Desde finales de los años noventa hasta 2018, año en que finalizó el cargo directivo de David Penchyna, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se transformó en un epicentro de corrupción, administrado por una burocracia dorada que disfrutaba de privilegiados sueldos y lujos excesivos.
Directivos recibían más de medio millón de pesos al mes, con acceso a vehículos blindados, vuelos privados y tarjetas de crédito sin límite para gastos de "representación".
La gestión del Infonavit favoreció a particulares a expensas del patrimonio de los trabajadores, promocionando esquemas habitacionales de baja calidad en zonas aisladas, financiados con créditos leoninos que resultaron impagables para muchos derechohabientes. Este sistema permitió que grandes constructoras se beneficiaran mientras miles de viviendas quedaban abandonadas.
La burocracia del Infonavit gastaba más en lujosos salarios y en empresas de cobranza, que operaban con irregularidades, en lugar de mejorar su modelo operativo. Más de 65 mil derechohabientes fueron afectados entre 2013 y 2015, sufriendo el despojo de sus viviendas sin el debido proceso legal, gracias a juicios simulados.
El exdirector del Infonavit, David Penchyna fue el último en verse beneficiado, ostentando hasta 2018 un sueldo mensual de 745 mil pesos. Según información expuesta por el propio instituto en 2019, recibió una percepción anual total de 9.3 millones de pesos, lo que promediaba esa cantidad mensual, incluyendo bonos y compensaciones.
Bajo la gestión de Enrique Peña Nieto, se llevaron a cabo contrataciones fraudulentas, como el caso de Telra Realty, una empresa recién creada que recibió de manera injustificada más de 5,000 millones de pesos en 2017, como supuesta indemnización por conclusión anticipada de contrato. La corrupción en Infonavit dejó una huella profunda en el acceso a vivienda y justicia para los trabajadores mexicanos.Con información de SIN EMBARGO