Si durante las pasadas elecciones de 2021 todos los puestos de elección popular los hubiera ganado Morena por mayoría, aún así la Ley les impedía contar con mayoría calificada; pese a ello y a que la oposición presumía contar con al menos una tercera parte del Senado -como dicta la Ley- una decena de votos le bastaron a los guindas para finalmente destrabar la reforma que permite que el ejército auxilie a las autoridades civiles en labores de seguridad hasta 2028, provocando además una fisura en la coalición Va por México como efecto colateral.
El pasado martes 4 de octubre, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular, con 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención el nuevo dictamen de la reforma.
Una decena de votos por parte del PRI y del PRD le bastó a Morena para lograr que pasara la reforma constitucional donde permitirá que las Fuerzas Armadas continúen ejerciendo tareas de seguridad pública hasta 2028; lo anterior pese a que el coordinador del PAN, Julen Rementería, pidió al PRD y al PRI respetar el acuerdo que firmaron en la alianza Va por México y rechazar la reforma.
Los opositores que votaron a favor de la reforma para que esta propuesta pasara fueron el perredista Miguel Mancera y de los priistas Miguel Añorve, Sylvana Beltrones y Jorge Carlos Ramírez Marín.
Durante la discusión, se evidenció un quebranto entre la oposición en el Senado que acordaron impedir que sean aprobadas las iniciativas, lo que hizo que la senadora panista Lilly Téllez perdiera sus estribos, llamando así a los senadores "hienas" y "corruptos".
La senadora panista aprovechó su turno en la tribuna para arremeter contra la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicando que “militarizar” la Guardia Nacional es muestra de que fracasó en pacificar al país y expresó que esta reforma es política y no de seguridad, argumentando que AMLO podría usar al Ejército para intimidar a la población en las próximas elecciones de 2024.
Ante esto el senador Napoleón Gómez Urrutia pidió la palabra, como parte del debate parlamentario, lo que Lilly Téllez rechazó seguida de comentarios ofensivos.
“No le acepto nada al líder sindical. Siéntese y cállese. Usted don Napoleón Gómez Urrutia [...] bastante se ha beneficiado de los trabajadores de México, sentado y callado, y espere sus croquetas”
Esto generó que los senadores de Morena reclamarán las descalificaciones y hasta la morenista Lucía Trasviña la confrontó parándose enfrente de ella y le dijo: “yo no soy hiena, respétame”; además, la senadora Rocío Abreu comentó que Lilly Téllez “es una mujer de ligerezas” y que cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera.
Por su parte la priista Sylvana Beltrones celebró la disposición de Morena así como del gobierno federal para modificar el dictamen que había mandado a San Lázaro.
“Reconozcamos que hay algunos que no les gusta que acordemos. Vivir en el ‘no’ se ha vuelto su único mundo. Recordemos que una verdadera opinión no es la que anula el poder, sino la que modera sus excesos”, expresó Sylvana Beltrones.
El nuevo dictamen conserva la modificación del artículo quinto transitorio para ampliar a 2028 que el presidente disponga de la Fuerzas Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada.
Las nuevas características vienen en la presentación del informe sobre las tareas que realicen las Fuerzas Armadas y los recursos que se otorgarán a estados y municipios en tareas de seguridad pública.
En este se menciona que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución.
Además, en el dictamen enfatizan que en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
El Ejecutivo federal presentará en el Congreso de la Unión cada semestre, y no cada año como contemplada al principio, un informe donde proporcionará los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos, corroborando que se conserva el respeto a los derechos humanos.
También señala que en un plazo no mayor de 60 días, a partir de que entra en vigor el decreto, y hasta 2028, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámara del Congreso de la Unión, para el análisis y dictamen de los informes que entregará el Ejecutivo.
A partir del 2023, el Ejecutivo establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades y a municipios para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Estos recursos se establecerán de forma separada e inidentificable respecto a cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos.Con información de INFOBAE
