Nueva multa al PRI Hidalgo acelera opción de remate de inmuebles


Según el administrador del PRI estatal, solamente tenían disponibles el 25% de sus prerrogativas dadas multas y obligaciones; el problema está que con el nuevo paquete de multas dictado por el INE, ese restante lo deberán destinar al pago de multas por los procesos 2022 y 2023

Nueva multa al PRI Hidalgo acelera opción de remate de inmuebles


Política
Marzo 25, 2026 12:54 hrs.
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Redacción › Emmanuel Ameth Noticias

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A partir del próximo mes, el PRI Hidalgo se queda sin recursos para pagar servicios, personal, ni para alguna otra actividad más, toda vez que el 25% de sus ingresos serán descontados para pagar los 14 millones con 16 mil pesos por las irregularidades cometidas durante los ejercicios de 2022 y 2023.

El problema está en que según expresó el administrador de Carolina Viggiano apenas en enero de este mismo año, el 75 por ciento de las prerrogativas que recibirá el partido en 2026 ya estaban destinados a cubrir multas y remanentes de procesos electorales pasados, por lo que no podrán disponer de la totalidad de sus recursos (75%+25%).

Según datos del IEEH, cada mes les serían ministrados 825 mil 912 pesos por concepto de prerrogativas este 2026 y 2027, de los cuales, les serán descontados 393 mil 291 hasta el 2032 por la nueva multa, si es que para entonces aún existe el partido, para pagar los más de 14 millones de pesos que se manejaron de manera irregular en 2022 y 2023.




Las multas, laudos y otros adeudos ya representan el 75% de sus ingresos por lo menos hasta 2027, por lo que si requieren de liquidez, necesitarían rematar los inmuebles de su propiedad, toda vez que su capacidad de pago tampoco les alcanza para solicitar financiamiento con garantía hipotecaria.

Según el último avalúo catastral presentado por el mismo PRI Hidalgo ante las autoridades, las oficinas del Comité Directivo Estatal tienen un valor de 51 millones 686 mil 320 pesos.

El año pasado, el administrador del PRI Estatal reconoció adeudos por 42 millones de pesos, a los cuales se le suman los nuevos 14 millones de multas por manejos irregulares, deuda que excede el costo de su principal inmueble.

Desde 2022, las oficinas estatales del PRI han recortado su personal, enfrentado órdenes de embargo, así como el corte de servicios básicos por falta de pago.

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