Roberto Piña Macías
El día 17 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado el llamado Plan ’B’, esto después de que la iniciativa de reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal no prosperara. Uno de los principales objetivos de dicho plan es la reducción del presupuesto en los congresos locales y en los cabildos municipales.
En relación con los congresos locales, se propone principalmente que el presupuesto que ejerzan no exceda el 0.70% del presupuesto total de la entidad federativa y que, en caso de generarse ahorros por esta nueva disposición, el importe resultante sea destinado a inversión pública (obra pública) para los municipios.
En ese sentido, vale la pena analizar en qué puede coadyuvar el Congreso del Estado de Hidalgo a este Plan ’B’ presentado por la presidenta, considerando que en este Congreso Morena y sus aliados cuentan con mayoría simple y calificada, y por ende con el control de la Junta de Gobierno. Así, no existiría impedimento político para respaldar esta propuesta, toda vez que pertenecen al mismo movimiento.
El Congreso de Hidalgo no estaría sujeto a una reducción presupuestal, ya que su presupuesto es incluso menor al 0.70% del presupuesto estatal. A continuación, se muestran los datos del periodo 2019–2025.
Como se puede observar, el presupuesto del Congreso de Hidalgo se encuentra muy por debajo de la propuesta presidencial, por lo que las y los diputados hidalguenses pueden estar tranquilos, toda vez que no existe riesgo de reducción presupuestal.
Sin embargo, considerando que el objetivo de la propuesta presidencial es apoyar a los municipios con recursos para obra pública, vale la pena analizar con mayor profundidad cómo gastan las y los diputados del Congreso local.
Las responsabilidades de las diputadas y los diputados locales en Hidalgo se fundamentan principalmente en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, especialmente en los artículos 29, 30, 47, 48 al 56, 56 Bis y 150 al 154. De estos se desprende que, como integrantes del Congreso, tienen la obligación de legislar mediante la creación y reforma de leyes, aprobar el presupuesto y la Ley de Ingresos, fiscalizar el uso de los recursos públicos a través de la revisión de la Cuenta Pública, representar a la ciudadanía, rendir cuentas de su actuación y responder por sus actos u omisiones conforme al régimen de responsabilidades de los servidores públicos.
Como se puede observar, el principio de división de poderes se encuentra plenamente establecido en la Constitución, donde el Poder Legislativo autoriza y supervisa, pero no ejecuta gasto.
Sin embargo, en el Congreso del Estado de Hidalgo, las y los diputados ejercen directamente más del 29% del presupuesto total asignado; sí, por increíble que parezca, así sucede.
En el presupuesto del Congreso del Estado de Hidalgo se contempla la partida “399004 Desarrollo Parlamentario” y, de acuerdo con la definición del Clasificador por Objeto del Gasto para el Estado de Hidalgo, esta partida se refiere a asignaciones destinadas a cubrir gastos que se originen con motivo de gestión social, comunicación social, trabajos legislativos, operación y viáticos, entre otros gastos inherentes a sus funciones, así como acuerdos de orden social y otros gastos legislativos.
Lo relevante no es que se presupueste recurso para esta partida, sino que dicho monto se ministra de manera individual y mensual a cada una de las y los diputados del Congreso local, siendo ellos los responsables de la ejecución y comprobación del gasto conforme a lineamientos internos del propio Congreso. La asignación de los montos ministrados es acordada por consenso entre los coordinadores de los grupos legislativos.
Como se mencionó anteriormente, el presupuesto asignado a esta partida representa poco más del 29% del presupuesto total del Congreso local, de acuerdo con el promedio de los últimos siete años. Es decir, las y los diputados ejercen directamente 29 pesos de cada 100 pesos asignados al Congreso.
Con la información anterior, si se divide el promedio anual destinado a la partida 399004 “Desarrollo Parlamentario” entre los 30 diputados que integran el Congreso, resulta que cada diputado ejerce directa y anualmente aproximadamente $2,432,916.76, lo que equivale a $202,743.06 mensuales, recurso adicional a su dieta y demás prestaciones.
Este dato cobra relevancia si regresamos al origen del presente artículo: el Plan “B” de la presidenta de la República, que tiene como uno de sus principales objetivos reducir el gasto de los congresos locales para destinarlo a obra pública municipal. En el caso del Congreso del Estado de Hidalgo, no se trataría de una reducción obligatoria, pero sí existe la posibilidad de redireccionar cerca del 30% del recurso a obras públicas, si hubiera voluntad política.
En este contexto, resultaría pertinente, en tiempos donde se realizan consultas ciudadanas, informar a la población sobre la existencia de este recurso que ejercen directamente las y los diputados y, en segunda instancia, consultar a los representados de cada uno de los 18 distritos electorales si prefieren que dicho recurso sea ejercido por los diputados —facultad no expresamente establecida en la Constitución local— o que se redireccione a obra pública en sus municipios.
Asimismo, surge una interrogante relevante: si existen 18 diputados de mayoría relativa, ¿qué sucede con los recursos que ejercen las y los diputados de representación proporcional?
Al realizar un ejercicio, el monto anual asignado a los 12 diputados de representación proporcional asciende a $29,195,001.16. Si este monto se distribuye entre los 18 distritos, resulta un promedio de $1,621,944.51 por distrito, que, sumado a los $2,432,916.76 asignados individualmente, daría un total anual de $4,054,861.27 por distrito.
Si este monto se multiplica por los tres años de una legislatura, cada distrito dispondría de $12,164,583.82 en dicho periodo.
En consecuencia, si las y los diputados quisieran coadyuvar con el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum de destinar recursos a obra pública municipal, podrían redireccionar los recursos que actualmente ejercen mediante la partida “Desarrollo Parlamentario”, lo cual además contribuiría a mayor transparencia en su uso.
Como se observa, las y los diputados pueden aportar recursos para obra pública en cada uno de los municipios de los 18 distritos electorales, con montos que van desde $1,105,871.26 hasta $18,246,875.73 (en el caso de Pachuca y Mineral de la Reforma), dependiendo del distrito. Estos recursos no son menores, ya que permitirían materializar obras como redes eléctricas, agua potable, drenaje, pavimentaciones, guarniciones o rehabilitación de caminos rurales.
Finalmente, los diputados podrían optar por distribuir el total del recurso de Desarrollo Parlamentario entre los 84 municipios, resultando un monto equitativo aproximado de $2,606,696.00 por municipio.
Cualquiera de estas opciones representaría una muestra de respaldo al proyecto presidencial y una oportunidad para mejorar la percepción ciudadana sobre el quehacer legislativo en Hidalgo.
No obstante, lo anterior se antoja poco probable, casi imposible, considerando antecedentes recientes de legisladores que han simulado la comprobación del gasto, mediante la falsificación de firmas o la emisión de facturas sin sustento real. Asimismo, existen procedimientos administrativos en instancias federales contra exfuncionarios del Congreso local por irregularidades en la comprobación de estos recursos, lo que evidencia su baja transparencia y limitado impacto social.
Por ello, la opción de redireccionar estos recursos podría representar una alternativa más transparente e incluso dar origen a un nuevo mecanismo, que podría denominarse Fondo Estatal de Apoyo Legislativo para la Infraestructura de los Municipios (FELIM), el cual, con el tiempo, podría fortalecerse incorporando criterios que incentiven el buen desempeño legislativo y municipal.