Con un modus operandi similar al de la Estafa Maestra, la Auditoría Superior del Estado (ASEH) evidenció irregularidades en la contratación de Servicios de Consultoría por parte de la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) a cargo de Marco Antonio Flores González, toda vez que no hubo transparencia en la adjudicación de dichos contratos al no respetar los lineamientos aplicables, incluso, no se encontró evidencia informática que compruebe la elaboración y materialización de dichos proyectos, es decir, que los mismos fueron pagados sin siquiera haber sido elaborados, pudiendo desviar así cifras millonarias.
Hasta el momento, la UPP es la entidad educativa con mayor número de observaciones del Estado de Hidalgo por parte de la ASEH, determinándose 21 observaciones que generaron 15 observaciones (71% del total evaluado) con 3 pliegos que representan probables recuperaciones por un monto de 4 millones 627 mil 687.68 pesos, pese a que la muestra sólo evaluó el 26.5% del total de Egresos por las partidas de Ingresos Propios así como de los Recursos Estatales del Ramo 17, por lo que dicha cifra podría aumentar hasta los 17.5 millones de ser exhaustiva y aplicarse al total de egresos de las partidas citadas.
Para evidenciar la falta de transparencia y presunto desvío de recursos, la UAEH, que durante el mismo periodo manejó 17 veces más presupuesto total que la UPP, no tuvo una sola observación por parte del mismo organismo que pudiera representar daño a la Hacienda Pública, mientras que con la UPP la cifra fue millonaria.
La Estafa Maestra de la UPP
Al igual que con la Estafa Maestra, el mérito de la investigación recae casi en su totalidad en la entidad auditora, aunque en este caso, el mecanismo fue más burdo.
Primero porque en el trabajo periodístico de referencia se evidenció que las entidades federales contrataron instituciones educativas, mismas que a su vez subcontrataron proveedores para la realización de los supuestos proyectos a empresas fantasma, las cuales presentaron documentos ya elaborados para simular el cumplimiento del contrato; en este caso, la UPP contrató Servicios de Consultoría en los que se observó que incluso no se dejó evidencia de que la actividad haya sido efectivamente realizada.
En segundo lugar, porque tampoco se molestaron en llevar a cabo una licitación pública de por medio, sino que se adjudicó directamente sin que un Consejo y/o Junta de Gobierno previa, justificase una asignación directa que permitiera romper con las Leyes estatales en la materia.
Cerca de 3.8 millones para un proyecto inexistente
El resultado 24 del Procedimiento 1.2.2 de la tercera entrega de auditoría de la ASEH detectó que la UPP hizo erogaciones por Servicios de Consultoría por un monto de 3 millones 772 mil 176.01 pesos “sin contar con la evidencia de dicho Sistema de Información que permita comprobar la elaboración y Materialización del proyecto citado”.
Dicha situación se hizo del conocimiento de Flores González mediante dos oficios, mismos de los que rectoría respondió conforme a Derecho. Sin embargo, la irregularidad no fue subsanada y se generó un pliego de observaciones.
Adjudicaciones directas sin justificación
Pero hubo más observaciones que evidenciaron el modus operandi del presunto fraude.
Tal es el caso del Resultado 27 del Procedimiento 1.7.2 del mismo documento, mismo que señala pagos por concepto de Servicios de Consultoría por hasta 5 millones 316 mil 036.90 pesos, los cuales fueron otorgados “mediante adjudicación directa, sin ajustarse a los montos máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto de Egresos, asimismo, la Entidad (UPP) no realizó Estudios de Mercado como marca la legislación correspondiente… no se ajustó a las disposiciones establecidas”.
El Resultado 28 del Procedimiento 1.7.3 abunda al respecto, pues cita que “Mediante la revisión efectuada a los Contratos por concepto de Servicios de Consultoría efectuados durante el ejercicio fiscal 2017, se detectó que no se encuentran debidamente formalizados, toda vez que no describe el procedimiento de contratación, por lo que no se apegan a los requisitos mínimos establecidos”.
También hubo pago de honorarios sin que se presentara información justificativa por alrededor de 357.7 mil pesos en los que “no se evidencian los trabajaos realizados así como contratos en los que “no se evidencia la firma original” del proveedor.
Pero las anomalías de la Estafa Maestra de la UPP no se quedan allí, pues goza de empresas “consentidas”.
No hablamos de la concesión de Cafetería otorgada a María Guadalupe González Vargas, supuestamente familiar del rector y que cuenta con salones de fiestas y eventos en la Col. Céspedes de Pachuca, sino de prácticas graves que, como las anteriores, tienen el alcance de imputarle causas penales por su presunta responsabilidad.
Las consentidas de Flores González
Haciendo una revisión de las Licitaciones Públicas llevadas a cabo en 2017 y disponibles en la página de transparencia de la UPP, encontramos que sólo 3 empresas resultaron ganadoras de los 5 concursos que así se llevaron. Pese a que en la participación de Metro Red la empresa fue la única participante, la Licitación no se declaró desierta.
En el caso de las Adjudicaciones Directas, el rector de la UPP también tiene a sus consentidos para asignarles la mayor parte de los contratos. Aquí un ejemplo de algunos de ellos:
A los anteriores, hay que sumar a Rosalinda Ávila Jasso, Raúl Adauto Ramírez, Inmobiliaria MARPA (Grupo Pachuca), Gaspar Arellano Meneses, Valeria Chong Lozada, Cleotilde Paredes Vargas, María Araceli Vargas Zarco, Mario Pastor Rafael, Natalia Ramírez Escobedo y una decena de personas más.
La simulación
Sin embargo, donde se hace más evidente la preferencia hacia algunas empresas es en los concursos restringidos (invitación a por lo menos 3), como se aprecia a continuación:
Como puede apreciarse, se simuló una licitación restringida en el caso de María Antonieta Campos Santillán por 183 mil 210.98 pesos, toda vez que la licitación debió llevarse a cabo de otra forma si en la invitación de 3 participantes ¡sólo asistió uno! Y fue a quien se le adjudicó.
Aunado a ello, la otra licitación también muestra irregularidades. La razón, es que de los tres participantes, en realidad sólo son dos, ganando uno de ellos dada la ventaja que en la UPP conocen perfectamente y que solapan. Y es que una de las participantes es Anayeli Austria Ramírez, pero la representante legal de Hebe Lab de Hidalgo es su hermana Arisbeth Austria Ramírez, como se aprecia en la siguiente imagen de otra licitación también de la UPP.
Los consentidos del rector de la UPP también lo son de otras instituciones de la SEPH, razón por la que no sorprende que aún no sacaran por la puerta de atrás al rector, mismo que al conocer y ser parte de estas irregularidades, cuenta con la protección de la SEPH.
