En 2025, se observó una disminución del 15.4% en el número de carpetas de investigación por feminicidios, alcanzando su nivel más bajo desde 2017, según datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Para enero de 2026, el promedio diario de feminicidios también mostró una ligera disminución, bajando de 2.03 en enero de 2025 a 1.74 en el mismo mes del año en curso, conforme a las cifras del SESNSP.
Esta tendencia se refleja en los datos de los últimos cinco años, que consideran las muertes diarias por feminicidio y asesinato doloso de mujeres. En 2021, se registraron oficialmente 10.32 casos diarios; en 2022, 10.37; en 2023, 9.40; en 2024, 9.32; y en 2025, 7.66.
Las carpetas de investigación por feminicidio alcanzaron su punto máximo más reciente en 2021 con 1,021 casos, y desde entonces, han mostrado una disminución gradual, llegando a 721 registros en 2025.
La serie histórica revela que la violencia feminicida creció considerablemente durante la segunda mitad de la década anterior. En 2016, se contabilizaron 607 carpetas de investigación, cifra que aumentó a 742 en 2017 y 898 en 2018. La tendencia al alza continuó con 947 casos en 2019 y 948 en 2020, alcanzando un máximo de 1,021 investigaciones en 2021. Desde entonces, la tendencia comenzó a descender moderadamente, registrando 983 casos en 2022, 851 en 2023, 853 en 2024 y finalmente 721 en 2025, lo que representa una caída interanual del 15.4%.
Es importante señalar que podría haber una diferencia aún mayor en estas cifras, dado que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, muchos homicidios no fueron clasificados como feminicidios.
Autoridades estatales informaron que, entre enero de 2012 y junio de 2016, 9,581 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en todo el país, pero solo 1,887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, lo que representó apenas el 19%.
Los informes indican que al menos 7,694 mujeres fueron asesinadas utilizando armas, además de ser violadas, asfixiadas o golpeadas hasta la muerte.
Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma Connectas, entre 2012 y 2015 las Procuradurías estatales reportaron al Inegi 10,203 homicidios de mujeres en el país, pero informaron solamente 8,555 asesinatos, lo que representa una diferencia de 1,648 homicidios no reportados.
Una de las entidades que presentó un subregistro de crímenes fue el Estado de México, esto debido a que, de acuerdo con las cifras reportadas por Inegi, entre 2014 y 2015 hubo 770 homicidios de mujeres, mientras que en los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31% menos.
Actualmente la violencia feminicida no está distribuida de manera uniforme en todo el país. En términos absolutos, los estados que más casos registran son el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Jalisco, que combinan alta densidad poblacional con contextos complejos de violencia. Por ejemplo, el Estado de México lidera el número de investigaciones, con aproximadamente 89 casos en el último registro anual, seguido por Nuevo León. Veracruz, Ciudad de México y Jalisco también se encuentran entre los estados con más casos reportados.
Sin embargo, al ajustar este análisis por la población femenina y calcular la tasa por cada 100,000 mujeres, el panorama cambia notablemente. Estados más pequeños como Colima suelen registrar tasas relativamente altas, alcanzando alrededor de 3 feminicidios por cada 100,000 mujeres. También destacan Morelos, Campeche, Nuevo León y Chihuahua, con tasas superiores al promedio nacional en los últimos años.
En contraste, hay estados que presentan cifras mucho menores, tanto en números absolutos como en tasas. Yucatán, Querétaro y Coahuila, por ejemplo, suelen reportar menos de cinco casos anuales y tasas inferiores a 0.5 feminicidios por cada 100,000 mujeres, posicionándolos entre los estados con menor incidencia relativa de este delito.
Estas variaciones territoriales evidencian que la violencia feminicida es un fenómeno complejo, influenciado por múltiples factores locales, desde la presencia del crimen organizado hasta la capacidad institucional para investigar los casos y las políticas de prevención existentes.