La comisión de Gobernación del Congreso Local hizo lo impensable: postergó la designación de concejales al cuarto para la hora y cuentan con sólo 48 horas para nombrarlos, lo que llevará distintas inconformidades, mismas que no podrán dirimirse entre las fuerzas políticas.
La irresponsabilidad no fue menor. Tuvieron 5 meses para llevar a cabo el proceso, sin prisas, desde que se enteraron del aplazamiento de las elecciones. Sin embargo, la preocupación de gran parte de sus integrantes estuvo en enfocada en sus aspiraciones personales e incluso hubo quienes renunciaron a su cargo dejando su trabajo botado, sin importarles las consecuencias que sus actos traerían a la transparencia del cambio de administraciones.
Como consecuencia, los concejales que entren en funciones el próximo 5 de septiembre, si es que tienen la capacidad de cumplir con su obligación constitucional sin recurrir a artimañas como parar el reloj legislativo, llegarán sin la capacitación de la Auditoría Superior del Estado (ASEH), necesaria para llevar a buen puerto la entrega-recepción de administraciones, entre otras obligaciones.
La afectación directa será hacia la transparencia y el estado de derecho, pues la displicencia puede ocasionar que no se lleven a cabo los procesos necesarios para la rendición de cuentas, de las que se sabe que hay al menos 18 ayuntamientos aún en funciones cuyos alcaldes son investigados por anomalías que podrían llevarlos a la cárcel.
Los criterios de designación no se hicieron públicos ni hubo un proceso que tomara en cuenta la aceptación ciudadana de los integrantes, lo que poco abona a la gobernabilidad y sugiere negociaciones en lo oscurito.
