Durante la gestión de Jesús Murillo Karam como Procurador, la entonces Oficial Mayor, Judith Aracely Gómez Molano, libró una acción penal en su contra por la acusación sobre la compra a sobreprecio de un avión de casi 20 millones de dólares en 2013.
El caso podría quedar impune luego de que "misteriosamente" la Fiscalía General de la República (FGR) no aportara pruebas sobre la valuación de la aeronave, documento en su posesión que les llevó a concluir que había un sobreprecio.
El magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal, Luis Pérez de la Fuente, concluyó que legalmente la FGR no pudo acreditar los elementos de la imputación debido a que carece de datos de prueba y concedió a Gómez Molano un amparo contra la vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
’De los antecedentes de la investigación expuesta por el Ministerio Público, no se desprenden datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión’, indicó Pérez de la Fuente.
De acuerdo con el magistrado el acto ilícito imputado exige precisar tanto las atribuciones del servidor público como las normas que violentó con su actuar, aspectos que no explica el juez en la vinculación a proceso contra la cercana colaboradora de Murillo Karam.
Asimismo, para Pérez de la Fuente, los datos de prueba y del hecho imputado no explican cuál fue la dinámica del contrato de adquisición de la aeronave y del arrendamiento financiero, así como cuál es la regulación que rige ese acto administrativo.
’Se considera que no basta con hacer el señalamiento genérico de que la aeronave se adquirió a sobreprecio y que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado, para de ahí concluir lo indebido de su actuar, pues ante la naturaleza del acto del que deriva, no es dable tal afirmación’, indicó el magistrado.
El caso dio inicio por una denuncia presentada el 16 de mayo de 2019 por el Director General de Servicios Aéreos de la FGR, Gabriel Hugo de la Mora Esquivas, quien denunció el sobrecosto en la compra del jet Bombardier Challenger 605, serie 5808.
El 30 de agosto de 2013, la entonces Oficial Mayor de la FGR suscribió el contrato de compra-venta con la empresa Aviation Enterprise Inc. por 19.5 millones de dólares, equivalentes a 243 millones 931 mil 350 pesos, al tipo de cambio vigente, a través de un arrendamiento financiero contratado por Banobras.
El Jet se asemeja al que la Sedena adquirió en 2014 para el General Salvador Cienfuegos, con la diferencia de que el de la PGR fue comprado mediante la empresa Aviation Enterprises.
Sin embargo, la nueva Administración de la Fiscalía acusó que su precio comercial era de 15.5 millones de dólares y que la página de internet Bluebook lo cotizaba en no más de 16 millones de dólares.
El denunciante concluyó que la dependencia pagó un sobrecosto de casi 4 millones de dólares, que equivalían en ese entonces a 37.5 millones de pesos.
La imputación también sostuvo que, para ejercer actos de dominio, el 30 de agosto de 2013 la entonces PGR suscribió un contrato de arrendamiento financiero con Banobras, con opción de compra final por parte de la Procuraduría ’afectando el presupuesto’.
La sentencia no es definitiva, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía puede presentar un recurso de revisión para tratar de revertirla, lo que eventualmente tocaría decidir a un tribunal colegiado penal. Con información de LUCES DEL SIGLO
