México enfrenta más de treinta conflictos ambientales como desertificación de los suelos, extinción de especies, contaminación del agua, conflictos socioambientales provocados por la industria extractivista, amenazas y atentados en contra de los defensores ambientales, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre los 30 conflictos más urgentes se encuentra la Presa Endhó en Tula donde por cuatro décadas los funcionarios de los gobiernos en turno desestimaron lo contaminada que está, el hedor que emite, el turbio color de sus aguas, la acumulación de basura y hasta las plagas de mosquitos. En 2019 el gobierno federal ha reconoció la magnitud de la tragedia social que se vive y anunció un plan de remediación que requiere una inversión de 22 mil millones de pesos.
La presa Endhó comenzó a recibir aguas negras desde 1975, y, por ello, comenzaron a sedimentarse productos altamente tóxicos en ella, convirtiéndola en fuente de contaminación de los mantos freáticos que alimentan los pozos de agua potable de las comunidades ribereñas.
El listado de la Semarnat comprende ’conflictos atendidos’, aunque no significa que ya hayan quedado resueltos, como en el primer caso señalado: gestión del agua de los pueblos zapotecos, en los Valles Centrales de Oaxaca, un asunto que se encuentra en la Consejería Jurídica de Presidencia desde hace más de un año.
’A lo largo y ancho del territorio nacional existen numerosos conflictos socioambientales, y muchos de ellos merecen el calificativo de urgentes. Éstos se han multiplicado y agravado en las últimas décadas bajo el modelo neoliberal. Año tras año, ciudadanos preocupados o directamente afectados han solicitado la actuación de dependencias del sector ambiental, pero muchas veces han encontrado una respuesta lenta, insuficiente o nula, ya sea por ineficiencia, negligencia o corrupción’, indicó Semarnat en respuesta a la revista Contralinea..
Asimismo, la problemática socioambiental generada por el que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el Estado de México, ’no terminó con la cancelación de su construcción en enero de 2019. Sobre el desecado Lago de Texcoco quedaron los restos de las primeras fases de la construcción, y en ellos se proyecta construir un parque ecológico. Los pobladores de la región –agrupados en el Frente en Defensa de la Tierra– continúan en pie de lucha pues no se les ha tomado en cuenta en lo referente a este parque y, en general, sobre los terrenos adquiridos en la zona’.
La Semarnat también destaca que ante las constantes sequías en Sonora, la instrumentación proyectos hidráulicos ha generado urgentes problemáticas socioambientales. Ejemplo de ello, el proyecto Sonora Sistema Integral (Sonora SI), consistente en la construcción de obras para abastecer a diversas ciudades del estado. ’A él pertenece el Acueducto Independencia, que lleva agua de la presa Plutarco Elías Calles o ’El Novillo’ a la ciudad de Hermosillo. Sin embargo, conectadas por el río Yaqui, El Novillo se alimenta a su vez de la presa Lázaro Cárdenas o ’La Angostura’. Desde 2010, la tribu yaqui se opuso al proyecto del Acueducto Independencia por temor a la escasez de agua; y exigen el cumplimiento del decreto de 1937 que los hace dueños del 50 por ciento del agua de La Angostura, es decir, 75 millones de metros cúbicos’.
La respuesta de la Semarnat incluye la problemática en Topolobampo, Sinaloa, al norte de este estado donde en una región de gran producción agrícola, ’la empresa Gas y Petroquímica de Occidente busca colocar una planta de fertilizantes (planta de amoniaco). Se trata del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome. Sus habitantes, sin embargo, han promovido siete juicios de amparo en contra de la construcción (seis de los cuales tienen suspensiones definitivas), pues consideran que es una industria muy peligrosa que afectaría la flora y fauna del territorio. Se trata, además, de un sitio Ramsar –lo que significa que es un humedal de importancia para la conservación de aves.
Los otros conflictos de atención urgente son: la Presa el Zapotillo, en Jalisco, la cervecera Constellation Brands y la extinción de la Vaquita Marina, Baja California; Parque Nacional Laguna de Zempoala y el Proyecto Integral Morelos, Morelos; Montes Azules, Chiapas; Puerto de Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, Michoacán; Presa Los Pilares, y la contaminación del Río Sonora, Sonora; Presa Endhó, Hidalgo; la minera La Pitahaya, Baja California Sur.
También, los tiraderos de residuos en Acayucan y en Las Matas; así como la conflictividad por agua del río Coatzacoalcos, tala inmoderada en Río Blanco, proyecto hidroeléctrico Jalcomulco, en Veracruz; el megadesarrollo turístico Riviera Nayarit, Nayarit; Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico (localizada en localizan los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas).
Además, la dependencia señala problemas socioambientales por minería en zona arqueológica de Xochicalco, también en Morelos; San José del Progreso, Oaxaca; Santa María Zotoltepec e Ixtacamaxtitlán, en Puebla; otro tiradero de residuos en Saltillo, Coahuila; problemas por posesión de tierras en Oxcum, Yucatán; aguas negras en Miahuatlán y el Corredor Transístmico, también en Oaxaca; el embalse La Parota, en Guerrero y el río Bacanuchi, en Sonora.
Olimpia Castillo blanco, directora de la organización Comunicación y Educación Ambiental, comenta que en el país prevalece una situación ’crítica’ y ’realmente no hay muy buenas noticias en cuanto a el tema ambiental de años para acá’. La problemática ha ido creciendo y al Estado mexicano ’le falta todavía mucho para estar al nivel que se necesita’.
Una situación que se complica, dice la bióloga Castillo Blanco, es la reducción de presupuesto para temas prioritarios en el tema ambiental, como son las áreas de educación ambiental y la protección de Áreas Naturales Protegidas, pues afecta bastante al sector y, de manera general, ’se siente una preocupación muy grande porque no se le dado la atención debida’.
Al respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), documentó en el informe Recortes al sector ambiental 2013-2021 que ’en los últimos 7 años, el sector ambiental ha sufrido un recorte del 59.5 por ciento a los recursos asignados en el presupuesto federal’. En específico, indica, hay una reducción de 43 mil 958 millones 95 mil 224 pesos en este periodo.
Ejemplo de ello es que para proteger cada hectárea de las ANP, el presupuesto federal se ha reducido 87 por ciento, pasando de un máximo histórico de 74.12 pesos en 2016 a 9.56 pesos en 2020.Érika Ramírez | CONTRALÍNEA
