La Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo sancionó a César Román ’N’, excontralor en el gobierno de Omar Fayad Meneses, con una inhabilitación de un año por no presentar su declaración patrimonial.
La sanción, vigente desde el 21 de febrero de 2025 hasta el 21 de febrero de 2026, implica la inhabilitación para ocupar cargos públicos, aunque no incluye sanciones económicas. Este hecho representa un revés para César Román, quien también enfrenta otros problemas legales relacionados con presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo, no presentar la declaración patrimonial se considera una falta administrativa no grave.
Las sanciones por estas faltas varían desde la amonestación pública hasta la inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos y participar en actividades de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. En este caso, la sanción impuesta a César Román fue la inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas.
Además de la inhabilitación, César Román ’N’ se enfrenta a un juicio de extinción de dominio promovido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Este juicio, que busca recuperar bienes por un valor de 501 mil 26.97 pesos que presuntamente fueron obtenidos de manera ilícita, está registrado bajo el expediente 1380/2023.
El proceso fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 10 de febrero de 2025.
El exfuncionario ha sido vinculado al esquema de corrupción conocido como la ’Estafa Siniestra’, en el cual se desvió una cantidad significativa de recursos públicos a través de la participación de diversas dependencias estatales, alcaldías y empresas fachada.
Este escándalo es uno de los mayores casos de corrupción que ha afectado al gobierno de Hidalgo, ocasionando grandes pérdidas económicas y afectando la credibilidad institucional.
César Román ’N’ es buscado por la Interpol, que emitió una ficha roja en su contra el 15 de marzo de 2023, bajo el número A-2291/3-2023. Además, existen alertas migratorias activas en su contra, lo que ha dificultado cualquier intento de fuga del país.
