Luego de haber desaparecido los fideicomisos de los cuales se veían beneficiados el Poder Judicial de la Federación (PJF), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró improcedente el amparo por el gobierno Chihuahua, liberando al exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Hace unos días la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de iniciativa que busca la extinción de 13 de los 14 fondos y fideicomisos que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que será sometido a discusión en el pleno.
Meses atrás el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Poder Judicial de la Federación mantiene un ’guardadito’ de recursos públicos por 20 mil 516 millones 842 mil 197.21 pesos en fideicomisos; esa bolsa multimillonaria se reparte entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los jueces y magistrados. Además, expuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación posee su propio fideicomiso con 15 mil 133 millones 865.40 pesos.
Ahora por unanimidad la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedente el amparo de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, el cual mantenía vigente la acusación de peculado hacia Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por el presunto desvío de 250 millones de pesos que se imputó como parte de la llamada Operación Safiro a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI.
Al resolver el amparo en revisión con número de expediente 921/2019, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (quien presentó el proyecto), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar y Juan Luis González Alcántara, aprobaron el proyecto en el cual se propuso revocar la sentencia recurrida y que benefició a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que no se acreditaba la acusación de peculado en su contra debido a que no era servidor público y por lo tanto no se le podría atribuir se delito.
Durante el gobierno de Javier Corral (2016-2021), se descubrió que en el mandato de César Duarte en esa entidad (2010-2016), integrantes del PRI participaron en desvíos de recursos destinados a salud y educación, a través de empresas fantasmas y presuntamente se destinaron a actividades proselitistas durante 2015.
Asimismo, el Ministerio Público Federal se desistió de la acusación al considerar que el gobierno de Chihuahua la PGR solicitó el sobreseimiento de la causa penal instruida contra el ex secretario general del tricolor al argumentar que la Fiscalía estatal no aportó pruebas suficientes que sustentaran la acusación y los testimonios que se ofrecieron tenían contradicciones.
