El gobierno federal presentó el lunes el Plan México, una estrategia de desarrollo económico que incluye 17 proyectos de infraestructura. Destaca el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, y la tecnificación de 200,000 hectáreas de riego, beneficiando a 225,000 productores.
Para 2025, el gobierno invertirá aproximadamente 20,000 millones de pesos, impactando a unos 31 millones de personas.
La estrategia también contempla el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y la Sustentabilidad, atractivo para inversión privada que superará los 20,000 millones de pesos.
Para facilitar el acceso a subsidios, créditos y programas, se emitirá un decreto para regularizar concesiones.
El 25 de noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reunió a gobernadores de todos los partidos políticos, empresarios, instituciones académicas y representantes de distritos de riego, para firmar el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, en el que se contempla la inversión de 9,000 millones de pesos para la tecnificación de riego en 2025, así como acciones para garantizar el agua como un bien nacional y un derecho para todos los mexicanos.
El acuerdo, —que forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, presentado el pasado 21 de noviembre—, contempla poner orden a las concesiones de agua potable; eficientar el uso del agua en el riego con la tecnificación del campo; la colaboración de empresarias y empresarios para cumplir con las normas de tratamiento de agua; así como la elaboración de un Plan Maestro por cada estado de la República y de un Plan de Obras Estratégicas en coordinación con los gobiernos estatales que permitan atender las zonas con mayor estrés hídrico, así como el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac.
El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad se basa en diez compromisos generales:
1. Garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficientes.
2. Mejorar el uso del agua en la producción industrial, agrícola y pecuaria.
3. Asegurar la inversión conjunta de todos los niveles de gobierno en infraestructura hídrica, a través de programas federalizados como PRODEP, PROSANEAR y PROAGUA.
4. Fomentar la colaboración público-privada-social para mejorar la gestión del agua a nivel regional y local.
5. Gestionar las concesiones de agua de manera eficiente, ordenada y sustentable.
6. Impulsar la digitalización y simplificación de trámites para promover la transparencia y erradicar la corrupción.
7. Promover la innovación tecnológica en el tratamiento y potabilización del agua.
8. Implementar medidas de mitigación frente al cambio climático.
9. Prevenir la contaminación de cuencas, ríos y mares, y contribuir a su restauración y saneamiento.
10. Implementar una campaña permanente de ahorro y uso eficiente del agua.