La Auditoría Superior de la Federación presentó un informe donde revela que el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán y de José Rosas Aispuro en Durango habrían desviado 13 mil 679 millones de pesos del erario nacional en 2021y 8 mil 20 millones de pesos respectivamente.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado a conocer los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2021 sobre el gasto federalizado, el cual asciende a una cifra multimillonaria de 52 mil 211 millones 900 mil pesos que debe ser aclarada por distintos entes gubernamentales. El 80 por ciento de este gasto no aclarado corresponde a los gobiernos estatales, quienes deben explicar el destino de 40 mil 968 millones de pesos.
De las entidades federativas con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado destacan Michoacán y Durango. Durante el último año de gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo, Michoacán dejó de comprobar 13 mil 679 millones de pesos, lo que corresponde al 31.5 por ciento del total de aclaraciones que tienen que hacer las 32 entidades federativas del país.
Por su parte, Durango, durante la gestión del panista José Rosas Aispuro, dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos, lo que representa el 18.5 por ciento del total de aclaraciones que demanda la ASF a los estados.
Otros estados con aclaraciones pendientes del gasto federalizado correspondiente al ejercicio de 2021 son Puebla, Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Baja California Sur y Colima, entre otros. Si se suman los municipios del país, también se deben comprobar ante la ASF el gasto de 5 mil 771.5 millones de pesos, que representó el 10.1 por ciento del total de las participaciones federales que les correspondió del presupuesto público.
Por otro lado, las universidades públicas estatales deben aclarar el gasto de 1 mil 550 millones 700 mil pesos. La Universidad Autónoma de Nayarit es la que debe comprobar el gasto más cuantioso, por un monto de 326 millones 800 mil pesos. En segundo lugar se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la cual debe aclarar el destino de 183 millones 400 mil pesos.
Ante este panorama, surgen inquietudes sobre el monto total que pudo ser desviado en los gobiernos estatales y municipales. Además, se exige que se les abran las correspondientes investigaciones penales a aquellos funcionarios públicos que no hayan comprobado el destino del gasto federalizado.Con información de CONTRALÍNEA
