La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado el arresto del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su implicación en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.
El comunicado indica que César Duarte Jáquez, quien fue gobernador de Chihuahua en el periodo de octubre de 2010 a octubre de 2016, fue detenido en Chihuahua por su posible responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento de una orden de aprehensión expedida el 16 de mayo de 2024. Esta información fue proporcionada por la institución a cargo de Ernestina Godoy.
El informe, difundido el 8 de diciembre, menciona que el exgobernador ya había sido detenido anteriormente en julio de 2020 en Miami, Florida, y que luego fue extraditado a México en junio de 2022, enfrentando acusaciones de asociación delictuosa y peculado.
El 4 de octubre de 2024, se tramitó la autorización para procesar a Duarte por un delito diferente al de asociación delictuosa y peculado, siendo esta autorización concedida el 4 de diciembre.
Las investigaciones de la FGR apuntan a que César ’N’ habría utilizado su posición como funcionario para presuntamente participar en un esquema de lavado de dinero, ocultando recursos de procedencia ilícita desviados de fondos públicos, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.
La protección del sistema judicial se extendió más allá de las fronteras. Una demanda civil interpuesta en Texas en 2019 para reclamar 50 propiedades del exgobernador y su familia valoradas en 25 millones de dólares fracasó y fue desestimada.
Según el exgobernador Javier Corral, esto se debió a que el gobierno de Maru Campos no atendió ni respondió a los requerimientos de la firma de abogados Buzbee para aportar elementos de prueba cruciales para el juicio, dejando impune la presunta riqueza ilícita en Estados Unidos.
Ernestina Godoy compartió en sus redes sociales los detalles de la reciente captura de Duarte, incluyendo el informe completo de la institución.
La Fiscalía General del Estado (FGE) había documentado una sofisticada red de complicidades que operaba durante su mandato, como reveló La Verdad de Juárez en una amplia investigación publicada hace unas semanas. El modus operandi consistía en que Duarte, a través de funcionarios de alto nivel en secretarías clave como Hacienda y Educación, ordenaba el desvío de recursos públicos. Se simulaban licitaciones y contratos con empresas fachada —como Kepler Soluciones Integrales— que luego devolvían el dinero en efectivo al exgobernador, fondos que, según las investigaciones, fueron destinados a campañas políticas, sobornos e incluso a la adquisición de bienes que le permitieron acumular un patrimonio de más de 195 millones de pesos, superando con creces sus ingresos legítimos.
Cabe destacar que en junio de 2024, la jueza Hortensia García Rodríguez determinó que el exgobernador quedaría bajo libertad condicional, tras haber cumplido dos años en prisión preventiva desde su detención en 2022.
En junio de 2025 un juez de EEUU determinó desestimar los cargos en contra de César Duarte debido a que consideró que no fueron presentadas pruebas suficientes relacionadas con la compra de 50 propiedades en el país vecino del norte. Luego de darse a conocer la noticia César Duarte fue captado bailando.
La desestimación de cargos en contra de César Duarte provocó que el también exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, señalara que sí había pruebas de las propiedades en EEUU, pero acusó que Duarte cuenta con cómplices que se encargaron de no atender los requerimientos sobre las pruebas para el juicio.
"Su libertad y la recuperación de los bienes mal habidos, es producto de la complicidad con la gobernadora María Eugenia Campos y de la red protectora que construyó’, destacó Corral en su cuenta de X en dicha ocasión.
El gobierno María Eugenia Campos ha sido señalado por omisión deliberada en la entrega de pruebas y en el seguimiento de apelaciones. El conflicto de intereses es evidente: Campos fue acusada y vinculada a proceso por recibir dinero de la "nómina secreta" de Duarte, y posteriormente nombró como Fiscal General del Estado a César Jáuregui Moreno, quien previamente había confesado su propia participación en el mismo esquema de corrupción.
Tan solo entre 2014 y 2015, María Eugenia Maru Campos acudió mensualmente a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua para recoger dinero de la ’nómina secreta’; una vez que tenía el efectivo en mano, la también subcoordinadora del grupo parlamentario del PAN firmaba recibos que luego se usaron como prueba en las investigaciones de la FGE y de la Secretaría de la Función Pública.
El modus operandi se repetía con al menos otras 33 personas, que en su mayoría ocupaban algún puesto público. Duarte, de acuerdo con las investigaciones, siempre era quien ordenaba a Hacienda la entrega de los recursos.
La protección del sistema judicial se extendió más allá de las fronteras. Una demanda civil interpuesta en Texas en 2019 para reclamar 50 propiedades del exgobernador y su familia valoradas en 25 millones de dólares fracasó y fue desestimada. Según el exgobernador Javier Corral, esto se debió a que el gobierno de Maru Campos no atendió ni respondió a los requerimientos de la firma de abogados Buzbee para aportar elementos de prueba cruciales para el juicio, dejando impune la presunta riqueza ilícita en Estados Unidos.
