La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada; Cabeza de Vaca ya forma parte de la lista de los gobernadores de su estado investigados por la FGR.
El desafuero surgió a partir de que se dio a conocer el vínculo del gobernador panista con el cártel del Golfo por presuntamente haber financiado sus campañas desde que contendió en 2004 por la alcaldía de Reynosa.
El documento tiene el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, quien confesó haber lavado dinero de Tomás Yarrington, y que ahora testificó en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas que el ex gobernador de Tamaulipas, hoy preso en Houston, mencionándole que necesitaba conseguir recursos del Cártel del Golfo para apoyar la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la alcaldía de Reynosa porque tenía interés en que él ganara.
En lo que se refiere al expediente, se acreditan movimientos financieros familiares, ya con Cabeza de Vaca al frente del gobierno de Tamaulipas en las cuentas de Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA en la que aparecen como socios y también imputados, su esposa Mariana Gómez Leal, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattemb, su hermano el actual senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca y su esposa Evelyn Aimee Rodríguez Garza.
En 2019, el gobernador de Tamaulipas tuvo ingresos declarados ante el Servicio de Administracion Tributaria por 6 millones 694 mil pesos, pero en realidad, de acuerdo a las pesquisas de la UIF, las ganancias ascendieron a 42 millones 936 mil 272 pesos, es decir una diferencia de 36 millones 938 mil 578 pesos, por lo que la Secretaría de Hacienda concluyó que "no hay congruencia de los ingresos declarados ante la SCHP con sus ingresos por depósitos bancarios".
Al respecto, Cabeza de Vaca señaló que Morena filtró una supuesta acusación en su contra.
"De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", señaló el mandatario estatal de Acción Nacional.
Pero Cabeza de Vaca no es el único que ha tenido problemas con la justicia: los últimos exmandatarios priistas de Tamaulipas han tenido señalamientos, siendo vinculados con la delincuencia organizada, algunos se encuentran detenidos.
Manuel Cavazos Lerma
En 2012, el exgobernador del estado de 1993 a 1999 fue investigado por el gobierno de Felipe Calderón por tener nexos con grupos delincuenciales.
Como precandidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto respaldó a Cavazos Lerma, quien aspiraba a una curul en el Senado.
En 2013, la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) determinó no ejercer acción penal contra Cavazos por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Tomás Yarrington
En abril de 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el exgobernador priista Tomás Yarrington (1993-2004) fue detenido en Florencia, Italia, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un año después de su detención, la Corte Suprema de Justicia de Italia rechazó la solicitud de extradición de Yarrington hecha por el gobierno de México y en abril de 2018, el exgobernador tamaulipeco llegó a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos por crimen organizado, contrabando de drogas, "lavado" de dinero y fraude.
Unos días después, a Yarrington se le negó la libertad bajo fianza y se declaró sin dinero para pagar su defensa.
En octubre de 2018, un juez federal concedió un amparo a Yarrington y dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra por "lavado" de dinero.
Actualmente, Tomás Yarrington se encuentra detenido en una prisión federal de Texas.
Eugenio Hernández
En octubre de 2017, el exgobernador Eugenio Hernández (2005-2010) fue detenido en Ciudad Victoria por peculado y "lavado" de dinero.
El gobierno de Estados Unidos pidió, en diciembre de ese año, la extradición de Hernández por los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
En enero de 2018, un juez federal consideró que la Secretaría de Relaciones Exteriores debería negar la extradición del exgobernador de Tamaulipas.
Semanas atrás, al encabezar las conferencias mañaneras en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que las hermanas del tamaulipeco solicitaron ayuda para revisar el caso de Eugenio Hernández.
"Hemos estado atendiendo a las hermanas del ex gobernador Eugenio Hernández, y otros casos que nos ha encargado el Presidente en las mesas de justicia", expresó Cordero.
Egidio Torre Cantú
Tras el asesinato en 2010 de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú fue postulado para gobernador en sustitución de su hermano y ganó por la coalición "Todos Tamaulipas". Egidio Torre Cantú gobernó el estado de 2011 a 2016.
En julio del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Tamaulipas informó que investigaba a Torre Cantú por no comprobar 47 millones de pesos.
En julio de 2017, el exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la administración de Egidio Torre Cantú fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Ciudad Victoria, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de atribuciones y facultades como servidor público.
Torre Cantú también fue cuestionado porque en su administración asignó a 12 elementos policiacos para dar seguridad a los exgobernadores Yarrington y Eugenio Hernández, quienes contaban con órdenes de aprehensión libradas en Estados Unidos por "lavado" de dinero y organización delictuosa.
Tanto Eugenio Hernández Flores como Tomás Yarrington fueron denunciados por el colectivo "Justicia Tamaulipas" ante la Corte Penal Internacional de La Haya, por omisión en delitos de lesa humanidad.Con información de EL UNIVERSAL
