La Hoguera
Emmanuel Ameth
Una negociación política del más alto nivel podría dejar a la exsecretaria de Finanzas Jessica Blancas impune luego de que el gobierno de Hidalgo perdiera un total de 863 millones 776 mil 020.83 pesos, invertidos en dos cuentas, por la quiebra del Banco Accendo en septiembre del año pasado.
El primer mensaje llegó el pasado 1 de septiembre. El Congreso exhortó a la entonces funcionaria a que explicara las razones por las que se invirtió en el banco referido y que diera cuenta de las acciones emprendidas para recuperar el recurso, pero la funcionaria se ausentó y solamente envió un oficio, mismo que fue leído en el pleno de la sesión.
Pese al protagonismo acostumbrado por los legisladores, donde algunos incluso participan más en tribuna que en materia de iniciativas, pareciera que todos quedaron conformes y nadie pidió el uso de la voz. La razón, que previamente se habría acordado hacer mutis ante la ausencia de Blancas a cambio de que todos los legisladores votaran a favor de cambiar la sede de la toma de protesta del gobernador Julio Menchaca.
Porque aunque la funcionaria “justificó” su ausencia, nadie cuestionó el hecho de no haber enviado algún funcionario en su lugar, si es que su cita con el auditor fue verdaderamente impostergable.
Pero principalmente, porque ningún legislador tocó el meollo del asunto ni siquiera en su exhorto.
Porque el problema no es que el banco haya quebrado y que se busquen los canales institucionales para recuperar el recurso en el proceso mercantil de liquidación de Accendo, sino que hubo dos comportamientos, graves, que traerían responsabilidad a la funcionaria.
1. El Banco Accendo, meses antes, como también evidenció este medio, ya tenía problemas de liquidez. Aún así, no pidieron a la funcionaria que explicara los porqués escogió a esta institución como una de las administradoras de los recursos federales.
2. Más importante, ningún legislador pidió explicación sobre el porqué recursos que estaban etiquetados y que se ministran a lo largo del año, se mantuvieron ociosos en lugar de ser ejecutados. Da la impresión que se guardó lo más que se pudo, en detrimento de los hidalguenses, para que después sorpresivamente llegara “la quiebra”, tras la cual no se volverá a ver dicho recurso del erario.
Además, porque nadie hizo el uso de la voz, tras la lectura del oficio, para señalar que además de los 807 millones 128 mil 783.8 pesos, también había una cuenta de la Secretaría de Salud que “perdió” 56 millones 647 mil 237.03 pesos, de la cual tendría Finanzas también responsabilidad por omisión.
El segundo mensaje viene precisamente de las autoridades auditoras.
Porque la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) es un órgano técnico dependiente del Congreso del Estado, la cual es responsable de la revisión y fiscalización de los recursos públicos.
Fue el 31 de enero que este medio dio a conocer que Hidalgo, entre otros gobiernos, se encontraba entre la lista de acreedores de Accendo Banco. Pese a ello, la Comisión Inspectora no fue llamada a sesionar para instruir a la ASEH a investigar el recurso perdido en Accendo.
Es más, el pasado 30 de junio, el auditor Armando Pimentel entregó el primer informe de la cuenta pública 2021 donde sólo se revelaron observaciones por poco más de 10 millones de pesos. El entonces presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Hernández Araus, recibió sin más el documento y en su calidad de presidente de la Comisión Inspectora, hizo mutis sobre el dinero que se perdió en Accendo.
Para las subsecuentes sesiones de la Comisión Inspectora serán los representantes de las fracciones partidistas del PRI y del PT, según encabecen la Junta de Gobierno, quienes presidan la citada Comisión. Cuando toque al del PT, incluso si quisiera auditar la cuenta 2021, esta ya habrá sido revisada.
Ojalá sea la ASF quien analice todas las irregularidades cometidas en perjuicio de más de 863 millones de la hacienda pública de Hidalgo, porque al menos por parte de los legisladores locales, hasta el momento -y ojalá me equivoque-, huele a pacto.
