La madrugada del 1 de diciembre, un grupo armado detonó autos bomba en diversos puntos de la ciudad de Tula para posteriormente dispersar pinchos y otros artefactos en las vías que impidieran el regreso de las fuerzas policiales mientras ellos liberaban reos. Lo anterior no sólo evidenció la presencia del crimen organizado mostrando su músculo en la entidad sino que evidenció el abandono en el que se tienen las cárceles de Hidalgo, donde se permiten todo tipo de actos y donde las instituciones locales hacen mutis.
Prueba de ello es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevaba al menos un lustro evidenciando que las cárceles estaban dominadas por grupos delincuenciales -lo que habría facilitado la fuga de los reos en Tula-, realizando diversas observaciones al respecto que sin embargo fueron desatendidas, esto porque la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH) estatal nunca halló nada relevante.
Más preocupante es que lo que para el organismo nacional era evidente, en el local o no se vio o se encubrió, al menos durante la gestión de Alejandro Habib Nicolás, quien tras no ver alguna irregularidad en las cárceles como Ombudsperson, hoy se desempeña como Procurador en Hidalgo.
Las irregularidades solapadas afectan las prisiones de Actopan, Apan, Jaltocán, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango, Pachuca, Tenango, Tula y Tulancingo, así como las tres Cárceles Distritales localizadas en Atotonilco, Tizayuca y Zacualtipán.
Las irregularidades que en Hidalgo las autoridades no vieron
El Cereso de Tula cuenta con una lista de observaciones realizadas por la CNDH en 2019 y 2020. Éstas son: sobrepoblación, deficiencias en los servicios de salud e insuficiencia de personal de seguridad y custodia, lo que en conjunto le otorgó una valuación de 6.04 sobre 10 puntos posibles.
Entre sus deficiencias, el organismo nacional halló:
–La seguridad del personal interno: Se encontró que existe deficiente separación entre hombres y mujeres; deficiencias en los servicios de salud; falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección e insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
–Condiciones de gobernabilidad: La Comisión halló insuficiencia de personal de seguridad y custodia y el ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad, es decir, condiciones de autogobierno/cogobierno.
–Estancia digna: La revisión arrojó insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, así como deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
–Reinserción social del interno: Se detectó una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia o inexistencia de actividades laborales, de capacitación y deportivas; así como una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.
Además, en 2020, durante una nueva supervisión realizada por la CNDH en el marco de la pandemia de COVID-19, se detectó que cuatro reos murieron a causa de este virus.
Pero las irregularidades en este Cereso de Tula datan al menos desde el 2015, cuando familiares protestaron por las condiciones en las que se encontraban sus familiares.
Entre las irregularidades señaladas estaban el pago semanal de mil 500 pesos por habitar una celda y para su seguridad. Los reos que no cumplían con esta cuota eran golpeados. Además denunciaron que las condiciones insalubres habían provocado enfermedades como hepatitis y tifoidea.
Estas acusaciones llevaron a Rodolfo Paredes Carbajal, en ese entonces subsecretario de Seguridad Pública y Reinserción Social en Hidalgo, a cambiar al director del Cereso de Tula. Sin embargo, las denuncias continuaron y se incorporaron más como la venta para la visita conyugal y distribución de droga entre los reos.
El ombudsman de Hidalgo, defendiendo el autogobierno de los criminales y minimizando los señalamientos
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) encabezada por Alejandro Habib Nicolás no tardó en dar a conocer los resultados del Informe Especial del Sistema Penitenciario y Barandilla 2020 que realizó la Unidad Técnica con el apoyo de las y los visitadores de este organismo -entre los que destaca otro exprocurador-.
El informe sin embargo, parece el de la Subsecretaría de reinserción social y no el de un organismo de Derechos Humanos.
Se dijo, por ejemplo, que la cifra de sobrepoblación en los 12 Centros Penitenciarios y Cárceles Distritales es del 24.96 por ciento.
Se Destacó el apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATHI) para implementar talleres virtuales -sin referir cuáles ni sus resultados-; se dijo que se implementaron torneos para incentivar la actividad física así como lecciones de zumba, que el programa Médico Psiquiatría del Centro brinda puntualmente el seguimiento de los mismos y situaciones por el estilo que no se informaron de manera profesional ni mucho menos con perspectiva de derechos humanos, pintando un mundo rosa en las cárceles hidalguenses.
Por ejemplo se informó que en 2020, al mes de octubre, se reportaron 24 defunciones de Personas Privadas de su Libertad en los Centros de Reinserción Social de la entidad, de las cuales 20 fueron homicidios. No se pidió investigaciones profundas para el esclarecimiento como derecho de las víctimas y mucho menos se hizo alguna recomendación para evitar que siguiera siendo un patrón.
Informaron por ejemplo que por primera vez en la historia de la CDHEH, se llevó a cabo una audiencia pública al interior del Centro de Readaptación Social de Pachuca, específicamente en el área femenil, participando 34 de las 157 mujeres internas. No se dio seguimiento a sus quejas ni derivó tampoco en recomendación alguna.Con ifnormación de Guadalupe Fuentes López | SIN EMBARGO
