La autoproducción de vivienda en México se sustenta en gran medida en el ahorro familiar; 6 de cada 7 viviendas se financian con recursos propios, según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En el país existen alrededor de 28 millones de viviendas edificadas mediante construcción progresiva, lo que equivale a una parte mayoritaria del parque habitacional. Sin embargo, el acceso al financiamiento formal es mínimo: apenas una fracción ha contado con subsidios gubernamentales o créditos privados, lo que obliga a millones de familias a construir sus casas por etapas, conforme reúnen recursos.
En total, el 86% de las viviendas autoproducidas se construyen de forma gradual conforme las familias disponen de dinero.
El resto utiliza otras fuentes de financiamiento, aunque en menor medida: el 7.5% recurre a fuentes alternas, el 4% al financiamiento privado y solo el 2.4% al financiamiento público.
Las cifras muestran la magnitud del problema. Según el análisis, apenas 2.4% de las viviendas construidas por etapas en México ha recibido financiamiento mediante subsidios o programas gubernamentales. En el caso del sector privado, el acceso es apenas mayor: cerca de 4% de las viviendas progresivas se financian con recursos provenientes de instituciones financieras.
Las condiciones de acceso son uno de los principales obstáculos. Los créditos suelen exigir historial crediticio, ingresos estables y garantías formales sobre la propiedad del terreno, requisitos que una gran parte de la población no puede cumplir. A esto se suman tasas de interés que resultan inviables para hogares con ingresos bajos o informales.
El problema también tiene una dimensión jurídica. De acuerdo con declaraciones que se dieron a El Economista, en México existen entre 7.5 millones de predios irregulares y cerca de 24% de las viviendas no cuentan con escrituras. Esta falta de certeza jurídica complica aún más el acceso al crédito formal para la construcción o mejora de viviendas.