El querer obtener un beneficio monetario de recursos federales mediante la generación de créditos, aprovechando que había una institución financiera que podía entregar una buena parte de ellos sin enterar a Hacienda, fue lo que habría llevado a la Secretaría de Finanzas a invertir en el Banco Accendo, reveló el delegado de los programas del Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno.
A 17 meses de que la Secretaría de Finanzas dispusiera de recursos del Fondo de Infraestructura y del Fondo General de Participaciones para Municipios para perderlos en un banco que llevaba dos años en riesgo de quiebra; el dinero sigue sin recuperarse y los exfuncionarios responsables siguen sin ser juzgados pese a que tenían la obligación de devolver el presupuesto no ejecutado así como sus réditos.
El gobierno de Hidalgo acumuló recursos del Fondo de Infraestructura y del Fondo General de Participaciones para Municipios hasta llegar a la cifra de 807 millones 128 mil 783.80 pesos, momento en que el banco fue sometido a concurso mercantil por quebrar en libros -no sostuvo, por enésima ocasión, un Índice de Capital Bancario acorde con lal leyes mexicanas-.
Banco Accendo llevaba meses e incluso años con señalamientos y amonestaciones de la autoridad por problemas de liquidez así como por no haber enterado a las instituciones hacendarias de los créditos pagados a los inversores.
A finales de enero del presente año, el actual gobierno de Hidalgo informó que no han iniciado alguna denuncia que involucre a la exsecretaria de finanzas, Jessica Blancas quien habría buscado lucrar con los recursos del Fondo, buscando generar intereses en el banco Accendo.
De acuerdo con el delegado del Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, partiendo del caso de corrupción anteriormente mencionado, detalló que aun si la exsecretaria de finanzas buscaba guardar los recursos para generar intereses y después devolver dichos recursos del Fondo, esto no sería posible porque también estaban obligados a devolver los dividendos que se generaron en ese tiempo, de acuerdo con la ley de coordinación fiscal del artículo 33.
"Se están llevando a cabo las investigaciones sobre esta problemática que se dio, está basado esto en la ley de coordinación fiscal del artículo 33 y lo que sí establece es que la licitación de los recursos deben de depositarse en donde el órgano ejecutor determine, o sea el ayuntamiento le dice a la secretaría de finanzas del gobierno estatal dónde van a hacer las dispersiones del fondo y deben de ser en cuentas mancomunadas de entre la o el tesorero y el presidente municipal, ahí deben hacer las dispersiones", detalló.
’Qué es lo que ocurrió, que el gobierno federal dispensa a la Secretaría de hacienda a una cuenta que también el gobierno estatal le indica a dónde depositar. Ahora, al final del ejercicio presupuestal , la misma ley también lo que indica es que lo que no se ejecuta lo deben de devolver y en esa devoluciones o en esas comprobaciones cuando ejecutaron todo deben de considerar los dividendos que se generan por tener las cuentas en determinada entidad financiera. Qué fue lo que ocurrió, pensaron que les iban a dar muchos dividendos el Banco Accendo, depositaron ahí el dinero y pues el banco quebró’, expresó.
El monto invertido por la anterior Secretaría de Finanzas supera la garantía del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), encontrándose con prioridad del rango 6 en materia de recuperación, por lo que pasaría mucho tiempo para que se vea devuelto el presupuesto a la entidad, si llegase a ocurrir.
Durante su conferencia, expresó que la responsabilidad de los recursos recae tanto en los órganos ejecutores, es decir, el gobierno estatal como en la entonces titular de la Secretaría de finanzas.
’La propia ley de coordinación fiscal que establece que no deja de ser responsabilidad de los órganos ejecutores y basándose en el artículo 115 de la constitución, establece a la autonomía municipal como órgano ejecutor, por lo que no les quitan la responsabilidad. Es un tema por demás complejo porque tiene que ver con cuestiones de carácter jurídico administrativo, jurídico financiero y con política administrativa por el asunto del respeto al federalismo, o sea tiene que haber respeto a las entidades federativas, a los ayuntamientos; el órgano en que recae la responsabilidad política es el ayuntamiento’, indicó.
"Lamentablemente el servicio público piensa más en el tema de los dividendos que pudieran dejarles ya sea producto de la corrupción o producto del amiguismo de alguna empresa de algún conocido que verdaderamente atender un asunto que demanda la población", puntualizó.
Por último indicó que el actual gobierno aún no habría implementado algún recurso para que haya más control sobre los recursos y evitar los problemas de las administraciones pasadas.
