La Hoguera
Emmanuel Ameth
El día de ayer fueron realizadas diversas manifestaciones como parte de las jornadas de movilización que conmemoran el 8M, no siendo Hidalgo la excepción. Uno de los principales reclamos, si no el más urgente, es aquel que tiene que ver con la seguridad de las mujeres y con una vida libre de violencia. Paradójicamente, sobre el encargado de definir las estrategias para protegerlas, el secretario de Seguridad Pública de la entidad Salvador Cruz Neri, versan acusaciones de supuesta violencia física y sexual hacia al menos una decena de víctimas.
Por la trascendencia del asunto, este medio intentó acercarse al denunciado el pasado 7 de marzo, concluido un discurso sobre acciones tomadas en favor de las mujeres por parte del gobierno del Estado. Cruz Neri dijo no contar con el tiempo para contestar la única pregunta que le fue planteada.
Minutos después, pese a los antecedentes, se confió nuevamente en el vocero del Gobierno de Hidalgo; luego de que éste realizara una llamada, confirmó que la entrevista habría de darse al otro día. El Secretario sin embargo, no asistió a la misma.
Y es que en 2011, la entonces directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Querétaro, Alicia Castro, señaló que la suboficial federal Margarita G. C., continuaba recibiendo amenazas por parte del en ese entonces su pareja sentimental y coordinador de la Policía Federal en Querétaro, Salvador Cruz Neri.
La queja derivó de una agresión física que le dejó diversas secuelas en el cuerpo, señalando a Cruz Neri como autor de las mismas, y de que las autoridades ministeriales de dicha entidad no habían querido proceder en su contra por la influencia que ejercía sobre las instituciones desde su posición de poder. Diversas asociaciones dieron eco al reclamo para que no se quedara en impunidad.
Por la inacción de las autoridades, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQ), inició una queja de oficio en contra del Ministerio Público por posibles violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica. Tampoco sucedió nada.
El pasado mes de septiembre, Yohali Reséndiz presentó una investigación en la que reveló que Cruz Neri fue señalado por presuntamente violentar sexualmente a al menos 10 trabajadoras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX como obra en el documental documento foliado con el numeral 021-370-2022, esto cuando se desempeñaba como encargado del departamento que atiende violencia de género y también como director general de Asuntos Internos en la misma institución.
En aquella ocasión, la presunta impunidad obedecía a que él mismo encabezaba el órgano sancionador, y cuando por fin parecía que el asunto iba a caminar, se refugió en el gobierno de Hidalgo para que ya no fuera competencia de García Harfuch atender el caso -la misma periodista buscó al titular de la secretaría radicada en la CDMX para preguntarle sobre el tema-.
Ciertamente, mientras no sea sentenciado por la autoridad competente, Cruz Neri se presume como inocente ante los delitos de los que se le acusa y esta columna no va a romper esa premisa.
No obstante cabe señalar que siendo un funcionario público cuya actividad es relevante para la vida pública de la entidad, siendo así sujeto a escrutinio -por presuntas actividades que además no son del terreno personal, sino que influyeron en su desempeño como funcionario-, si este medio ha buscado al funcionario es precisamente para conocer su postura ante los señalamientos y así minimizar las fundadas suspicacias que ponen en entredicho su credibilidad.
Pero lejos de dar tranquilidad a la opinión pública, ha optado por el silencio.
Afortunadamente las plumas periodísticas no juzgan ni son parte de proceso judicial alguno, porque en dichas indagatorias no son pocas las veces que quien sentencia entiende que el optar por el silencio y la indefensión ante una acusación que ya es de conocimiento del inculpado, concede la razón a los denunciantes.
Cuando se le cuestionó al Gobernador sobre el perfil de su Secretario durante la primera rueda de prensa dada ya como titular del poder ejecutivo, éste manifestó que le había otorgado su confianza en parte porque las autoridades federales lo habían hecho y en parte porque incluso pasó los exámenes de Control y Confianza.
Ojalá que no sean los mismos exámenes que acreditó el director de Seguridad de Romita que cometió triple homicidio, los policías del caso Heaven, o bien, como los cercanos a Genaro García Luna -creador de estos exámenes-, quienes colaboraban con el narco y también los tenían por acreditados.
Recuérdese que cuando se llama al 911 para solicitar auxilio por parte de la población, el delito de mayor incidencia es el de violencia familiar, el cual baja al segundo escaño en cuanto a número de denuncias, entre otras cosas, porque la cifra negra es un lastre que se debe a la falta de confianza en las autoridades.
