sus entes públicos fue a la baja en un 0.2 por ciento real, mientras que la de los municipios y sus instituciones cayó 0.4 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior implicó una reducción de 1.4 mil millones de pesos durante el periodo, de modo que hasta junio de 2020, la deuda pública total de los gobiernos estatales y municipales sumó 596 mil 398 millones 100 mil pesos. Un saldo de financiamiento que, además, es 1.6 por ciento inferior al registrado al cierre del segundo trimestre de 2019.

Los resultados indican que las finanzas de las administraciones locales aguantaron el primer golpe de la crisis económica agravada con el COVID-19.

Sin embargo, la emergencia sanitaria metió presión al presupuesto de los gobiernos federal, estatales y municipales. Por un lado, porque el dinero que reciben las administraciones locales por parte de la Federación (gasto federalizado) tuvo un recorte de 7.8 por ciento real entre el primer y segundo trimestre del año. Y por otra parte, porque el coronavirus generó gastos perentorios que agravaron el espacio fiscal de los distintos niveles de gobierno.

Aunque las administraciones locales acordaron evitar endeudamientos innecesarios –sobre todo en gasto corriente, que es violatorio de ley– y ejercer políticas de austeridad sin menoscabo a programas sociales, y a pesar de que el Gobierno federal ofreció recursos adicionales para la atención de las poblaciones más vulnerables, e incluso, medidas de reestructuración de deuda pública a través de la banca de desarrollo social, algunas entidades federativas no pudieron evitar un mayor endeudamiento.

Las deudas de los gobiernos estatales y de los entes públicos de Yucatán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, México y Durango (en ese orden) aumentaron en un rango de 21.2 a 0.4 por ciento, entre el primer y segundo trimestre de 2020.

En el caso de los gobiernos municipales y sus instituciones, el incremento fue de 153.3 a 0.2 por ciento real, en un orden de mayor a menor grado en Aguascalientes, Nayarit, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, México, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California Sur, respectivamente.



La deuda pública no es positiva o negativa en sí misma, pero implica problemas o abusos cuando los distintos niveles de gobierno la usan para cubrir necesidades de corto plazo relacionadas con gastos corrientes (bienes y servicios que no incrementan el patrimonio). En cambio, la deuda puede impulsar el desarrollo cuando es utilizada para inversiones productivas y de gasto en capital (como la infraestructura pública, por ejemplo).

Un aspecto relevante con respecto a la deuda pública es la capacidad de pago de los gobiernos, o bien, la capacidad para respaldar el débito y sus intereses con los ingresos locales y las transferencias del Gobierno federal.

En ese sentido y de acuerdo con el Sistema de Alertas de la SHCP, la mayor parte (26) de las entidades federativas –sin considerar a Tlaxcala, cuyo Gobierno estatal no puede contratar deuda por ley– tiene un nivel de endeudamiento ’sostenible’. Sólo Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Quintana Roo tienen un grado de endeudamiento ’en observación’, por lo que por ley y a diferencia del resto de los estados, tienen restricciones para aumentar su deuda (cinco por ciento adicional con respecto a sus Ingresos de Libre Disposición).



Aunque en el último año, es decir, entre el segundo trimestre de 2019 y de 2020 el saldo de la deuda pública total de las 32 entidades federativas (incluido el financiamiento de los municipios) fue a la baja en 1.6 por ciento real, no todos los estados experimentaron una reducción de sus adeudos.

Por un lado, el endeudamiento total real (sin efectos inflacionarios) en 2019-2020 fue al alza en Yucatán (28.4 por ciento), Aguascalientes (15.3 por ciento), San Luis Potosí (14 por ciento), Tabasco (11.8 por ciento), Nayarit (11.6 por ciento), Jalisco (7.6 por ciento), Nuevo León (2.8 por ciento), Baja California (1.3 por ciento), Quintana Roo (1.2 por ciento) y Tamaulipas (0.1 por ciento).

Por otro lado, el nivel de endeudamiento como proporción de los ingresos estatales totales tuvo una variación positiva de 0.2 puntos porcentuales (pp) entre 2019 y 2020. Esto implica que, a pesar de la reducción real del endeudamiento público en la mayoría de los estados, la presión para el espacio fiscal en las administraciones locales no mejoró en todo caso, máxime considerando la caída del gasto federalizado de éste año.

La variación relativa en 2019-2020 indica que la mitad (16) de las entidades federativas tiene más presión financiera que en 2019. Entre ellas están Quintana Roo (9.5 pp), Zacatecas (6.2 pp), Yucatán (3.1 pp), Nuevo León (2.5 pp), Nayarit (2.4 pp), Jalisco (1.9 pp), Coahuila (1.8 pp), Aguascalientes (1.5 pp), San Luis Potosí (1.5 pp), Ciudad de México (1.4 pp), las Baja California y Morelos (1.0 pp cada una), así como Tabasco (0.9 pp), Campeche (0.4 pp) y México (0.3 pp).



Las cifras de la SHCP indican que, en general, la disciplina financiera en los municipios tuvo mayores impactos que a nivel estatal.

La reducción real del endeudamiento de los entes públicos (2.3 por ciento) y de los gobiernos (0.3 por ciento) municipales fue mayor a la reducción del débito de los entes públicos (0.1 por ciento) y de los gobiernos (0.2 por ciento) estatales, entre el primer y segundo semestre de 2020.

Asimismo, entre el segundo semestre de 2019 y de 2020, la reducción del endeudamiento de los entes públicos (11.9 por ciento) y de los gobiernos (7.7 por ciento) municipales fue mayor a la reducción del débito de los entes públicos (01.2 por ciento) y de los gobiernos (1.0 por ciento) estatales.

Pese a los resultados generales, entre los primeros dos trimestres de 2020, la deuda de los gobiernos municipales de Yucatán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, México y Durango tuvieron una tendencia al alza en un rango de 21.2 a 0.4 por ciento.

Algo similar ocurrió con los entes públicos municipales de Aguascalientes, Nayarit, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, México, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Baja California Sur, que tuvieron una tendencia al alza en un rango de 153.3 a 0.2 por ciento, según cada caso.

En dichos estados los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; al igual que Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, y el anfitrión de Chihuahua, Javier Corral. Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, integran la Alianza Federalista; anteriormente renunciaron a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), donde junto con los funcionarios, los mandatarios estatales establecen estrategias en materia de salud y económica para hacer frente a los efectos de la pandemia.

En el caso de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, gastó 1.6 millones de pesos en la compra de pruebas rápidas para el Covid-19 inservibles.

En el caso individual –es decir, de la deuda de cada gobierno municipal sin incluir el financiamiento de sus entes públicos– las localidades con mayor grado de endeudamiento como proporción de las participaciones federales anuales a entidades federativas y municipios (Ramo 28), mismas que de acuerdo con la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos 2020, son recursos públicos proporcionales ’a la participación de las entidades en la actividad económica y la recaudación’ federal, que sirven para ’generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio’.

El municipio de Tijuana (BCS) tuvo el mayor nivel relativo de endeudamiento, equiparable al 13.3 por ciento de los ingresos estatales por la vía del Ramo 28. A ésta localidad le siguieron Hermosillo (SON), Benito Juárez (ROO), Solidaridad (ROO), Los Cabos (BCS), Tepic (NAY), Monterrey (NLE), La Paz (BCS), Cozumel (ROO) y Mexicali (BCN) con un adeudo proporcional al Ramo 28 de 11.5, 11.1, 7.4, 6.4, 6.3, 6.2, 5.3, 4.9 y 4.8 por ciento, respectivamente.

En contraste, los municipios con menor proporción de endeudamiento al segundo trimestre de 2020 fueron los de Tenamaxtlán (JAL), Tacotalpa (TAB), Huehuetán (CHP), Benito Juárez (ZAC), Soyaniquilpan de Juárez (MEX), Tlalmanalco (MEX), San Luis del Cordero (DUR), Tuxtla Chico (CHP), Tolimán (JAL) y Lázaro Cárdenas (ROO) con un adeudo relativo inferior al 0.001 por ciento, cada uno.

La información de la SHCP también indica que hay 1 mil 823 municipios sin adeudo. Ello implica que siete de cada 10 localidades en México no cuentan con deberes por financiamiento. En la siguiente tabla usted puede consultar toda la información referida en éste texto. SIN EMBARGO


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