El rastro municipal de Pachuca aún observa deficiencias jurídicas que la presente administración se encuentra subsanando, a la par que ya se encuentra diseñando una licitación nacional para que la concesión del inmueble no caiga en manos improvisadas ni sea otorgada a grupos o particulares por cuotas ni presiones, señaló el alcalde capitalino Sergio Baños Rubio.
Lo anterior fue revelado durante rueda de prensa celebrada el día de ayer en respuesta a un cuestionamiento por parte de la prensa que obedeció a una serie de videos en redes sociales con información imprecisa y dolosa, misma que obedecería a una campaña de presión para hacerse de la administración del inmueble donde se sacrifica ganado.
’Nosotros no hemos dado ningún contrato para que alguna agrupación administre en comodato el rastro. Lejos de haber irregularidades, nos encontramos un inmueble con carencias en la certeza jurídica… El rastro de Pachuca no tenía ni escrituras e incluso habían sido invadidos mil metros del inmueble por un particular y ya estamos en la última fase del proceso de recuperación’, dijo Baños Rubio.
Fue enfático al señalar que no se pueden otorgar concesiones ’así como así’ ni es una facultad de quien encabeza el ayuntamiento, sino que es un proceso que debe avalar la asamblea municipal, organismo colegiado al cual precisamente pertenece el regidor que en su desconocimiento, ha hecho señalamientos e incluso puesto calificativos sin el menor sustento.
La campaña de desinformación
Mediante un video que circula en las redes sociales del regidor Ricardo Islas Salinas, asegura que “su equipo de investigación” -del que no da nombres ni mayor referencia-, señala que “desde hace más de 17 años el rastro municipal ha sido objeto de un grupo que opera de manera ilegal y ventajosa”.
Lo cierto es que para el inicio de operaciones del grupo señalado, primero operó bajo la figura de comodato según los lineamientos de ese entonces. Desde hace seis años sin embargo, ya en la administración de Yolanda Tellería, la figura cambió a concesión, misma que fue otorgada por unanimidad de la asamblea municipal a la empresa Cárnicos de la Zona Metropolitana de Pachuca, es decir, que se originó mediante los procesos legales correspondientes.
Al respecto la entonces alcaldesa expresó que con la figura de concesión se vigilaría que el funcionamiento del rastro se apegara a la reglamentación municipal.
Antes, en 2015, recibió inversión tripartita para poder convertirse en un rastro de Tipo Inspección Federal, condición que no logró cumplir.
En el video de Islas Salinas existe incluso una deficiencia aritmética sobre el monto de inversión, misma que ascendió a cerca de 50 millones de pesos, pero que con todo y con el documento en mano, “sumaron” 52 millones.
También se expresó en el audiovisual que los administradores, en contubernio con los constructores y con funcionarios corruptos, desviaron los recursos además de haber lucrado durante más de diez años con el rastro.
Como el mismo documento señala sin embargo, no fueron los administradores quienes ejecutaron la obra sino la misma Secretaría de Obras Públicas de Pachuca, la cual incluso tuvo que subsanar señalamientos de Contraloría , encargada de deslindar irregularidades.
El regidor ha señalado también a la administración de Pachuca de ser responsable que los administradores obtengan ganancias millonarias a costa del erario público, exhibiendo como contrato una solicitud de concesión, misma que como expresó el jurídico del ayuntamiento, no es un documento que genere derechos y la renovación debe pasar por la asamblea municipal, misma a la que el “denunciante” pertenece y proceso del que debería tener conocimiento.
En ese tenor, en más de una ocasión el video de Islas Salinas asegura que el ayuntamiento quiere renovarle el comodato por diez años más, que como se dijo, se trata de una concesión y el proceso debe pasar por cabildo, previo análisis en comisiones para ser aprobado por el pleno (en otra parte del video dice que son las comisiones, integradas por regidores -y por su propio caso en el tema del rastro-) quienes deciden en lo oscurito cómo designar a los administradores.
Finalmente el video culmina señalando de desvíos a los administradores que no ejecutaron la obra pública, entre otros señalamientos sin sustento técnico y sí con mucho desconocimiento del tema.
