Un Juez ordenó revisar la orden que mantiene a Rosario Robles Berlanga privada de la libertad desde agosto de 2019, por lo que su situación se definirá en los próximos 10 o 15 días.
Sergio Arturo Ramírez, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que la orden contempla revisar la prisión preventiva de Robles Berlanga.
El abogado confirmó que se le otorgó a Rosario Robles un amparo sobre las medidas cautelares de prisión preventiva justificada con una licencia para conducir, la cual, según determinó en peritaje, no corresponde a una licencia original, porque la foto fue obtenida de Internet.
’Ahora un Juez de distrito ordena que se vuelva a llevar a cabo la audiencia y se tomen o no en consideración los elementos por los que le justificaron en primera instancia la prisión a la maestra’, expuso.
El abogado confirmó que un Juez deberá restar valor probatorio a los elementos que se usaron en la primera audiencia y realizar otra, con los elementos que ofrezca la Fiscalía y la defensa, donde se justifique o no el hecho de que Rosario Robles lleve su proceso en prisión preventiva.
Sergio Arturo Ramírez informó que la audiencia se llevaría a cabo en 10 o 15 días, ahí se podrá dictar prisión domiciliaria a Rosario Robles o, si lo requiere, el Juez podrá determinar que sea trasladada a un centro de salud.
El 13 de agosto de 2019, Robles fue puesta en prisión preventiva y trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido de la función pública cuando fue Secretaria de Desarrollo Social. El 18 de septiembre de 2019, la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial. Hoy sigue detenida.
El 26 de marzo, Rosario Robles Berlanga se declaró inocente de las acusaciones que se le imputan por el fraude de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos relacionado con la llamada ’Estafa Maestra’.
En una audiencia realizada ese día, a la defensa de la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno de Enrique Peña Nieto, confirmó que su clienta renunció a buscar un procedimiento abreviado al declararse culpable y con ello buscar una pena menor. La FGR planteó en la audiencia intermedia una solicitud para imponerle una pena de al menos 21 años en prisión.SIN EMBARGO
