El Plan B de la Reforma Electoral ha avanzado en su consolidación tras la aprobación de la minuta por parte de congresos estatales, como el de la Ciudad de México, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Para que esta reforma se ratificara, era necesaria la aprobación de 17 de los 32 estados de la República Mexicana. Esta modificación busca transformar la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y los congresos locales, así como regular las remuneraciones de los funcionarios electorales.
Los estados que ya han aprobado el Plan B de la Reforma Electoral incluyen: Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz.
Este respaldo se logró en un tiempo récord, ya que en menos de 12 horas había recibido apoyo de más de la mitad de las legislaturas locales.
Cabe recordar que este proyecto surge de una iniciativa electoral presentada por la presidenta Sheinbaum Pardo, la cual no obtuvo el respaldo necesario, debido a la oposición de los aliados de Morena (PT y PVEM) sobre los recortes presupuestarios a los partidos y al Congreso.
La reforma establece que cada municipio podrá contar con un máximo de quince regidurías (Artículo 115). Además, se determina que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá superar el 0.70% del total del presupuesto de egresos de la entidad correspondiente (Artículo 116).
Asimismo, se limitan los salarios en el INE, Oples y tribunales electorales, y se plantea un recorte gradual del 15% al presupuesto del Senado (Artículo 134).
La modificación a la Constitución, enviada por el Congreso de la Unión a los poderes legislativos locales, busca modificar los artículos 115 y 116, así como añadir un párrafo al artículo 134, ajustando los subsecuentes.
El objetivo de estas modificaciones es reducir costos y hacer más eficiente el aparato electoral.
En este sentido, también se estipula que no se podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o pensiones privadas, ni otros beneficios que no estén contemplados por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Por último, se establece que el presupuesto anual del Senado de la República deberá experimentar ajustes progresivos durante los cuatro ejercicios fiscales siguientes, buscando al final de este periodo una reducción acumulada del 15% en términos reales, en comparación con el presupuesto base vigente para el ejercicio fiscal 2026.Con información de EL ECONOMISTA