El ranking realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra a México como el segundo país en América Latina con la mayor confianza em su gobierno por parte de la población.
En primer lugar se encuentra Costa Rica con un 60%, mostrando a seis de cada 10 ciudadanos que tienen confianza en el gobierno, con un aumento del 24% con respecto al 2008.
En segundo lugar está México con un 53% de confianza por parte de de los ciudadanos, aumentando 12 puntos porcentuales con respecto al 2008.
En tercer lugar está República dominicana con un 52%, disminuyendo un 4% con respecto al 2008. Posteriormente está Uruguay con un 52% y un decrecimiento del 7%, Brasil con un 39% y una disminución del 12%.
La OCDE define la confianza como la creencia en que una persona o institución actuará de manera consistente con las expectativas de comportamiento positivo. Este indicador refleja la percepción de las personas sobre la actuación y los valores de las instituciones públicas.
De los 12 países de América Latina y el Caribe encuestados, solo 5 (Chile, Colombia, Honduras, México y República Dominicana) utilizan la presupuestación verde, que implica la integración de consideraciones climáticas y medioambientales en las decisiones sobre impuestos y gasto público, en comparación con el 67% de los países de la OCDE.
La percepción pública de corrupción sigue siendo alta en la región de ALC. Según la Encuesta Mundial Gallup, el 75,5% de los encuestados en 2023 cree que la corrupción está generalizada en su gobierno, frente a un promedio de 53,6% en los países de la OCDE.
También existen deficiencias de implementación relacionadas con el cabildeo y la financiación política. Tres de los seis países de ALC con información disponible tienen una definición legal de cabildeo, pero solo Chile ha establecido un organismo supervisor y ha investigado el incumplimiento de regulaciones sobre actividades de cabildeo. Los seis países tienen regulaciones que prohíben las donaciones anónimas y exigen que se registren y notifiquen las contribuciones a partidos políticos y candidatos.
Sin embargo, solo en Argentina, México y Perú, un organismo independiente de supervisión publica información sobre el número de casos relacionados con el incumplimiento de la normativa sobre financiación política
