Este miércoles el juez Enrique Beltrán dictó auto formal prisión al general del ejército, José Rodríguez Pérez por el delito de delincuencia organizada, luego de de que considerara válidos los cargos presentados por el Ministerio Público Federal donde lo señalan como uno de los responsables en los acontecimientos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El general Rodríguez Pérez fue el comandante del Veintisiete Batallón de Infantería con sede en Iguala cuando ocurrieron los acontecimientos en los cuales policías municipales de Cocula, Iguala y Huitzuco privaron de la libertad a los normalistas la noche de 26 de septiembre de 2014 y posteriormente los entregaron a miembros del cartel de Guerreros Unidos quienes presuntamente los habrían asesinado.
En agosto pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en materia de Derechos Humanos, dio a conocer el avance de las investigaciones que realiza la Comisión Especial para el caso Iguala e indico que el general Rodríguez Pérez presuntamente estuvo involucrado en el homicidio de algunos normalistas días después de lo ocurrido el 26 de septiembre.
En 2014 Rodríguez Pérez ostentaba el grado de coronel y un año después fue ascendido a general. Con ese rango y tras conocerse que existía una orden de aprehensión en su contra se puso a disposición de las autoridades y permanece recluido en la prisión del Campo Militar no. 1.
El juez Beltrán Santes, titular del juzgado segundo de distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, también dictó formal prisión al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel, a estos por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, también relacionados con los mismos hechos.
El más reciente informe de la Comisión para la Verdad presentado el pasado 18 de agosto, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un ’crimen de Estado’ en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que personal del Ejército retuvo de manera ilegal a seis estudiantes luego del 26 de septiembre de 2014 y que un mando castrense ordenó su ejecución y desaparición seis días después.
Pocos días después de presentarse este informe, el 26 de agosto, los padres de los jóvenes aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas ’objetivas, científicas e indubitables’ de que están muertos.
El presidente López Obrador declaró el 22 de agosto que no habrá impunidad para quienes participaron en la desaparición de los estudiantes y ’aseveró que están siendo juzgados’, después de la detención del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.Con información de INFOBAE
