En México, cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, ya sea como respuesta ante un hecho victimizante o como medida preventiva frente al contexto de violencia imperante en el país. Al ser forzadas a abandonar sus lugares de origen o residencia habitual, se convierten en personas internamente desplazadas.
El acallamiento del fenómeno del desplazamiento interno forzado y sus dimensiones no invisibiliza la violencia generalizada que ha permeado por todo el territorio nacional, ya que esta puede verse reflejada, por ejemplo, en el incremento diario de las tasas de homicidio, en el número de personas desaparecidas y en el número de fosas clandestinas.
En el documento la Comisión profundiza en el análisis cuantitativo del fenómeno, mediante instrumentos estadísticos oficiales.
“El alcance de este ejercicio nos ha permitido estimar cifras sin precedentes, así como obtener información inédita sobre la población en condición de desplazamiento interno forzado en México, a pesar de que las herramientas estadísticas no están diseñadas para medir en su justa dimensión el fenómeno”, se señala.
A manera de ejemplo, han podido estimar que cerca del 6.76% de la población en México se ha visto obligada a abandonar su lugar de residencia como resultado de la situación de violencia, de acuerdo con la información arrojada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Miles de personas se han convertido en víctimas del desplazamiento interno forzado causado por las diversas formas de violencia presentes en el territorio nacional. A casi 12 años de haber sido declarada y puesta en marcha la Guerra contra las Drogas, la problemática del desplazamiento interno forzado carece de un diagnóstico oficial, lo cual es un elemento necesario para la construcción de una política pública para la atención y protección de las víctimas de ese fenómeno en el país. A pesar de que existen algunos esfuerzos por dimensionar la magnitud de la problemática, la cifra es aún incierta.
Solo en el periodo que comprende de enero a diciembre del año 2017, a partir del ejercicio de investigación de la CMDPDH se registraron en el país 25 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, impactando a 20,390 personas. Estos eventos se presentaron en nueve estados del país, afectando al menos 27 municipios.
Los estados en los que se presentaron eventos de desplazamiento masivo son Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Coahuila, Durango y Zacatecas. En todos los eventos de desplazamiento interno forzado masivo registrados por la CMDPDH durante 2017 se evidenció la presencia o el uso de la violencia (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos [CMDPDH], 2018).
La Comisión hace énfasis en lo preocupante que es la política de inacción del Estado mexicano frente al fenómeno, así como el hecho de que la Ley General de Víctimas (LGV), el marco jurídico-normativo que debería proveer a las víctimas de desplazamiento interno de la protección y atención necesarias para superar su condición de vulnerabilidad, en la práctica no lo hace.
En esta ley se ha negado la inclusión de una definición de desplazamiento interno, obstaculizando —e inclusive negando— la posibilidad de acceder al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), que atendería su compleja condición de víctima, se informa.
“También es preocupante la negativa del Estado mexicano a reconocer, incluso ante el cuestionamiento de organismos internacionales, la presencia del fenómeno en nuestro país, sin haber llevado a cabo un diagnóstico oficial”.
Los “estados expulsores” son aquellos de donde salieron las personas que declararon haberse cambiado de estado por motivo de inseguridad pública o violencia en el periodo entre 2009 y 2014 y serán presentados en la gráfica siguiente, donde se destacan los casos de Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México.
Del total de personas que migró a otro estado por motivo de inseguridad pública o violencia en el periodo, 22.08% lo hizo desde el estado de Tamaulipas, el mayor porcentaje registrado. Los otros estados que tienen porcentajes elevados son Chihuahua, con 14.27%, Ciudad de México, con 12.32%, Estado de México, con 10.14%, Guerrero, con 6.77%, y Veracruz, con 5.69%.
De 2011 a 2018, en promedio, casi la mitad —49.78%— de las personas que cambiaron de do- micilio como medida de protección ante la delincuencia también dejaron de salir a comer o cenar por temor de ser víctimas de algún delito. Entre las personas que no cambiaron de domicilio por ese motivo, el porcentaje promedio fue de 26.04%.
Con relación a llevar dinero en efectivo y salir en la noche, se mantiene la misma tendencia: las actividades de las personas que se vieron obligadas a cam- biar de lugar de residencia para protegerse de la delincuencia son más afectadas.
Con base en la experiencia de la CMDPDH en la identificación y análisis de episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México, principalmente aquellos ocurridos a partir de 2006, se ha observado que la presencia y actuación de grupos ligados al narcotráfico, así como la realización de operativos conjuntos entre las fuerzas de seguridad del Estado y las demás acciones de combate a este fenómeno, pueden ser factores detonantes de desplazamiento interno forzado.
Un ejemplo, especialmente relacionado con las acciones de combate al narcotráfico, son los desplazamientos masivos que ocurrieron en 2015 como consecuencia de los operativos realizados para buscar a Joaquín Guzmán Loera —conocido como “El Chapo”— en los límites de Sinaloa y Durango, los cuales han sido ampliamente documentados por medios de comunicación.
En el actual gobierno, la CMDPDH celebró el estudio de Segob y CONAPO sobre desplazamiento interno forzado y hace un llamado para que se elaboren instrumentos especializados. En dicho estudio el gobierno reconoció el desplazamiento interno forzado causado por la violencia en México.
Con relación a la cuantificación del desplazamiento interno forzado en México, el CONAPO determinó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) es el instrumento estadístico disponible actualmente que genera información con mayor precisión sobre los desplazamientos generados por la violencia.
De acuerdo con los datos de la ENVIPE 2018, se estima que 1,133,041 personas cambiaron de domicilio para protegerse de la delincuencia entre 2017 y 2018. En las ediciones anteriores, la cifra anual varió entre 915,893 y 1,552,260 personas.
Entre las principales contribuciones del estudio cualitativo, destaca la ampliación de la información disponible con relación al perfil de las personas internamente desplazadas, sobre las causas, los lugares expulsores de población desplazada y la dinámica de los desplazamientos. El estudio identifica también que, ante la falta de atención gubernamental, los costos e impactos del desplazamiento han sido asumidos por las víctimas, de forma individual o familiar.
En este sentido, se destacó que la atención al desplazamiento interno forzado debe ser un esfuerzo interinstitucional y de los tres niveles de gobierno, por lo que la Comisión reiteró la importancia de la creación de una Ley General sobre desplazamiento interno forzado que establezca las atribuciones y competencias de las instituciones gubernamentales en la materia.
“Es indispensable, además, considerar la participación de las víctimas en los procesos de toma de decisiones referentes a la elaboración de instrumentos de diagnóstico y políticas de atención. Finalmente, recomendamos contar también con la asesoría de organizaciones expertas en el tema como el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de Refugiados y Desplazados Internos (EGRIS), el Servicio Conjunto de Caracterización de Población Desplazada (JIPS) y el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para Refugiados, para que se garantice el cumplimiento de los estándares internacionales con relación a la identificación y atención de víctimas de desplazamiento interno forzado”.
Se recordó que la situación de las víctimas de desplazamiento interno forzado en México requiere atención urgente, por lo que es necesario movilizar recursos para ofrecer protección, atención humanitaria y cumplir con sus demás necesidades básicas de manera inmediata.
