El nombramiento de comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) llevado a cabo por la diputada morenista Susana Ángeles Quezada que se dio en desacato a una orden judicial, podría escribir un nuevo capítulo que involucre ahora a la Junta de Gobierno presidida por la diputada plurinominal del PRI María Luisa Pérez.
Lo anterior, derivado de que si bien en un principio solamente fue la presidenta de la Comisión de Transparencia quien conocía sobre el asunto y actuó sin informar al resto de los diputados, de manera posterior, la misma Junta de gobierno tuvo conocimiento del asunto y prefirió hacer también caso omiso de la orden judicial. La presidenta de la Junta de Gobierno -y sus integrantes-, se han vuelto partícipes en el desacato.
Para cumplir con su obligación una vez que el juez federal volviera a extender un plazo de 24 horas para informar sobre los nombramientos de comisionados, el día de ayer a las 12 horas la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo invitó a comparecer a la diputada de Tizayuca, a quien esperaron, pero quien finalmente se escondió y no se presentó a la cita.
El día de ayer concluyó el plazo para que la diputada Susana Ángeles Quezada informe sobre el cumplimiento de la suspensión del proceso para designación de comisionados que resolvió el juez segundo de distrito.
Con base en la síntesis de acuerdos del amparo 1439/2019, promovido por Hugo Armando Vázquez Reséndiz, el juez requirió a las autoridades responsables informar sobre el cumplimiento de la suspensión definitiva que ordenó el 9 de diciembre de 2019.
En otro proceso promovido, el afectado (Vázquez Reséndiz) solicitó al delegado de la FGR que informara sobre las sanciones aplicables a la diputada morenista por el desacato.
Por su parte la diputada presidenta de la Diputación Permanente y el diputado coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Corina Martínez García y Ricardo Baptista González, respectivamente, coincidieron en señalar que el Congreso de Hidalgo no va ser omiso, que tendrá que ir al fondo del asunto y actuar en conformidad con la resolución jurídica.
Baptista González detalló que fueron tres los planteamientos fundamentales los que se trataron en la reunión: uno, que Servicios Legislativos (del Congreso) se informara como representante legal del Congreso sobre lo que haya llegado del Juzgado Federal; segundo, la presidenta de la Diputación Permanente pidió que se turnará a la Junta de Gobierno el tema, habiéndose realizado ya; y tercero, se propuso crear una comisión especial, porque el quejoso en un oficio aparte pidió una segunda comisión anticorrupción.
Y es que a decir de las autoridades judiciales, la presidenta de la Comisión de Transparencia se habría conducido con opacidad, pues en la evaluación de perfiles para ocupar los cargos de comisionados, no informó entiempo y forma sobre los criterios evaluados a quienes negó continuar con el proceso, esto, es, que no pudieron justificar que los lineamientos se dieron por ’dedazo’.
Dentro de los comisionados nombrados se encuentra el hermano de quien fuera auxiliar de Susana Ángeles Quezada, existiendo un presunto conflicto de interés, además que su excolaborador fue promovido como secretario técnico del Congreso a petición también de la misma diputada. También, entre los comisionados beneficiados aparentemente de forma ilegal, se encuentra una exfuncionaria del Sistema Anticorrupción de Hidalgo, organismo que sirvió precisamente como tapadera de diversos asuntos como publicara este medio.
