Existen dos formas de medir los presuntos hechos delictivos: mediante los registros administrativos proporcionados por las Procuradurías -que a su vez los informan en víctimas o número de carpetas-, o bien, preguntarle directamente a la población si ha sido víctima de algún delito, lo haya denunciado ante la autoridad o no.
De hecho la diferencia entre los dos indicadores anteriores nos muestran por ejemplo, la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones, informando la falta de la misma en la cifra negra.
Es así que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, misma que comenzó a levantarse a partir de las recomendaciones de Naciones Unidas en el tema, reveló que el año pasado ha sido el ’mejor’ que se haya registrado, pues la prevalencia delictiva, que es la tasa de víctimas de algún delito en función del número de habitantes, obtuvo su valor más bajo.
Y no es que se tratara de un año atípico, pues por lo menos desde 2018 existe una baja cuasi constante del número de víctimas por algún tipo de delito en el país, lo que quiere decir que la estrategia de seguridad implementada por la actual administración estaría funcionando adecuadamente.
Destaca también que desde 2018 se han registrado las menores tasas de incidencia delictiva en contra de las mujeres evaluadas desde 2012.
