La Fiscalía General de la República (FGR), ha iniciado una investigación contra el expresidente Felipe Calderón y funcionarios que formaron parte de su gabinete, a partir de una denuncia de hechos presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por abuso de poder y daño patrimonial a la nación, derivados del autoritario Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el 11 de octubre de 2009.
En su libro Decisiones Difíciles, el expresidente detalla la manera en que fueron empleados todos los recursos del Estado para arremeter contra la SME, justificando ante el país la desaparición de una empresa pública bajo el argumento de su inviabilidad financiera y el alto costo a las finanzas públicas, cuando los ejercicios presupuestales posteriores demostraron que el cierre de LyFC para atender el suministro eléctrico en la zona centro del país, elevó de manera considerable los costos de operación una vez que se hizo cargo del servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Una de las secuelas sociales de esta infamia la siguen pagando miles de usuarios a los que la CFE ha perseguido como criminales por el hecho de no poder sufragar el alto costo de sus recibos de luz, derivados de los abusivos cobros ’estimados’ en sus consumos y que al paso de los años han representado la acumulación de deudas absurdas e impagables.
En los argumentos presentados por el SME ante la FGR se enumeran a detalle los abusos consumados por un dipsómano que, como jefe de las Fuerzas Armadas, no dudó en sacar a los militares de sus cuarteles para disfrazarlos de policías con el fin de desalojar a los electricistas de sus centros de trabajo a altas horas de la noche.
La vesania fue tal que ordenaron clasificar el caso como confidencial los estudios de impacto negativo hechos por los funcionarios de Calderón; hasta por 12 años las pruebas del abuso de poder quedaron a resguardo para evitar que el SME asumiera la defensa legal de sus agremiados que se negaron a liquidarse. Mediante solicitudes de transparencia lograron desclasificar los documentos que se suman a las pruebas contundentes de la infamia, aportadas por el propio Felipe Calderón.
En el capítulo 8, Decisiones Difíciles, quedan en evidencia la opacidad y corrupción que arroparon el ilegítimo decreto empleado en contra de 44 mil trabajadores y pone de relieve que jamás estuvo como prioridad del gobierno salvaguardar los intereses de la nación, la defensa del sector eléctrico y el manejo responsable de las finanzas públicas.
El SME puntualizó en su denuncia de hechos presentada ante la FGR, las condiciones que enumeró Calderón en su libro y que debían cumplirse al pie de la letra para desaparecer a LyFC, sobre todo, quitar de en medio al SME. Son las siguientes:
Contar con el apoyo político de los gobernadores de la zona. La situación era complicada por la rivalidad y agresividad mostrada en público por el gobierno perredista de Marcelo Ebrard.
Tomar el control de todas las instalaciones estratégicas de la compañía y continuar su operación.
Reducir los incentivos de ruptura y al sabotaje mediante una negociación digna, justa y generosa de los finiquitos de los trabajadores y su pago oportuno.
Contar con el apoyo de otros sindicatos, o al menos evitar la organización de paros o huelgas masivas en solidaridad con el SME.
Contar con la capacidad de un control eficaz de masas.
Contar con el apoyo del Congreso, una vez que se conociera la noticia.
Contar con el apoyo de los partidos políticos, al menos del PRI y otros partidos.
Ganar la batalla de la opinión pública, explicando las razones de la decisión.
En la denuncia presentada por el SME ante la FGR, que de acuerdo con la Agente del Ministerio Público, Citlalli Fuentes Hernández, se encuentra radicada en la carpeta de investigación FED/FECC-CDMX/0000536/2020, con el folio 5551, piden investigar las conductas que pueden ser constitutivas de delito de acuerdo con el Código Penal Federal, por el irregular proceso de extinción de LyFC, tanto del expresidente Felipe Calderón como de Fernando Gómez Mont, entonces secretario de Gobernación; de Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo; Georgina Kessel Martínez, exsecretaria de Energía; Gerardo Ruiz Mateos, exsecretario de Economía; Agustín Carstens, exsecretario de Hacienda; y Genaro García Luna, que fungió como secretario de Seguridad Pública y hoy sujeto a proceso en los Estados Unidos.
Pero también del lado del Poder Judicial tienen mucho que explicar a la Fiscalía y al país los entonces ministros de la Suprema Corte, como son los casos de: Juan Silva N. Meza; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Luis María Aguilar Morales; Margarita Beatriz Luna Ramos; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entre otros.
Pero también funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), como es el caso de Eduardo Andrade Salavarria, y otros más del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE); además del entonces titular de LyFC, Jorge Gutiérrez Vera, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub. Martin Esparza | CONTRALÍNEA
