Entidades federativas manejan obra pública discrecionalmente: IMCO (Ranking)


Baja California, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas y Guanajuato fueron las entidades que peor desempeño mostraron en sus respectivas licitaciones de obra pública, dentro de las 15 entidades evaluadas por el IMCO.

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Abril 18, 2018 14:47 hrs.
Gobierno Nacional › México Querétaro
Redacción › Emmanuel Ameth Noticias

El Índice Legal de Obra Pública (ILOP) elaborado por el Instituto mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que de los 15 estados con mayor población e impacto en el PIB nacional, ninguno cumple con los requisitos mínimos evaluados, pues de 7 ejes fundamentales, la totalidad de ellos tiene un cumplimiento reprobatorio en materia de Competencia (38.8%), Responsabilidades administrativas (52.3%), Tecnologías de la información (39.7%) y Transparencia (50.7%).

’Los estados realizan obra pública con una planeación y seguimiento deficientes, lo que provoca una discrepancia relevante entre lo presupuestado y lo ejercido para el rubro de infraestructura. Tan solo en 2016, cinco entidades excedieron su presupuesto en más del 100%, mientras que siete entidades recortaron su gasto en más del 50%, precisó la institución.

Sobre el ILOP precisaron que contiene 24 indicadores que se desagregan en 144 criterios mínimos que deben ser contemplados por el marco normativo que regula toda obra pública. Estos criterios se rigen por siete ejes transversales para garantizar el buen desarrollo de la obra, mismos que son Competencia, Finanzas Públicas, Fiscalización, planeación, Responsabilidades administrativas, Tecnologías de la Información y Transparencia.

En esta primera edición se evaluaron las 15 entidades con mayor población e impacto en el PIB nacional, de las cuales ninguna cumple con los requisitos mínimos evaluados.


ESTADOS CON MALAS PRÁCTICAS

Baja California: Exige domicilio en el estado para poder concursar, lo que constituye una barrera relevante a la competencia.

Baja California /Jalisco/ Michoacán/Querétaro/Tamaulipas: Colegios y cámaras empresariales son parte del Comité de Obra Pública, lo que constituye un claro conflicto de interés.

Campeche/Chihuahua/CDMX/Estado de México/Guanajuato/Jalisco: Los contratos pueden modificarse por más del 25% del monto o plazo, lo que desincentiva la competencia, pervierte los procesos de licitación con ofertas artificiales de bajos costos y genera espacios a la corrupción.

Guanajuato: El procedimiento puede iniciar sin estudios ni proyectos completos, lo que genera incentivos para una mala planeación y la modificación ulterior del monto o plazo de los contratos.

Coahuila/Nuevo León/Querétaro/Tamaulipas: La ley de obra no cuenta con reglamento, lo que provoca una regulación deficiente en la materia y la pulverización de normas administrativas.

Ningún estado analizado cumple con los siguientes criterios:

Realizar investigación de mercado previo al concurso.
Incorporar prácticas que fomenten la competencia.
Contener excepciones razonables a la licitación pública.
Permitir modificaciones al contrato solo por debajo del 10%*.
Digitalizar y publicar la información desde la planeación hasta la ejecución de la obra.
Conservar la información por lo menos ocho años.
Sin leyes claras y completas, siempre habrá espacios para la discrecionalidad en la obra pública.

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