Dirección Federal de Seguridad se ensañó con la ’Dinastía Rojo’


Los datos ahora abiertos de la Dirección Federal de Seguridad, posterior CISEN, ambas extintas, demuestran en su acervo público que las investigaciones del estado se enfocaron en la dinastía Rojo

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Marzo 07, 2019 08:29 hrs.
Seguridad Estados › México Hidalgo
Emmanuel Ameth › Emmanuel Ameth Noticias

Tras el anuncio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto la apertura de expedientes por instituciones mexicanas dedicadas al espionaje, se revela que en Hidalgo, hubo especial atención hacia la dinastía Rojo de la misma forma que, misteriosamente, habrían desaparecido diversos documentos del acervo que contendrían expedientes del Grupo Hidalgo y sus integrantes.

Tras una consulta digital de 29 cajas con 4 mil 925 fojas que contienen los datos sobre diversos actores políticos de la entidad, se observaron 3 mil 036 de estas pertenecientes a 12 cajas con los documentos de Javier Rojo Gómez y Jorge Rojo Lugo, mismas que equivalen al 61.6% de los archivos públicos sobre políticos hidalguenses hallados.

Completan el quinteto de los cinco más espiados de Hidalgo Manuel Sánchez Vite con (566 fojas), Miguel Ángel Granados Chapa (423) y Jesús Murillo Karam (300).

Pese a que en el acervo aún se encuentra documentación sobre el exgobernador Francisco Olvera Ruíz y algunos otros personajes más recientes de la política hidalguense, existe ausencia de documentos sobre otros personajes públicos importantes, probablemente sustraídos u ocultos para su versión pública de políticos como Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos y Eugenio Ímaz, Manuel Ángel Núñez Soto, Francisco Austria, Darío Pérez, Octavio Soto así como de los criminales Heriberto Lazcano y Juan José Rojas Cardona.

“El índice de versiones públicas corresponde a información resguardada en las series documentales Dirección Federal de Seguridad (DFS), Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, las cuales forman parte de los documentos transferidos por el Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2001”.

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