Ante la Reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca promover la austeridad y reducir el número de legisladores, las propuestas de personas influyentes como Claudio X. González Guajardo, así como de políticos y exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y Guadalupe Acosta Naranjo, todos parte de la disuelta Marea Rosa, coinciden en la demanda de mayores recursos públicos para los partidos políticos y en la defensa de las diputaciones plurinominales.
Sus planteamientos buscan también desmantelar la mayoría calificada de la 4T y garantizar que todos los partidos reciban mayores recursos públicos, independientemente de la cantidad de votos que obtengan, incluso si esta es menor al 3% requerido por la ley para mantener su registro. Además, las propuestas buscan aumentar la presencia en los medios, mientras ignoran deliberadamente dos demandas ciudadanas históricas: la eliminación de las diputaciones plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos.
La organización Somos MX, que está cerca de obtener su registro para competir en las elecciones de 2027 y que agrupa a exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), se opone rotundamente a la eliminación de las diputaciones plurinominales. En cambio, propone fortalecerlas mediante una reconfiguración del Congreso de la Unión que contemple un esquema de mitades: 50% de diputaciones de mayoría relativa y 50% de representación proporcional.
Aunque la organización admite la posibilidad de reducir el número total de legisladores, condiciona cualquier ajuste a la preservación de este equilibrio, que según Rodrigo Morales, integrante de Somos MX y del equipo redactor de la propuesta, beneficiaría la representación política.
Otra línea central de esta iniciativa es la flexibilización del acceso al registro de nuevos partidos políticos a través de un esquema escalonado que, en la práctica, disminuiría la importancia del respaldo ciudadano. La propuesta sugiere separar los umbrales para acceder a la boleta electoral, al financiamiento público y a la representación legislativa, rompiendo con el requisito actual de obtener al menos el 3% de la votación. Bajo este nuevo modelo, partidos que no logren el porcentaje requerido aún podrían recibir recursos públicos para actividades básicas, incluyendo la formación política.
’Que sea barato entrar a la boleta’, resumió Morales, defendiendo que incluso partidos con votaciones marginales deben tener acceso al financiamiento. En su planteamiento, sobrepasar apenas el 2% de los votos sería suficiente para obtener recursos públicos, trasladando el riesgo político y financiero de proyectos sin respaldo social a los contribuyentes.
Somos MX incluye a figuras clave del antiguo aparato electoral, como Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE durante más de 14 años, y el exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita. Ambos, junto con Lorenzo Córdova —quien, según Morales, no integra formalmente la organización—, son los autores intelectuales de esta iniciativa de Reforma Electoral, que aún se encuentra en proceso de elaboración, con una clara influencia del modelo que rigió durante los sexenios anteriores a la llegada de la 4T.
Morales reconoció que el documento no es un proyecto de ley y que se presentará la próxima semana a la Diputada Kenia López Rabadán. Se trata de un texto que ’identifica problemas y soluciones’ desde la perspectiva de quienes administraron el sistema electoral durante años y ahora buscan redefinirlo desde la oposición.
Paralelamente, Claudio X. González, principal operador del fallido bloque opositor entre 2021 y 2024, ya ha presentado su propia propuesta de Reforma Electoral. Entre sus ejes, destaca la imposición de un límite de 300 diputados aplicable a cualquier coalición política, una medida diseñada explícitamente para impedir que el Gobierno en turno obtenga la mayoría calificada en el Congreso, como ocurrió en la pasada elección, cuando la coalición oficialista logró aprobar reformas sin necesidad de negociar con la oposición.
La iniciativa de González también plantea incrementar el financiamiento público a los partidos políticos sin considerar su desempeño electoral. De acuerdo con el proyecto, el 50 por ciento del financiamiento se distribuiría de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas, mientras que el resto se asignaría conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección previa, un esquema que, en los hechos, garantiza recursos a partidos con escaso respaldo ciudadano y refuerza la dependencia de la oposición del presupuesto público.
’Por ello, se propone que, el límite de 300 diputaciones por ambos principios previsto en la fracción IV del artículo 54, se aplique también cuando un partido haya competido en coalición en más del 50 por ciento de los distritos, y que ningún partido o coalición pueda exceder en más de un punto su porcentaje de votación total. Esta adecuación hace operativos los principios del artículo 54 frente a la realidad contemporánea de coaliciones, cerrando la puerta a mayorías que surgen del registro cruzado de candidaturas de mayoría relativa y de posteriores reacomodos de bancada, ’ se lee en la propuesta.
En cuanto a la presencia en medios digitales, radio y televisión durante las campañas políticas, la propuesta de la agrupación membrete de Claudio X González, es que todos los partidos tengan los mismos espacios y tiempo, incluso los nuevos que no tienen representación legislativa.
’A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión el porcentaje igualitario’, proponen.
Para actividades específicas de educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales— actualmente se distribuye una parte igualitaria, 30 por ciento , y otra proporcional al voto obtenido, 70 por ciento.
No obstante, la propuesta de Salvemos México ’sugiere que todo ese rubro se reparta de forma igualitaria entre todos los partidos, eliminando la porción proporcional vinculada a votos.
’El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El cual se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, entre todos los partidos’, plantea.
Por otra parte, también en cuanto a los candidatos independientes, proponen que se les otorgue financiamiento público para gastos de campaña en un porcentaje no menor al 20 por ciento del tope de gastos de campaña para cada cargo.
