La reforma laboral implementada en México en 2019 ha revolucionado la forma en que se administra la justicia y se resuelven los conflictos laborales. En una entrevista con El Economista, Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la OIT para México y Cuba, subrayó que la misión principal del organismo internacional ha sido apoyar al país y sus actores en el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados.
’Con la entrada en vigor de la reforma, la oficina tuvo que ajustar su plan de trabajo tripartito para incorporar el acceso a la justicia como un eje prioritario, buscando fortalecer tanto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como a los tribunales’, explicó.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la agencia especializada de la ONU dedicada a promover la justicia social y los derechos laborales internacionales.
Para alcanzar este objetivo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció convenios con el Poder Judicial para integrar normas internacionales en la capacitación de jueces y magistrados. Furtado de Oliveira destacó la importancia de incorporar una lógica laboral en las estructuras existentes, especialmente ante la llegada de acuerdos comerciales que requerían que los tribunales se especializaran en este ámbito.
En este contexto, México fue seleccionado como país piloto, junto con Bangladesh y Lesoto, para implementar una herramienta de autoevaluación. Esta herramienta permite a las instancias judiciales y de conciliación evaluar su desempeño frente a las necesidades de trabajadores y empleadores.
Sandra Carrizosa, coordinadora del proyecto, explicó que tras una fase piloto realizada en 2023 y 2024 en tribunales laborales, la estrategia se ha ampliado para incluir trece centros de conciliación estatales. Este proceso de evaluación tiene como objetivo establecer parámetros comunes en las diferentes entidades y adaptar herramientas internacionales a la realidad específica de México. Carrizosa indicó que, a raíz de la reforma judicial, se decidió aplicar nuevamente la herramienta en trece estados, y se prevé concluir este proceso en abril.
Furtado de Oliveira describió estos procesos no como breves capacitaciones, sino como certificaciones formales de cuatro meses de duración, que incluyen etapas presenciales con el Centro de Formación de Turín. El enfoque principal está en proporcionar a los conciliadores técnicas de negociación y escucha activa para resolver conflictos de buena fe y evitar la judicialización de los casos. Carrizosa añadió que este esfuerzo se coordina con la Comisión Federal de Centros de Conciliación para garantizar que los conocimientos adquiridos se replican a nivel estatal y mantengan su relevancia técnica.