El Congreso de Tamaulipas ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una investigación en contra del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le atribuyen al menos cinco delitos federales durante su mandato.
El Punto de Acuerdo fue presentado por el diputado Humberto Prieto, en representación de los legisladores de Morena y el PT, y pide a la FGR investigar posibles delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión, entre otros.
El acuerdo también exhorta a indagar sobre la creación del Servicio de Administración Tributaria del Estado en 2020, durante la gestión de García Cabeza de Vaca. Según lo expuesto, esta instancia habría operado al margen de la legalidad, duplicando funciones de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración, además de invadir facultades federales exclusivas en materia de comercio exterior.
En la exposición de motivos de esta acción legislativa, se argumenta que dicho organismo, establecido en 2020 como una entidad desconcentrada de la Secretaría de Finanzas estatal, actuó fuera del marco legal y duplicó la estructura de la Secretaría de Finanzas, interfiriendo con las facultades que corresponden a la Secretaría de Administración. El diputado Prieto Herrera subrayó que su implementación fue ilegal al invadir facultades y violar la Ley de Coordinación Fiscal.
Según la iniciativa, estas acciones derivaron en operativos ilegales, incluyendo revisiones de transporte de hidrocarburos y mercancías, los cuales se realizaron sin sustento legal y generaron presuntas irregularidades que afectaron a empresas y ciudadanos.
’La implementación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Tamaulipas, en el año 2020, tenía como finalidad, aunque de manera ilegal, convalidar los operativos en materia de comercio exterior que realizaban, sin sustento legal, la Secretaría de Finanzas y la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno estatal desde 2019’, precisa la propuesta.
Entre el 15 y el 18 de noviembre de ese año -abunda- embargaron 15 pipas y ocho tractocamiones que transportaban 44 mil litros de combustible, bajo la simple sospecha de contrabando.
El punto de acuerdo aprobado solicita específicamente que la FGR investigue posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión y otros relacionados, atribuibles al exgobernador y a quienes resulten responsables.
El diputado Prieto Herrera señaló que la iniciativa busca garantizar la rendición de cuentas y fortalecer el Estado de derecho, subrayando que ’la creación de instituciones públicas debe responder al interés general y cumplir con la legalidad, no servir para fines particulares’.
Cabe recordar que, por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión 54/2024, a fin de determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El proceso tiene su origen en la orden de captura emitida el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a solicitud de la FGR, que acusó a García Cabeza de Vaca de diversos delitos derivados de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la FGR, entre otras conductas delictivas, el exmandatario habría beneficiado desde su cargo a empresas de las que era socio, otorgándoles contratos públicos por un monto de 105 millones de pesos.
El 11 de octubre de 2022, García Cabeza de Vaca promovió un amparo indirecto en Tamaulipas, argumentando la ilegalidad de la orden de aprehensión. El 27 de febrero de 2023, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, del Juzgado Octavo de Distrito, le concedió la protección de la justicia federal. Inconforme, el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión, y el 17 de agosto de 2023 el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento.
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2023, la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, del mismo juzgado, volvió a otorgar el amparo al exgobernador. En su resolución ordenó al juez Enrique Beltrán Santes, con sede en Almoloya de Juárez, dejar sin efecto la orden de aprehensión del 4 de octubre de 2022 y emitir una nueva determinación en la que señaló que ’no existen datos que acrediten que se han cometido hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada... ni la probabilidad de que (el exgobernador) los haya cometido o participado en su comisión’.Con información de EL UNIVERSAL / LA JORNADA