En su primera semana al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Pablo Gómez inicia investigación, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las cuentas bancarias del exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, así como de sus familiares y excolaboradores tras haber dejado un desastre financiero, con una deuda que asciende a 11 mil millones de pesos.
El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta dejó su administración con la casa de gobierno casi vacía y debiendo la nómina de 12 mil trabajadores al servicio del estado, lo que ocasionó paros laborales con el fin de presionar al exgobernador; lo anterior pese a que el entonces gobierno priista se endeudaba en sus últimos meses al frente, al punto de convertir la entidad entre las tres más endeudadas del país, en proporción al número de habitantes.
Ignacio Peralta se encuentra entre los primeros cuatro gobernadores que terminaron su administración con la mayor cantidad de observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación, por un monto de 5 mil millones de pesos.
El exgobernador priista dejó una deuda de 11 mil millones de pesos, según cálculos de la gobernadora actual Indira Vizcaíno Silva, quien tomó posesión el pasado 1 de noviembre..
Asimismo, de acuerdo con El Financiero, muchos proveedores denunciaron en la contraloría interna diversos actos de extorsión por parte de gente cercana al gobernador para que, primero, liberar sus pagos mediante la cuota respectiva y luego, en la adjudicación directa de nuevos contratos.
La semana pasada el presidente advirtió durante su más reciente visita a Colima que el gobierno de Indira Vizcaíno deberá presentar denuncias contra la administración del priista José Ignacio Peralta por la deuda de seis mil millones de pesos que heredó a su sucesora, aunque las arcas del estado estén vacías.
’Mi recomendación es que se actúe con rectitud, justicia y no con venganza y en ese sentido se tienen que presentar las denuncias porque si no se hace nos convertimos en cómplices’, precisó el jefe del Ejecutivo Federal.
En respuesta a lo anterior. la gobernadora Vizcaíno indicó que ya iniciaron los procesos de auditorías y se están recabando información y pruebas para presentar las denuncias correspondientes en contra de Ignacio Peralta, quien dejó la gubernatura el pasado mes de noviembre.
Anteriormente la gobernadora Indira Vizcaíno denunció que en 2018 el gobierno del estado tenía autorizada una partida de 1.7 millones de pesos para asesorías, pero finalmente gastó 97 millones en ese concepto mediante la contratación de empresas entre las que fueron detectadas sociedades mercantiles que han sido relacionadas con la práctica de ’factureras’.
Explicó: ’Prácticamente estos 97 millones de pesos se adjudicaron de manera directa, con oficios de excepción, sin llevar a cabo los procesos de licitación que marca la ley. Estas adjudicaciones directas con oficios de excepción se convirtieron en un hábito, en una práctica cotidiana y común de la Secretaría de Planeación y Finanzas’.
A finales de septiembre, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, también presentó denuncias contra el gobernador ante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y la Fiscalía Anticorrupción, por el adeudo acumulado del subsidio estatal de este año a la institución educativa que asciende a 264 millones de pesos.
Con respecto a la seguridad Ignacio Peralta prometía reducir un 10% anual la incidencia delictiva, pero ésta en vez de disminuir se disparó a más del doble, pues mientras en 2016 se registraron 10 mil 877 delitos, en 2020 hubo 25 mil 370 y en los primeros tres trimestres de 2021 la cifra ya alcanzaba 20 mil 599.Con información de Alejo Sánchez Cano | EL FINANCIERO
