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Cien días de la 4T: claroscuros de un gobierno vertiginoso

Cien días de la 4T: claroscuros de un gobierno vertiginoso

Temas clave / Gustavo Godínez

Política
Marzo 11, 2019 13:34 hrs.
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Gustavo Godínez › Emmanuel Ameth Noticias

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Iba a dedicar esta entrega al bloque de oposición al nuevo gobierno federal (partidos e intelectuales caídos en desgracia porque el presupuesto dejó de consentirlos) pero en lugar de gastar tinta en una oposición extraviada, que todavía no se explica por qué los aplastaron el 1 de julio pasado y que fue ladrona, corrupta, mezquina y abusiva cuando fue gobierno, no vale la pena en estos momentos, es darles mucha importancia.

Mejor escribiré del nuevo gobierno federal, el que sí tiene las riendas y por tanto las responsabilidades en las manos. El 10 de marzo se cumplen los primeros cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la autoproclamada Cuarta Transformación. Si bien es una gestión aún muy joven como para hacer juicios definitivos, ya se puede hacer un balance sobre sus acciones, especialmente porque los diputados y senadores de la mayoritaria coalición Juntos Haremos Historia comenzaron a legislar antes de la entrada oficial de AMLO al poder y porque el presidente inició actividades antes de rendir protesta.

En este espacio se ha dicho que la aplastante victoria de López Obrador y la confianza depositada en su figura no significan un cheque en blanco para su gobierno. Hagamos entonces un brevísimo recorrido por las acciones más sobresalientes de este periodo inicial que ha tenido altas y bajas.

Empecemos por los aciertos. AMLO se ha preocupado por mandar una infinidad de mensajes simbólicos para intentar acercar la figura presidencial a la gente, para hacerles saber que su gobierno no será ajeno ni omiso a los asuntos que afectan a las mayorías. Acorde con ello, también se ha propuesto una serie de políticas de austeridad para respaldar su ya conocido refrán de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, estrategias para desmantelar la serie privilegios a los que los gobiernos federales estaban acostumbrados y para combatir la corrupción, la pobreza y la desigualdad social.

Desde el primer día de gobierno de AMLO, Los Pinos dejaron de ser una opulenta residencia presidencial para convertirse en un centro cultural abierto a todo el público, eliminó las pensiones de los expresidentes, bajó los sueldos de la alta burocracia y estableció como tope el del presidente de la República, eliminó la anquilosada figura de la primera dama, desapareció al Cisen como herramienta de espionaje político, disolvió al Estado Mayor Presidencial como la guardia privada del presidente, dejó de usar autos de lujo y el avión presidencial para comenzar a viajar en vuelos comerciales (ahora sabemos que un vuelo de Enrique Pela Nieto costaba el equivalente a 15 vuelos de AMLO).

La nueva administración armó un gabinete paritario, mitad conformado por mujeres y mitad conformado por hombres. El Senado por vía de la mayoría morenista avaló la seguridad social (pensiones, guarderías y salud incluidas) en IMSS e ISSSTE para parejas del mismo sexo. Se canceló una Reforma Educativa a la que nunca le interesó la calidad de la educación y vulneraba los derechos laborales de los maestros.

Las ya tradicionales conferencias de prensa matutinas han sido una novedosa forma de apertura gubernamental, que a pesar de las críticas por el estilo de AMLO, han sometido al presidente al escrutinio diario de la prensa nacional e internacional. En dos meses de gestión, AMLO ya había superado con creces las horas de conferencias abiertas que tuvo cualquiera de sus antecesores en sus seis años.

Se aprobaron 6 millones de becas para estudiantes de nivel básico para familias de escasos recursos económicos. Se inició un programa de pensiones para adultos mayores y un programa de empleos para jóvenes. Se iniciaron los proyectos de 100 nuevas universidades en todas las regiones del país.
El aunque polémica y criticada, la estrategia contra el huachicol ya logró en dos meses un ahorro de al menos 5 mil millones de pesos, y se espera que a fin de año se evite el robo de combustible por un monto de 50 mil millones de pesos. El robo de combustible a gasoductos se redujo en un 90% desde las primeras semanas de la estrategia.

Se presentó un programa de rescate de Pemex que, aunque insuficiente, trata por primera vez de enfrentar la crítica situación que enfrenta esta empresa estatal debido al desmantelamiento al que apostaron las administraciones de los últimos 35 años. La nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, ayudará a paliar la dependencia de las importaciones de productos refinados que ha desarrollado el país.

La postura de no intervención, autodeterminación de los pueblos, diálogo y resolución pacífica de los conflictos en Venezuela evitó que el gobierno mexicano le hiciera el juego al intervencionismo norteamericano sediento de petróleo.

Vamos ahora con los claroscuros: decisiones precipitadas, sin sustentos claros o con buenas intenciones pero mala implementación. Para la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), proyecto que impulsó la administración anterior, se argumentó que estaba plagada de corrupción, que era inviable por el suelo fangoso de la zona, que aun pagando los costos de la cancelación se ahorrarían 100 mil mdp y que el proyecto terminaría con el ecosistema del lugar y con toda esperanza de recuperación del lago de Texcoco. El problema es que no hay certeza de que el proyecto alternativo de AMLO en la zona militar de Santa Lucía tenga viabilidad, hay una cerrazón a explorar nuevas posibilidades. Además se contempla la posibilidad de entregar la administración del proyecto a la Sedena, una responsabilidad que no le corresponde.

La Guardia Nacional es otro proyecto que ha causado gran polémica. La propuesta inicial de AMLO era un incomprensible seguimiento de la estrategia que comenzó Felipe Calderón, que continuó Enrique Peña Nieto y que terminó en un desastre de alrededor de 250 mil homicidios dolosos. Era meter a la Constitución la militarización de la seguridad pública que 12 años se hizo de manera informal. Afortunadamente la mayoría de Morena en el senado escuchó las críticas de organizaciones civiles especializadas en el tema y de algunos sectores de la oposición y llegaron al acuerdo de establecer un periodo de 5 años para el retiro de militares en las calles, un mando civil y controles jurídicos para la protección de los derechos humanos en el actuar de la Guardia Nacional. La sombra de la militarización sigue en pie. De la implementación de esta nueva ley depende en muy buena medida el éxito o fracaso del gobierno de López Obrador y de la continuidad de Morena.

El Tren Maya es otro proyecto en entredicho. Aunque el gobierno pretexta el desarrollo del sur del país, no se han presentado estudios de impacto ambiental, además de que es un proyecto que parece más enfocado a grandes consorcios de turismo privados en lugar de desarrollar empresas sociales que tengan el control del proyecto y beneficie directamente a las zonas que abarque la obra.

Recientemente el Congreso aprobó la aplicación de prisión preventiva oficiosa sin derecho a fianza para enfrentar el uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento mediante actos corrupción, robo de hidrocarburos, feminicidio, abuso sexual contra menores, robo de casa habitación, robo al transporte de carga, desaparición forzada de personas y cometida por particulares e ilícitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se reconoce la intención de enfrentar decididamente estos delitos, pero se ha alertado que la reforma es poco precisa y abre la posibilidad de cometer atropellos en su aplicación. El gobierno tendrá que ser en extremo cauteloso para poner en operación esta nueva ley y modificarla para evitar injusticias en su desarrollo.

Sus famosas consultas abren una nueva oportunidad de participación ciudadana en los asuntos públicos, pero se deben mejorar sus mecanismos conforme a la ley aprobada para que estos ejercicios cobren una auténtica vocación democrática y no sean una mera herramienta de legitimación política.

Ahora las malas. Hay variados recortes en varias áreas de la gestión gubernamental que no se entienden. Es comprensible que un gobierno que está haciendo ajustes de austeridad para consolidar grandes proyectos de infraestructura tenga recortes en gastos innecesarios, pero hay recortes que no se justifican, por ejemplo, en la investigación contra el cáncer y otros casos en el sector salud.

El caso de la nueva estrategia presupuestal de las Estancias Infantiles también es emblemático. Es válido combatir a la corrupción detectada y erradicar la visión de estos espacios como un mero negocio privado, pero el gobierno está evadiendo una responsabilidad al entregar dinero directo a las familias en lugar de generar infraestructura pública. Exactamente lo mismo ha pasado con los albergues para mujeres víctimas de violencia, gran error pensar que entregar dinero directo a una mujer violentada puede sustituir la atención y seguridad que este tipo de espacios otorgan. Aquí es cosa de vida o muerte. Si el gobierno federal quiere enfrentar los vicios de algunas organizaciones de la sociedad civil en este tipo de espacios, que tome sus riendas y los convierta en espacios públicos.

En la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, los tres niveles de gobierno exhibieron una preocupante falta de coordinación. Si bien no se puede culpar a las autoridades de la negligencia de los pobladores que, al negarse a abandonar la zona, arriesgaron su vida, la actuación de Pemex en el cierre de válvulas fue tardía y la coordinación de los gobiernos municipales y el estatal con el federal fue muy deficiente. Urge cumplir con los protocolos de seguridad preestablecidos para este tipo de contingencias.

El caso de la termoeléctrica de la Huexca en Morelos es otro desacierto. El gobierno lopezobradorista parece empeñado en imponer la planta e ignorar 10 años de lucha contra el Proyecto Integral Morelos. Los opositores alertan que el paso de los gasoductos atraviesa la zona sísmica y volcánica del Popocatépetl, además del daño ecológico. A pesar de que su consulta ciudadana arrojó un resultado favorable a la continuidad del proyecto, hay elementos suficientes para pensarlo dos veces o, al menos, replantearlo, alejado de intereses privados. El asesinato del activista Samir Flores es inaceptable. Desde 2012 fue amenazado constantemente y su pérdida es irreparable.

Muchas cosas, buenas y malas, han pasado en sólo cien días. Este gobierno tiene prisa porque sabe que tiene poco tiempo para enfrentar las desastrosas condiciones en las que lo entregaron sus predecesores. La administración lopezobradorista parece a veces improvisada, precipitada o poco coordinada. Urge una mejor planeación en todos sus niveles y escuchar a las voces de la gente y los especialistas en los casos donde no lo estén haciendo.

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