El abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, quien se encuentra actualmente detenido, contaría con una fortuna de 4 mil millones de pesos, de acuerdo con documentos confidenciales que ha dado a conocer EL PAÍS.
El patrimonio se desglosa en cobros en especie de propiedades (43,7 millones), fondos en EE UU en el banco Morgan Stanley (50), ingresos a través de la cadena de tiendas de empeño Prenda Oro (104) y honorarios como abogado (26,2).
Collado dejó constancia de esta fortuna en un formulario reservado que rellenó en el banco andorrano Vall Banc el 3 de junio de 2019. El abogado intentó con este documento justificar la legalidad de su riqueza en el Principado, donde movió más de 110 millones de dólares. Para ello, conectó su patrimonio con una exitosa carrera empresarial que tiene su embrión en una herencia paterna. Y trató de desmarcarse de las tesis de una jueza andorrana que le mantiene en su mirilla desde 2016 por un presunto delito de blanqueo y considera que el jurista actuó como pantalla (testaferro) de ’terceras personas’.
El letrado comunicó a Vall Banc que había percibido por sus servicios como abogado ’pagos en especie’ en forma de propiedades que estaban valoradas en marzo de 2015 en 43,7 millones de dólares.
El patrimonio en ladrillo incluye un terreno para construir 13.000 viviendas (tasado en 26,6 millones de dólares), una hacienda en Puebla (8) y una propiedad en un área residencial y de negocios de Puerta del Hierro, en Guadalajara (5). También, un inmueble en Chalco de Díaz Covarrubias (2 millones) una casa en la exclusiva colonia de El Pedregal (Ciudad de México) y otra en Sajama, cuantificadas en un millón, respectivamente.
El siguiente destino para desgranar la riqueza del letrado conduce a EE UU Collado custodia en este país a través del banco de inversión Morgan Stanley más de 50 millones de dólares. Se trata de un patrimonio heredado de su padre, el empresario natural de Llanes (Asturias) José Ramón Collado Amieva, que falleció en agosto de 2018 a los 78 años.
El progenitor del abogado, que aterrizó en Ciudad de México en 1959 procedente de España, amasó una fortuna en el país norteamericano que alcanzó su punto álgido en 1984. Sus negocios contemplaron compañías inmobiliarias, hoteles, firmas de cría de ganado e higiene personal y un laboratorio farmacéutico que llegó a tener 120 patentes.
El padre de Collado decidió ’por motivos de salud’ que su hijo figurara como custodio, titular, beneficiario y administrador de los 50 millones del Morgan Stanley porque contaba con ’capacidad profesional, honradez y calidad humana en la familia’, según dijo el jurista hace tres años.
La cadena de tiendas de empeño Prenda Oro representó el principal puntal de beneficios de Collado. El letrado obtuvo con este negocio 104 millones. De esta suma, 73 aterrizaron en la cuenta de resultados de la compañía en forma de ingresos por intereses en 15 años y 31 millones a través de beneficios de fondos que se quedaba la firma si los clientes dejaban de pagar, según el abogado.
El origen de Prenda Oro se remonta a 1999. El padre de Juan Ramón Collado creó entonces esta corporación dedicada a otorgar microcréditos a cambio de empeños. Y sentó la base de un imperio que sumó 66 sucursales, más de 500 empleados y otorgó préstamos en 15 años por valor de más de 210 millones.
Prenda Oro dio el estirón en 2015 al absorber otras 15 firmas del sector como Libertad Servicios Financieros y Sociedad Anónima de Capital Variable. Collado compró ’con recursos propios’ el 81,5% de estas compañías. Y su padre, el 18,5%, según relató en 2019 el abogado de Peña Nieto al banco andorrano.
Los beneficios del clan no permanecieron estancados. Las inversiones extranjeras —dividendos, intereses y revalorizaciones de activos— generaron al letrado de los poderosos entre 2006 y 2015 un promedio anual de ingresos de entre el 7% y el 9% del capital, según el jurista.
En paralelo al tinglado inmobiliario, la fortuna en EE UU y el negocio de empeños, Collado indicó también haber ingresado 26,2 millones de euros a través de su bufete, Collado Asociados. Una firma legal creada en 1996 que tiene 40 empleados y en la que el letrado figura como socio fundador. La clave del éxito de esta compañía radica en una cartera de clientes integrada, según el abogado, por ’funcionarios, exfuncionarios, gobernadores y exgobernadores’.
Junto a Peña Nieto, Collado ha defendido a prominentes figuras de la arquitectura mexicana del poder como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exlíder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Collado desnudó sus finanzas ante Vall Banc en junio de 2019 al rellenar el know your customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado en forma de formulario en el que la entidad pregunta a sus clientes por el origen de sus fondos.
En este documento, el abogado reconoció tener cuatro sociedades registradas en la isla caribeña de Curazao que tributaban en Países Bajos y en las que figuraba como UBO (beneficiario último). También, reveló tener fondos bloqueados en el Credit Suisse.
Pese a la extensa red de contactos, Vall Banc no calificó a su acaudalado cliente como PEP (Persona Expuesta Políticamente), una etiqueta que en la jerga financiera identifica a cargos públicos, familiares, exdirigentes o personalidades susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción.
El abogado de Peña Nieto se vio obligado a este gesto de transparencia después de que Vall Banc heredara los activos fuera de sospecha de la Banca Privada d’Andorra (BPA) tras la intervención de esta última institución financiera en marzo de 2015 por participar presuntamente en el blanqueo de fondos de grupos criminales.
Collado transfirió sus fondos de BPA a Vall banc después de que la jueza andorrana que le investigaba archivara provisionalmente su causa por blanqueo. El carpetazo temporal se produjo en 2018 cuando la Procuraduría General de la República (PGR, actualmente, Fiscalía General de la República) emitió un informe exculpatorio que justificaba la legalidad de los fondos del abogado.
El parón de las pesquisas en el Principado, que la PGR sacó adelante durante el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), apenas duró un año. En 2019, ya bajo el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Collado fue arrestado en Ciudad de México por delincuencia organizada y lavado de fondos, delitos similares por los que fue investigado en Andorra. Y la justicia del país europeo decidió retomar la causa al considerar que había munición suficiente contra este abogado que hoy permanece en prisión en México.
A través de un enjambre de una veintena de sociedades instrumentales (sin actividad), el jurista movió más de 110 millones en la BPA entre 2006 y 2015. Más de 90 millones se encuentran hoy retenidos por imperativo judicial en Andorra, un país de 77.140 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
Durante una visita a Andorra en 2019, Collado manifestó categórico a los gestores de Vall Banc que se vio ’obligado’ a abrir cuentas en esa institución financiera tras liberar sus fondos en la BPA embargados (103 millones). El abogado pidió que sus activos no fueran custodiados en ningún banco de este país europeo. Y avanzó que su relación con Vall Banc se limitaría a transferir ’a cuentas cuyo titular recaiga en mi persona en entidades de primer orden que me ofrezcan seguridad jurídica, que son España y Estados Unidos de América’.
Collado no pudo cumplir su deseo de sacar hasta el último céntimo de Vall Banc y enviarlo a España o EE UU. En julio de 2019, semanas después de su fugaz visita a Andorra y de que este banco elaborara un nuevo informe patrimonial basándose en su relato, el abogado ingresó en prisión tras ser arrestado en México. El capital en el país pirenaico volvió a ser bloqueado.
Seis días antes de su detención, el jurista vació una parte de sus fondos en Andorra. Transfirió 10,5 millones desde Vall Banc a una cuenta nominal en el BBVA en Madrid y canceló préstamos por valor de 9,3 millones. En las reuniones con los gestores de Vall Banc, el abogado mostró su malestar con el país pirenaico y acusó a este Estado de ’ausencia de seguridad jurídica’.Joaquín Gil | EL PAÍS
