Jugoso negocio el de los parquímetros y las multas a los ciudadanos es el de los parquímetros de Pachuca, mismo donde no basta con hacer los pagos pertinentes, sino que son sujetos a abuso por parte de las autoridades que están más preocupadas en recaudar recursos, como sea, que resolver los problemas más apremiantes como la carencia de servicios (baches) así como inseguridad.
Cabe señalar que una de las promesas de campaña de la panista Yolanda Tellería era el de remover los parquímetros, pero lejos de ello amplió el contrato e incluso defendió la operación de la empresa pese a que un juez había resuelto suspenderlos.
Mediante una denuncia ciudadana, uno de los afectados narró que luego de haber realizado su pago y tras asistir a un compromiso, grande fue su sorpresa de haber sido infraccionado.
Las reacciones fueron varias, sin embargo se ventiló que el mismo reglamento de tránsito de la capital hidalguense estipula que si el usuario no exhibe su boleto de forma visible, es acreedor a la sanción.
Los automovilistas consideraron injusta la medida, toda vez que los empleados de Moviparq cuentan con terminales inalámbricas para consultar que el pago se haya realizado en tiempo y forma, a la vez que quienes lo realizan mediante aplicación móvil, no tienen la oportunidad de imprimir su recibo y luego colocarlo en su automóvil.
Sólo cuando conviene al ayuntamiento, se sigue el reglamento
El reglamento de tránsito del ayuntamiento especifica que los únicos facultados para colocar inmovilizadores e infraccionar a los automovilistas son los elementos de seguridad pública municipal, descritos en el documento como “agentes”; sin embargo, con la intención de robar a los automovilistas, empleados de la empresa son uniformados como cuerpos de seguridad para hacer los cobros de forma exprés, pues la SCJN destacó que los policías no pueden ser distraídos de sus funciones sustanciales, en este caso para realización de cobros previa supervisión de los cajones.
Como publicó blog.expediente la empresa Zeus Monitoreo Vial de Raúl Arróniz de la Huerta, mismo que también posee ComuniPark, el empresario soborna a los alcaldes otorgando por debajo del agua “un diezmo” por permitirles operar.
