Hablar de feminicidio es más que discutir estadísticas o marcos legales; se trata de vidas que han sido arrebatadas y de una histórica deuda en cuanto a investigación y justicia. Así lo expresó Ernestina Godoy, Fiscal General del país, durante la presentación de una iniciativa que propone modificaciones legislativas para abordar el feminicidio.
En 2025, se registró un promedio de 2 feminicidios diarios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunque esta cifra es inferior a la de años anteriores, sigue siendo alarmante. Además, no incluye feminicidios que no son clasificados como tales ni aquellos que no son denunciados.
Ante esta realidad, el gobierno federal presentó el martes una iniciativa de Ley General destinada a prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, con la intención de transformar profundamente la forma en que estos crímenes son investigados en todo el país, asegurando una metodología homologada y con perspectiva de género.
La propuesta se enfoca en corregir fallas estructurales que han dificultado el acceso a la justicia para niñas, adolescentes, mujeres y sus familias. Establece un marco nacional único que abarca todas las etapas del feminicidio: prevención, investigación, sanción y reparación del daño. Un aspecto central es la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género desde la apertura de la investigación.
La ley detalla nueve razones de género que justifican considerar un caso como feminicidio, que incluyen: violencia sexual, lesiones infamantes, antecedentes de violencia, relación sentimental previa, amenazas, incomunicación de la víctima, exhibición del cuerpo, y se añaden el delito motivado por estereotipos y la existencia de asimetrías de poder.
Asimismo, la propuesta eleva las penas hasta 70 años de prisión y clarifica la tipificación del delito, así como sus agravantes. También introduce sanciones por la tentativa de feminicidio y limita beneficios legales para los agresores en ciertos casos.
Según las autoridades federales, el objetivo es evitar la mala clasificación de los casos y asegurar que se investiguen con una adecuada comprensión del contexto de género, una deficiencia denunciada por organizaciones civiles.
Un cambio significativo en la iniciativa es la creación de un método homologado de investigación, que será obligatorio para todas las fiscalías del país. Esto significa que, independientemente de dónde ocurra un crimen, las autoridades deberán seguir los mismos lineamientos.
Los puntos principales de la iniciativa incluyen:
- La aplicación obligatoria de protocolos con perspectiva de género.
- Criterios unificados para la recolección de pruebas y protección de la escena del crimen.
- Coordinación entre autoridades federales y estatales.
- Atención integral a las víctimas indirectas, como los familiares.
La propuesta busca eliminar la fragmentación actual en la investigación estatal, que ha generado diferencias en resultados y altos niveles de impunidad.
En el marco legal existente, el feminicidio está tipificado en el Artículo 325 del Código Penal Federal, que establece penas de entre 40 y 60 años de prisión. Sin embargo, la investigación recae principalmente en fiscalías estatales, lo que resulta en desigualdades en recursos y enfoques.
A pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los protocolos expuestos exigen la aplicación de la perspectiva de género, su implementación depende del cumplimiento en cada entidad.
Los principales obstáculos que enfrenta el sistema actual en la búsqueda de justicia incluyen la falta de protocolos estandarizados, la reclasificación de feminicidios como homicidios dolosos, omisiones en la consideración de la perspectiva de género, desigualdad en las capacidades institucionales entre estados, así como la subreportación de feminicidios y la impunidad en los casos no resueltos.
El gobierno federal busca cerrar estas brechas mediante reglas claras y obligatorias para todas las autoridades involucradas. La intención no es solo aumentar las penas, sino asegurar que las investigaciones sean sensibles al género y se realicen de manera oportuna y eficiente desde el principio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el objetivo final es erradicar el feminicidio en el país: "Queremos que ninguna mujer muera a manos de nadie solo por ser mujer y que nunca más un feminicidio sea considerado un suicidio".
La mandataria se comprometió a presentar la iniciativa al Congreso lo más pronto posible, señalando que es difícil encontrar oposición a la idea de investigar adecuadamente la muerte violenta de una mujer como feminicidio y de establecer protocolos para castigar a los responsables, así como implementar un sistema de protección para las mujeres frente a la violencia.
En un país donde la violencia feminicida representa una de las principales deudas del Estado, esta propuesta busca unificar criterios y fortalecer las capacidades institucionales en respuesta a una demanda constante de las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.