En un lapso de diez años, un grupo de funcionarios locales, empresarios y contratistas gubernamentales transformó tierras ejidales en el noroeste de Yucatán en un próspero negocio inmobiliario. El principal beneficiario de estas transacciones fue la cervecera Heineken México, que adquirió la mayoría de estos terrenos para establecer su nueva fábrica en la Península.
Entre las reservas de agua Cuxtal y el Anillo de Cenotes se levanta un nuevo parque industrial de más de 1 millón 315 mil metros cuadrados, conocido como Indara II. Su desarrollo está a cargo del Grupo Desur, liderado por Mauricio Montalvo Vales, quien ganó notoriedad en 2019 tras ser denunciado penalmente por la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal por la adquisición ilegal de tierras.
Indara II funciona como un corredor industrial y cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas residuales, una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, y diversas opciones de conectividad terrestre, marítima y aérea. Ofrece macrolotes para la construcción de fábricas, entre los cuales se encuentra el lote destinado a Heineken, que planea producir 400 millones de litros de cerveza anualmente utilizando el agua de Yucatán.
Según la Contraloría Autónoma del Agua, el municipio de Kanasín ya enfrenta problemas de contaminación debido a la industria avícola, que ha generado plagas y residuos tóxicos, además de afectar el abastecimiento de agua y electricidad, y provocar la instalación de plantas de tratamiento inadecuadamente ubicadas. En la misma área existen empresas refresqueras, granjas porcinas de gran escala y hasta la estación Teya del Tren Maya. La Contraloría ha advertido que ’sumar una cervecera es condenar a Kanasín a ser un basurero industrial’, según comunicados recientes.
La cervecera neerlandesa –que en México vende cervezas como Indio, Tecate o Dos Equis– pagó más de 400 millones de pesos por los predios, pese a las red flags de los vendedores y los mecanismos de compliance de estándares éticos que deberían de tener este tipo de transacciones.
De acuerdo con El Ceo, antes de la operación, la red inmobiliaria realizó diversas acciones: desde transformar esas parcelas en propiedad privada, intervenir en asambleas ejidales y crear empresas fantasma, hasta revender o traspasarse terrenos entre ellos para incrementar su precio.
Una investigación de EL CEO revela que, mediante esas acciones, una fantasmal maquinaria inmobiliaria presuntamente despojó de sus tierras a un número indeterminado de ejidatarios de origen maya, y luego aumentó el valor de los terrenos; tal es el caso de un polígono de 28 hectáreas que inicialmente valía 5.8 millones de pesos en 2015, que vendieron a Heineken en 113.5 mdp a finales de 2024.
La cervecera se involucró formalmente con la red inmobiliaria el 15 de marzo de 2023, cuando firmó una promesa de compraventa a través de un fideicomiso en Banco Invex.
Seis meses más tarde, hizo oficial el anuncio: edificará una planta cervecera con una inversión de 8,700 millones de pesos, y con la que busca ’aprovechar las ventajas de conectividad carretera, ferroviaria y portuaria’ de Yucatán, en terrenos vecinos al Tren Maya y a pocos minutos de Mérida.
En su momento el CEO de Heineken México, Oriol Bonaclocha, aseguró que el proyecto tenía el visto bueno de los habitantes de Yucatán, por medio de ’consulta con los pueblos originarios’. Pero la vocera de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, Haizel de la Cruz, comentó a EL CEO que pudo tratarse de una consulta simulada, como acusan que también se hizo en el proyecto del Tren Maya.
’La consulta se ha usado para avalar el despojo. Es una cortina que han usado gobiernos y empresas para llevar a cabo los proyectos (…) vemos que hubo una violación enorme porque no se hicieron informadas, ni culturalmente adecuadas, ni de buena fe’, señala la vocera.
El medio local Jaltún informó que si bien la empresa realizó reuniones para explicar el proyecto a algunos pobladores, no publicó información ni las actas circunstanciadas de las sesiones con la cervecera para conocer los detalles de la consulta, tampoco se sabe cuántas personas participaron, qué propuestas de apoyo prometieron a la comunidad, o detalles del impacto ambiental.