Después de un intenso debate de 14 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó tanto en lo general como en lo particular el denominado Plan B de la reforma electoral, que ahora pasará a consideración de los congresos estatales.
El dictamen del Plan B fue respaldado en lo general por 377 votos a favor, provenientes de las bancadas de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, mientras que 102 diputados se opusieron, en su mayoría del PAN y PRI, sin que se registraran abstenciones. En la votación en lo particular, el proyecto recibió 343 sufragios a favor, 124 en contra y una abstención.
Cabe destacar que durante la votación de las reservas, el grupo de Movimiento Ciudadano cambió su postura y votó en contra, a pesar de haber apoyado el dictamen en la votación general. Este cambio se produjo en medio de presiones y críticas tanto en el foro legislativo como en las redes sociales, principalmente por parte del PRI y PAN, que cuestionaron a MC por su apoyo inicial a la reforma bajo la premisa de austeridad. La oposición argumentó que no había forma de justificar esta posición, especialmente porque en el Senado, la postura de Movimiento Ciudadano había sido de rechazo.
El proyecto, impulsado por Claudia Sheinbaum, propone una serie de medidas para reducir costos en los ayuntamientos y congresos locales. Entre las principales modificaciones, se contempla la prohibición de que los consejeros y magistrados electorales reciban salarios superiores al de la presidenta de la República, así como un recorte progresivo al presupuesto del Senado del 15% en los próximos cuatro años.
Asimismo, el dictamen modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, estableciendo que los ayuntamientos deben estar integrados por un presidente municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, asegurando paridad de género y perspectiva de igualdad sustantiva.
El presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto estatal, y se prohíbe a consejeros, magistrados electorales, y titulares de órganos administrativos y ejecutivos del INE y organismos locales, recibir sueldos mayores que los de la presidenta, así como contratar seguros médicos privados o sistemas de retiro especiales con recursos públicos. También se limita la creación de cajas de ahorro especiales y seguros de separación individualizados.
El presupuesto del Senado se ajustará de manera gradual para lograr una reducción del 15% en términos reales en un plazo de cuatro años. Se anticipa que los congresos estatales de Morelos, Tlaxcala, Nayarit, Michoacán y Quintana Roo sean los más impactados por estos recortes.
Finalmente, tras su aprobación, la reforma será enviada a los congresos estatales, donde requerirá la aprobación de al menos 17 legislaturas locales para entrar en vigor.