Luego de que el gobierno de Donald Trump designara como terroristas a como organizaciones terroristas globales a ocho grupos del crimen organizado latinoamericanos, el Senado de la República ha recibido una iniciativa del Ejecutivo con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional. Esta propuesta busca reformar el artículo 19 de la Constitución para incluir el delito de terrorismo dentro del catálogo de delitos graves.
Además, plantea imponer penas más severas, incluyendo la prisión preventiva oficiosa, a cualquier persona, ya sea nacional o extranjera, que esté involucrada en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación ilícita de armas en el territorio nacional.
La iniciativa argumenta que es necesario fortalecer los principios históricos de México para afrontar los desafíos del presente.
En este sentido, también se propone añadir párrafos al artículo 40 de la Constitución para establecer de manera clara que México no aceptará ningún tipo de intervención extranjera que atente contra la independencia, la integridad y la soberanía de la nación. Esto incluye acciones como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
Adicionalmente, la propuesta busca dejar explícito que México rechaza cualquier intervención en la investigación y persecución de delitos que se realice sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, siempre dentro del marco de las leyes aplicables
Nuestro país privilegia la cooperación y la coordinación para el combate de actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad de la Nación y de las personas, señala el documento.
Como complemento, se propone reformar el artículo 19 constitucional para incluir el delito de terrorismo, así como para establecer que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, así como cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de la Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Las iniciativas ocurren a partir de que la administración del presidente Donald Trump designó como organizaciones terroristas globales a ocho grupos del crimen organizado latinoamericanos, incluidos el cártel de Sinaloa (que fundaron en los años 1980 Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada), el Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el del Noreste, el del Golfo (también conocido como CDG) y La nueva familia michoacana, al considerar que representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.
En términos prácticos, la inclusión de los carteles de la droga mexicanos activa una serie de herramientas legales, económicas y militares que dan pie al congelamiento de cuentas bancarias relacionadas a dichos organismos, sanciones económicas a los actores que colaboren de alguna manera con ellos, además de un impulso a las detenciones arbitrarias en nombre de la lucha contra el terrorismo.
En su reacción a la medida, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió el anuncio con cautela, mencionando que, si la razón detrás de la decisión es ahondar en la investigación en torno a los esquemas de lavado de dinero y la presencia de grupos delictivos dentro de Estados Unidos, es aceptable.
Sin embargo, la mandataria dejó entre ver un resquicio de la preocupación que cruza por el imaginario mexicano desde que Trump esbozó la idea de designar a los carteles como "terroristas": "Lo que no aceptamos es la violación a nuestra soberanía", expresó Sheinbaum en la mañana del 19 de febrero.
La designación de los cárteles del narcotráfico como equivalentes a grupos extremistas en África, Medio Oriente y Europa, prevista para entrar en vigor el 20 de febrero de 2025, no genera un sentimiento de felicidad ni de alivio ni en el Gobierno mexicano ni en la sociedad mexicana.
Existe la preocupación de que esta decisión pueda justificar una posible avanzada militar estadounidense en territorio mexicano.
Los indicios que abren paso a esta hipótesis incluyen el origen de la lista de organizaciones terroristas en 2001, cuando George W. Bush inauguró la "guerra contra el terror" y añadió a Al-Qaeda.
Trump no ha descartado la idea de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para desarticular a los cárteles, a quienes acusa de amenazar la seguridad nacional al traficar drogas como el fentanilo.Con información de LA JORNADA | FRANCE 24